El gobierno, que estaba bajo ataque de la oposición, pasó a la ofensiva con la denuncia de irregularidades en la compra de las lanchas a la empresa española Cardama por parte de la administración de Luis Lacalle Pou
Una conferencia de prensa bastó para demostrar que, en política, casi siempre el presente se devora al pasado inmediato. El gobierno, que se encontraba a la defensiva por críticas a la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, o por las acusaciones contra el presidente de ASSE, Álvaro Danza, por su multiempleo en el Estado y en la actividad privada, pasó a la ofensiva en la nochecita de este miércoles 22 con el anuncio de un acto administrativo que representa, también, una decisión política que cambia el eje en la relación entre el oficialismo y los opositores.
La conferencia de prensa en la que el presidente Yamandú Orsi, flanqueado por dos de sus principales asesores, el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz y Alejandro “Pacha” Sanchez, anunció que rescindirá el contrato impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para comprar dos lanchas patrulleras, no solo tiene que ver con un contrato mal hecho. En un escenario donde el gobierno venía con algunos frentes abiertos, este episodio le permite al oficialismo cambiar el guion de la discusión pública. Por un buen tiempo se hablará de la “herencia maldita” del gobierno de Lacalle Pou y de la sospecha de irregularidades que dejaron al país expuesto a la pérdida de millones de dólares.
La inversión acordada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou supone unos US$ 90 millones de dólares, de los que ya se pagaron US$ 30 millones y se realizó luego de un proceso licitatorio largo y dificultoso que fue ganado por la empresa Cardama. El astillero español presentó una garantía que la actual administración calificó de fraudulenta y que, dicen, constituye una verdadera estafa contra el Estado uruguayo. La garantía presentada, afirman, es de un banco, o supuesto banco, europeo que se trata en realidad de una empresa de “papel” que ni siquiera tiene un domicilio real ni empleados, y que es propiedad de un ciudadano ruso.
Habrá entonces denuncias a nivel nacional e internacional para establecer responsabilidades y tratar de recuperar el dinero gastado. El proceso será largo pero, hasta que culmine, la administración de Lacalle Pou estará bajo sospecha.
Desde el Partido Nacional, se acusa al presidente Orsi de haber sido presionado por Díaz y por Sánchez para parar la obra y, según el presidente del directorio de ese partido, Alvaro Delgado, la movida responde a una estrategia para desarmar iniciativas del gobierno anterior, como se hizo con el proyecto de Aratirí para potabilizar agua del Río de la Plata.
La denuncia del gobierno frenteamplista puso bajo la lupa principalmente al exministro de Defensa y hoy senador del sector mayoritario del Partido Nacional, Javier García, quien fue el principal impulsor de la compra de las lanchas de patrullaje, y a su sucesor, Armando Castaingdebat, quien aprobó la polémica garantía. También están bajo sospecha los almirantes de la Armada que votaron a favor del contrato con Cardama.
García se defendió tuitiando que es “lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie”. “Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al Uruguay a demandas y a romper con las seriedad de nuestro país en el cumplimento de un contrato. La política menor lamentablemente le ganó al presidente”, escribió.
Por su lado, Castaingdebat se lamentó. “Este no es el Orsi que yo conocí. El gobierno ha elegido el camino de desacreditar acciones que se hicieron en el anterior gobierno y que indudablemente apuntan al primero de la fila”, dijo en Desayuno Informales en alusión al expresidente Luis Lacalle Pou.
Más allá de las acusaciones cruzadas entre las partes, con una sola conferencia de prensa, el oficialismo concretó una jugada clásica: si el presente se complica, hay que iluminar el pasado. Y lo hizo sin avisarle a la otra parte, ni a la política ni a la empresarial. No le falta razón a Castaingdebat cuando dice que no parece una decisión de un presidente que ha forjado una muy buena relación con gran parte de los dirigentes nacionalistas a fuerza de diálogo y moderación.
La estrategia que le da aire y le compra tiempo al gobierno parece diseñada por un estratega que busca beneficios ulteriores y no por un mandatario que fomenta la buena relación con sus rivales.
Además, el oficialismo movió esta ficha luego de la aprobación del Presupuesto en la Cámara de Diputados donde precisaba el respaldo de la oposición porque no tiene mayorías propias. Fuentes del nacionalismo, que votó en general la iniciativa, dijeron a El Observador que probablemente otra hubiera sido la actitud blanca de haber sabido que el presidente Orsi “iba a actuar con esta mala fe”.
La oposición —que estaba disfrutando de la ventaja de atacar— ahora tiene que defenderse y, si le responde al gobierno con otras críticas, puede aparecer como evadiéndose de un tema urticante.
Después laudará la Justicia. Pero antes se hablará mucho sobre el asunto, y pasará mucha agua bajo las patrulleras oceánicas, si es que algún día flotan.
