El gobierno de Yamandú Orsi celebró como una de sus victorias más importantes de su primer año de gestión, la aprobación del proyecto de presupuesto quinquenal en un Parlamento en el que no tenía mayoría en una de las cámaras.
El oficialismo reivindicó la negociación con la oposición que permitió que el texto saliera con bastantes más votos de los que necesitaba para su aprobación en general, y con una mayoría mínima conformada por el Frente Amplio y Cabildo Abierto para los asuntos más delicados como los impuestos.
Pese a esto, hubo una institución que quedó particularmente disconforme con el trato recibido: el Poder Judicial. John Pérez Brignani, presidente de la Suprema Corte de Justicia, hizo del reclamo presupuestal el asunto central de su discurso durante la celebración del “Día del Poder Judicial” el pasado viernes 19.
Pérez Brignani de Justicia dijo que el año fue “particular” y que estuvo marcado por el debate presupuestal, lo que incluye una discusión sobre cuáles serán las “capacidades reales” para cumplir las funciones asignadas.
“Lamentablemente como ha sucedido reiteradamente a lo largo de nuestra historia, no se contemplaron las aspiraciones presupuestales del Poder Judicial, habiéndose asignado únicamente un 6% de lo solicitado”, expresó al comienzo de sus palabras.
El titular de la Corte destacó que la propuesta que presentaron fue elaborada a partir del aporte de “todos los estamentos y gremios” del PJ y que intentaron “sensibilizar al sistema político sobre la urgencia” de fortalecerlo.
“Esperábamos una mayor consideración de parte del sistema político. El recorte de un 94% de nuestras aspiraciones, limita nuestro avance y fortalecimiento, retaceando nuestras posibilidades de emprender proyectos imprescindibles para mejorar el acceso a la Justicia y modernizar nuestra infraestructura y funcionamiento”, señaló.
Pérez Brignani consideró que las restricciones presupuestales generan “dificultades relevantes” para “asegurar la tutela efectiva de los derechos de nuestros usuarios, especialmente, en aquellos sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.
Para fundamentar su cuestionamiento, el presidente de la Corte dijo que a pesar de la relevancia cualitativa y cuantitativa de su función, el Estado destina el 0,3% del PBI al PJ y apenas el 1,09% del presupuesto nacional.
“Con estos recursos debemos abonar el salario de 4.791 funcionarios, sostener el funcionamiento de más de 320 sedes judiciales en todo el país y planificar las inversiones que exige el cambio tecnológico permanente”, mencionó y subrayó que el presupuesto era “incluso menor al que se asigna a algunos ministerios”. “Sin embargo, el Poder Judicial ha demostrado, a lo largo de toda su historia, que administra con eficacia y austeridad los recursos disponibles”.
El presidente de la Corte destacó que las reivindicaciones individuales de los gremios fueron dejadas a un lado para que la centralidad del debate estuviera ocupado por la situación del PJ como institución pero esto “lamentablemente no fue valorado en grado alguno por el sistema político”.
Seguridad jurídica y garantías
En otro pasaje de su discurso, Pérez Brignani dijo que en estos 40 años de democracia todos los gobiernos han subrayado la seguridad jurídica como una “fortaleza institucional” que ha sido clave para captar inversiones y obtener créditos a tasas favorables. Sin embargo, ese reconocimiento simbólico, “no se corresponde con las asignaciones presupuestales acordes a la importancia estratégica del servicio de justicia”.
El presidente de la Corte pidió comprender que el PJ no solo es uno de los tres poderes del Estado sino el “principal garante” de los derechos de las personas frente a particulares y frente al propio Estado. “Nuestra misión está en el corazón de la democracia, y su eje central es la protección efectiva de los derechos humanos”.
“Por ello, la asignación de recursos adecuados es indispensable para que las garantías constitucionales no se transformen en declaraciones retóricas sino en un ejercicio tempestivo y efectivo de los derechos de los habitantes. No basta la independencia normativa; es necesaria también la suficiencia financiera para ejercer nuestras competencias sin condicionamientos”, subrayó.
Sobre el final, señaló que no alcanzaba solo con crear leyes porque estas “no se ejecutan solas ni se cumplen por la totalidad de la población en forma voluntaria”. “Es por ello, que el Estado constitucional y democrático de Derecho exige la existencia y actuación de un Poder Judicial dotado, no solo de independencia técnica y funcional sino también de los recursos suficientes para desarrollar adecuadamente su función”, dijo.
Por último, dijo que esperaba “sinceramente” que en el futuro, la ciudadanía y el sistema político tomaran “plena conciencia de la importancia estratégica de dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de un servicio esencial para la vigencia del Estado de Derecho”. “Deben tomar conciencia que los recursos que se asignen al Poder Judicial redunda no solo en beneficio de toda la ciudadanía sino también que contribuyen al desarrollo del país”, sentenció.
