La comparecencia del Ministerio de Ambiente ante la comisión de Hacienda con Presupuestos tuvo varios puntos de cruce entre el oficialismo y la oposición pero uno de los más importantes fue el vinculado a la creación de un nuevo impuesto.
Es que el proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno al Parlamento plantea gravar con el Impuesto Específico Interno (IMESI) los productos fitosanitarios –también conocidos como plaguicidas o agroquímicos– que contengan “sustancias activas de alta peligrosidad”.
El ministro Edgardo Ortuño defendió este artículo del Presupuesto y aseguró que es una medida para “promover la producción sostenible y desestimular el uso de plaguicidas con tóxicos altamente contaminantes”. El titular de la cartera de Ambiente aclaró que no son todos los plaguicidas sino que se aplicará para los “altamente contaminantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud”.
“Sabemos que parte del sector productivo –como el sector arrocero– ya no los usa. Confiamos en avanzar en este camino. No es un sobrecosto es una fortaleza. Nos va a permitir responder a las exigencias de los mercados internacionales que son cada vez más exigentes, como Europa, que reclama una traza de sostenibilidad”, aseguró Ortuño en conferencia de prensa y agregó que ya hubo “rechazos” a la producción nacional por contener plaguicidas.
Sin embargo, desde la oposición la visión es totalmente distinta y cuestionaron la postura del ministerio. Desde el Partido Nacional entienden que el fin de este impuesto es totalmente recaudatorio y alertaron por el aumento de costos que llevará a un encarecimiento de los productos.
“Los impuestos están para otra cosa, no son un instrumento de política ambiental”, dijo a El Observador el diputado blanco Pablo Abdala mientras que su correligionario Sebastián Andújar señaló que en el mundo desarrollado para promover políticas más sustentables lo que se hace es aplicar subsidios y no poner impuestos.
El otro que se expresó en contra fue el diputado colorado Walter Cervini que cuestionó que no quede estipulado que lo recaudado vaya al Fondo Nacional de Medio Ambiente o Fondo de la Granja.
“Estamos hablando de un nuevo impuesto que afectará directamente a los productores agropecuarios y a la industria nacional de fitosanitarios”, cuestionó en rueda de prensa.
El texto
El artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado de 2023 crea el IMESI para la “primera enajenación, a cualquier título” de una serie de bienes y el proyecto de Presupuesto agrega el numeral 20 a ese listado.
“Sustancias activas de alta peligrosidad utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en las Categorías 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en otros productos no comprendidos en las categorías anteriores que establezca el Poder Ejecutivo, previa evaluación técnica”, dice el artículo 468 y agrega en el siguiente inciso que también quedan comprendidos los productos fitosanitarios y “cualquier otro producto” que contenga las sustancias activas a que se refiere el inciso anterior.
Los plaguicidas clasificados en las categorías 1ª y 1b de la OMS son aquellos considerados “sumamente peligroso” y “muy peligroso” para la salud respectivamente.
El artículo del proyecto de Presupuesto agrega que el impuesto se “determinará de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo, según corresponda, por sustancia activa enajenada o contenida en un productos de los mencionados” de acuerda lo que establezca el Poder Ejecutivo “cuyo valor máximo será de 25 unidades indexadas ($ 160) por litro o kilogramos de sustancia activa.
Sin embargo, se exceptúa del pago del impuesto “la afectación al uso de las sustancias activas utilizadas como materias primas en los productos comprendidos en el presente numeral fabricados en el país”. En ese caso, el productor nacional abonará el tributo en la primera enajenación de los referidos productos “salvo que la sustancia activa haya sido adquirida en plaza”.
El artículo, además, faculta al Poder Ejecutivo a fijar “montos diferenciales para las distintas sustancias activas incluidas en este numeral considerando criterios de peligrosidad para la salud humana y el ambiente”.
Tasa para cazadores
El proyecto de Presupuesto también tiene un artículo que le da la facultad al Poder Ejecutivo para crear un registro nacional de cazadores que estará a cargo del Ministerio de Ambiente. Para inscribirse en ese registro los cazadores deberán pagar una tasa. Sin embargo, todos los detalles quedan sujetos a la reglamentación.
El texto asegura que el Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, estableciendo los “tipos de caza y especies alcanzados, los períodos de vigencia y demás condiciones del registro”. Este registro, dice el texto, sustituirá “el régimen de permisos de caza vigente”.
El artículo crea también una tasa a efectos de la “habilitación de las actividades de caza y su inscripción en el registro, que será recaudada por el Ministerio de Ambiente”. “El Poder Ejecutivo podrá graduar el monto de la tasa entre un mínimo de 1 UR ($ 1.836) y un máximo de 100 UR ($ 183.600), en función de las especies a cazar, el cupo de ejemplares y la extensión del período de vigencia del registro, además, podrá exonerar de su pago en los casos de inscripción de caza de especies declaradas plagas.
Desde la oposición cuestionaron que eran demasiadas potestades que quedaban en manos del Poder Ejecutivo y señalaron que tal como está redactado se agrega a la tasa que ya se saca para emitir los permisos. Sin embargo, desde el ministerio señalaron que no es ese el objetivo sino que la idea es derogar la anterior. Por eso, se comprometieron a enviar una nueva redacción.
