En todas las discusiones presupuestales de este siglo, la forma de saber qué iba a suceder con el proyecto era indagar qué estaba pasando con el oficialismo de turno. Porque ya sea por mayoría propia o por alguna coalición circunstancial, el partido de gobierno siempre tenía los votos necesarios para aprobar la ley más importante del período. Salvo por algunas discusiones internas que podían a modificar aspectos puntuales del texto, el gobierno enviaba el proyecto al Parlamento con el convencimiento de que lo medular sería aprobado.
Este viernes hubo un acercamiento entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto con la primera reunión formal de los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita con varios legisladores del oficialismo. En esa instancia, Cabildo pidió más recursos para Sanidad Militar y también para los salarios de la tropa militar, según dijo Perrone a El Observador.
Si bien en Cabildo reconocen que a través de las negociaciones de COFE los militares ya reciben un aumento, pretenden que los rangos más bajos tengan una partida similar. Si bien hubo buena receptividad, la coalición de izquierda tiene que intercambiar con el equipo económico para dar una respuesta formal.
Desde el oficialismo aseguran que tendrán acercamientos con todos los partidos, aunque reconocen que por el antecedente de la Rendición de Cuentas, Cabildo es un posible aliado circunstancial.
Aumento del gasto
La iniciativa tiene un aumento de gasto de unos US$ 1.200 millones anuales que según las estimaciones del Poder Ejecutivo se va a financiar a través de dos fuentes (cada una aportará US$ 600 millones aproximadamente): una mejora en la eficiencia tributaria –a través de mayores controles– y una serie de cambios tributarios.
Buena parte del aumento del gasto social va a ser votado por todos o casi todos los partidos: ahí están el aumento del Bono Crianza y de la Tarjeta Uruguay Social, la canasta higiénica menstrual, el aumento de las becas butiá o del bono escolar y otros temas vinculados al INAU, entre otros. Los votos para eso van a estar.
Sin embargo, el financiamiento de ese aumento del gasto es lo que está en duda. El proyecto crea una serie de impuestos para los que el Frente Amplio, hasta ahora, no tiene los votos asegurados.
El más importante de ellos es el Impuesto Mínimo Global que tiene una recaudación estimada de unos US$ 360 millones anuales (el 60% del aumento de la recaudación prevista a partir de los cambios tributarios). Se trata de adoptar una serie de normas que la OCDE está impulsando a nivel global para que los grupos multinacionales paguen un mínimo de 15% de impuestos. El gobierno asegura que se trata de cobrar acá lo que algunas empresas están pagando en otros países por sus ganancias en Uruguay.
Sin embargo, hasta ahora el Frente Amplio no tiene los votos asegurados. El Partido Nacional ya anunció que no lo vota, los colorados no definieron postura formalmente pero también se inclinan por rechazarlo, el Partido Independiente tampoco acompaña e Identidad Soberana va a plantear desglosar este tema y tratarlo aparte porque es “demasiado complejo” para estudiarlo con los plazos perentorios del Presupuesto, tal como adelantó El País este viernes.
En ese marco, Cabildo Abierto es la única opción que le queda al oficialismo en diputados para conseguir la mayoría necesaria. Menos de una semana después de que el texto ingresó al Parlamento, el líder del partido, Guido Manini Ríos, dijo en una entrevista con El Observador que entendía que lo “podían apoyar”.
“Lo vamos a analizar bien, porque no lo tenemos analizado, pero pienso que lo podemos apoyar porque da la impresión de que es justo lo que se está proponiendo. No lo tenemos todavía decidido. Entiendo que esos impuestos se pueden apoyar, pero siempre y cuando lo que se vuelque sea en beneficio de determinadas áreas que hay que fortalecer”, decía Manini respecto al Impuesto Mínimo Global, el denominado Impuesto Temu (unos US$ 40 millones anuales de recaudación estimada) y el impuesto sobre el incremento patrimonial en el extranjero.
Hasta ahora no hubo un acuerdo con el partido del excomandante en jefe del Ejército que permita asegurar que van a acompañar el aumento de impuestos. Las negociaciones aun están abiertas. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone dijo a El Observador que recién este fin de semana van a comenzar a realizar un estudio más en profundidad del articulado. Cabildo no integra la comisión que estudia el proyecto –donde el Frente Amplio tiene mayoría– y la votación en el plenario recién está prevista para el jueves 9 en general y a partir del viernes 10 en particular.
Reasignaciones
Más allá de conseguir los votos para los cambios tributarios, el Frente Amplio también deberá negociar con la oposición cuáles son los organismos que saldrán favorecidos en la discusión parlamentaria y obtendrán algún recurso más que lo que le asignó el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en este tema el camino parece estar más allanado porque a grandes rasgos hay coincidencia entre oficialismo y oposición.
De todos modos, hasta este viernes los blancos estaban a la espera de una postura oficial del Partido Colorado –que mantuvo reuniones a lo largo de todo el día– para empezar a coordinar una posición común junto con el Partido Independiente. Al mismo tiempo, tanto blancos como colorados quieren intercambiar con Álvaro Perrone para trasladarle sus posiciones y saber cuáles serán las de Cabildo Abierto.
Blancos y cabildantes ya anunciaron que votarán a favor del proyecto en general mientras que Identidad Soberana hará lo contrario. Los colorados aun no definieron posición. Pero todos los partidos ya han ido manifestando a qué organismos les gustaría darle más dinero.
El Frente Amplio definió que la educación es uno de los incisos que va a recibir más recursos a través de la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (UTEC), sobre todo pensando en descentralización. Desde la oposición comparten esta postura y pretenden que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) también reciba fondos. Sin embargo, en el FA entienden que ya hay un aumento previsto y no lo consideran una prioridad.
El Hospital de Clínicas es otro de los asuntos que genera consenso entre casi todos los partidos y va a recibir más recursos. Y el sistema de justicia es otro de los apuntados. Hay mayor consenso entre oficialismo y oposición respecto a reforzar Fiscalía pero también hay partidos que pretenden darle más plata al Poder Judicial. Incluso, en la reunión que el presidente Yamandú Orsi convocó luego del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, los partidos acordaron poner en funcionamiento una cuarta fiscalía de estupefacientes y para eso se precisan recursos.
En el oficialismo también están pensando en dotar con más recursos a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), según pudo saber El Observador.
La clave de esta discusión, de todos modos, es definir de dónde van a sacar los recursos. Una primera propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry de quitarle recursos al Instituto Nacional de Colonización para dárselos a Fiscalía ya fue rechazada por el Frente Amplio y el Partido Nacional.
Divisiones entre los blancos
Mientras que los colorados se inclinan por no votar la creación de nuevos organismos (ni la Agencia de Vigilancia Sanitaria del MSP ni la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento en la órbita de Presidencia), este es un tema que genera división entre los blancos.
Hay legisladores que son afines a crear la agencia de vigilancia pero como una amplia mayoría está en contra, el Partido Nacional no votará su creación. Pero vinculado a la ciencia, las diferencias son mayores y es probable que los blancos voten divididos. Sebastián Andújar, el negociador de los blancos para el Presupuesto, está a favor de ambos organismos pero solo votará el que está vinculado a la innovación.
Secreto bancario
Otro de los temas polémicos durante la discusión en la cámara baja fue la propuesta del gobierno de que la Dirección General Impositiva (DGI) pueda levantar el secreto bancario sin intervención judicial. Si bien el Poder Ejecutivo reformuló su propuesta y restituyó la intervención de un juez, le puso plazo (diez días hábiles) y agregó que en caso de no haber una respuesta dentro de ese tiempo se considerará como autorizado.
Ni la propuesta inicial ni los cambios formulados convencen a blancos, colorados e independientes mientras que Identidad Soberana lo está estudiando. El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a inicios de setiembre que hasta ese momento no tenía elementos para negarse a votar. De todos modos, se respaldo no está asegurado.
Desde el Partido Colorado confirmaron a El Observador que van a presentar una redacción alternativa que detalle algunos asuntos del procedimiento que no están claros.
“Entiendo que lo que le falta es establecer con claridad cómo es el procedimiento, esto es si se le tiene que dar noticia o no al demandado y en qué momento. Si existe posibilidad de contradictorio (argumentar en contra del pedido de la DGI) al principio o si no, después de que ya se relevó el secreto bancario, esto es estructura monitoria. Con qué efecto es la apelación”, dijo el diputado colorado Conrado Rodríguez durante la última comparecencia de Economía en la comisión.
