Los primeros meses del segundo semestre de cada año suelen ser los más conflictivos para cualquier gobierno. Las leyes presupuestales se discuten en esa época y eso lleva a que, a medida que avanza la discusión, cada colectivo plantee sus reivindicaciones, pida más recursos y le reclame al Poder Ejecutivo. Y si en paralelo a esa tensión algunos sindicatos fuertes –como el de la construcción o el puerto– están en medio de la negociación colectiva, el panorama puede ser aún más complejo.
El Frente Amplio atraviesa la mitad de su segundo año en el poder con varios frentes abiertos y en un escenario con restricciones fiscales intenta responder, con poco margen, a las demandas que llegan desde distintos frentes. En los últimos días varios sindicatos se movilizaron para plantear sus reivindicaciones y paralizaron actividades mientras que el presidente Yamandú Orsi recibió en Torre Ejecutiva tanto al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, como al presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal.
“Tenemos un dato alentador que es que el IMAE, el indicador mensual de actividad económica del Banco Central, hace algunos meses, hace algún tiempo, está dando una clara recuperación. De hecho, el indicador del mes de marzo indica una variación trimestral”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Conflictividad
Por estas horas el principal foco de conflicto es el puerto. La reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para el próximo lunes permitió bajar un poco las tensiones y no habrá medidas sindicales hasta entonces. Pero en el sector empresarial están preocupados por el conflicto entre el sindicato y la empresa belga Katoen Natie –que tiene la concesión mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– porque tiene afectaciones en casi toda la cadena productiva.
En las últimas horas una de las cifras que han comentado en el sector empresarial es que durante 2025 hubo 36 interrupciones a la actividad portuaria por medidas sindicales y que en este año ya llevan 25.
El sindicato reclama a la empresa, para sentarse a negociar, el pago de dos partidas mensuales por $50 mil a cada trabajador mientras duren las negociaciones por un nuevo convenio colectivo. Las principales cámaras empresariales publicaron un comunicado este miércoles en el que reclaman al gobierno que tome medidas de forma urgente.
Pese a este contexto, el gobierno descarta aplicar la esencialidad. “Entendemos que el conflicto de hoy no es en la totalidad del puerto, sino de una agencia de terminal de contenedores. Eso tiene mucho que ver con la posibilidad de aplicar medidas como la esencialidad, que son muy acotadas y específicas para circunstancias extremas. Por tanto, esto es algo que el Poder Ejecutivo está estudiando y evaluando, pero me adelanto a decir que por lo poco que sé del tema -no soy un experto en relación a las declaraciones de esencialidad, lo que no quiere decir que no haya que hacer cosas-, no estamos cerca de una posibilidad de hacer algo de ese tipo”, dijo Oddone en el Parlamento.
La esencialidad se puede declarar cuando está en riesgo la vida, la salud, la seguridad o cuando un conflicto se extiende tanto que afecta la estabilidad del servicio. Y desde la oposición entienden que esas condiciones se cumplen.
“Condiciones objetivas hay (para declarar la esencialidad) ¿quién declara esto? El Poder Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo, alguna dificultad política agregada puede tener el gobierno”, dijo en diálogo con el programa Todo un tema del streaming de El Observador el director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini.
El otro sindicato que está en medio de negociaciones en el marco del Consejo de Salarios es el de la construcción (Sunca). La semana pasada realizó una movilización con paro y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial fue una de las principales reivindicaciones.
La visita de Ruibal a Orsi este miércoles estuvo vinculada a ese tema. El presidente de la Cámara de la Construcción le transmitió “su preocupación” al presidente por la conflictividad pero salió con una “buena impresión”.
Otros reclamos
La presentación de la Rendición de Cuentas generó otra ola de reclamos. El gobierno incluyó a la educación entre las prioridades de esta instancia –algo que inicialmente no estaba previsto– pero eso no fue suficiente para los sindicatos.
Las reasignaciones previstas prevén unos $ 300 millones para la ANEP en 2027 y $ 200 millones en cada uno de los dos años siguientes. Sin embargo, para la Federación Nacional de Profesores (Fenapes) esos montos están lejos de ser suficientes y representan una parte mínima de lo que precisa el sistema educativo. A fines de junio el sindicato realizó un paro.
Este miércoles, en tanto, la mesa sindical coordinadora de entes realizó un paro con movilización en reclamo de ingreso de personal, más inversión pública y terminar con la precarización laboral entre otros asuntos. Las reasignaciones que plantea el gobierno en la Rendición de Cuentas vienen, en parte, a partir de la supresión de vacantes.
Industrialización
Durante la comparecencia del equipo económico en el Parlamento, distintos diputados de la oposición plantearon su preocupación por la situación de distintas industrias. Una de ellas fue la de los frigoríficos. Y Oddone abordó el problema con sinceridad.
En las industrias maduras como la frigorífica o la industria láctea, empezó diciendo el ministro, las tecnologías están concebidas para escalas muy grandes y eso hace que solamente si se Uruguay exporta puede rentabilizar la adopción de tecnologías que permita estar “en condiciones de poder competir”.
“Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros teníamos una industria frigorífica heredada de los años sesenta y setenta que era muy grande, que estaba sobredimensionada en su capacidad de faena, la que se ha ido achicando, pero se ha ido concentrando. Y esa concentración es una oportunidad, porque estamos hablando de que esto queda en manos de grupos insertos en el mundo, que tienen mercados que son eficientes, que incorporan tecnología. Pero, al mismo tiempo, en la medida en que son menos, imponen condiciones sobre los productores agropecuarios complejas. Eso implica relaciones totalmente distintas a las que la política pública tuvo que enfrentar en cuarenta y cincuenta años. Eso es lo que está pasando en diversos lugares del interior”, dijo.
También habló de la situación de Fábricas Nacionales de Cerveza y el planteo de la empresa de revisar toda su actividad en el país. O, mejor dicho, respondió al planteo de la diputada Adriana Peña de que es más barato importar una lata de cerveza que producirla en el país.
“Los costos de transporte se han reducido tanto y la tecnología permite ser tanto más eficiente con la escala que, salvo que uno exporte, tener producción industrial para el mercado uruguayo en industrias maduras se vuelve cada vez más difícil. Nosotros no tenemos salarios bajos, ni los vamos a tener nunca”, dijo el ministro y fue un poco más allá: “¿Por qué se fue Yazaki de Uruguay? Porque Yazaki era una maquila. Nosotros no vamos a poder competir nunca con Paraguay haciendo maquila, porque los salarios son mucho más bajos. Ese es un desafío nuevo que debemos tener porque, sobre todo, eso afecta al interior y a empleos de bajo nivel”
El ministro aseguró que están trabajando en el tema pero aseguró que las soluciones no son fáciles. “Créannos que es algo que nos preocupa de manera relevante”, sentenció.
