La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano pedirá este martes la imputación de uno de los detenidos por el atentado el domingo en la casa la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, según confirmaron a El Observador fuentes políticas. El hombre viajaba en un Volkswagen Bora que ofició de apoyo al ataque perpetrado por otros dos delincuentes que ingresaron a la vivienda por la parte trasera desde un techo vecino y que huyeron en una camioneta blanca que luego incendiaron a la altura del Cementerio Norte.
La otra detenida, en cambio, será liberada. Si bien viajaba en el mismo Bora cuando fue arrestada junto al hombre, las imágenes de cámaras de seguridad que tienen los investigadores muestran que ella no participó del atentado.
El inédito episodio de la madrugada del domingo escaló a lo más alto de la agenda política y ocupó buena parte del día en la Torre Ejecutiva. El presidente Yamandú Orsi reunió sobre el mediodía a la propia Ferrero, al ministro del Interior, Carlos Negro, el director nacional de Policía, José Azambuya, a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, al secretario y al prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, y al titular de la Secretaría de Inteligencia, Mario Layera.
Por la tarde convocó a las autoridades de los partidos con representación parlamentaria –el único que no acudió fue el diputado Gustavo Salle– para demostrar la unidad de todo el sistema político para plantarse ante la amenaza del narcotráfico.
Las autoridades tienen la hipótesis de que detrás del atentado estuvo Luis Fernández Albín, el narco de Cerro Norte condenado por el ataque a balazos en diciembre a la sede del Instituto de Rehabilitación (INR) y que está vinculado al comercio internacional liderado por Sebastián Marset. Este último había sido responsabilizado por el ataque a la Brigada Antidrogas el 9 de mayo del 2020 y de hecho una de las claves de la investigación en curso consiste en confirmar si el explosivo utilizado en la casa de Ferrero tiene el mismo origen chino que el utilizado aquel día, según reconstruyó El Observador.
La pericia está a cargo del Servicio de Material y Armamento del Ejército y la ministra Lazo tomó personalmente el seguimiento de la investigación.
Las autoridades también manejan que Fernández Albín viajó en los últimos meses a Bolivia, tal como adelantó el periodista Gabriel Pereyra en Informativo Sarandí. El dato trasladado a los jerarcas del gobierno es que viajó para buscar arreglar el golpe que sufrió la organización con la incautación en agosto de 2.200 kilos de cocaína en una chacra de Punta Espinillo, carga que iba a ser enviada a Europa y que fue valuada por el Ministerio del Interior en hasta US$ 60 millones.
Otro de los indicios que aguardan desde la cartera es conocer quién se presentará como abogado de los eventuales implicados en la causa.
El atentado motivó desde el domingo varias incautaciones de celulares en allanamientos realizados en viviendas y en las cárceles que están siendo periciados en estas horas, así como huellas dactilares y rastros de ADN recabados por la policía. Bajo estricta reserva, el ministro Negro puso al tanto de los detalles a los jerarcas del gobierno y a los representantes de los partidos, al tiempo que el presidente Orsi comunicó en conferencia de prensa que “se continúa investigando y se activarán respuestas concretas y operativos en aquellos barrios donde existan indicios de vínculos con este atentado”.
Yamandú Orsi
El presidente Yamandú Orsi da una conferencia el lunes 29 de setiembre tras el atentado a la fiscal Mónica Ferrero
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
En línea con la cautela que la situación genera en las autoridades del Poder Ejecutivo –bajo la premisa de que se cruzó una línea que puede no tener retorno–, el mandatario enfatizó en la necesidad de “discreción” e hizo una declaración de principios: “Prefiero en este y otros casos vinculados responder con mucho trabajo y quizás bastante menos declaraciones”.
Acuerdan nueva fiscalía de Estupefacientes y discuten Ley de Lavado
Todos los dirigentes que concurrieron a Torre Ejecutiva –Andrés Ojeda, Pablo Mieres, Álvaro Delgado, Fernando Pereira y Guido Manini Ríos– valoraron el gesto del gobierno de convocar a los partidos para postular un respaldo “monolítico”, sin fisuras, de la política hacia el narcotráfico.
Pereira dijo a El Observador que hay “acuerdo” entre oficialismo y oposición para poner en funcionamiento una cuarta fiscalía de Estupefacientes –hoy ya son cuatro, pero una es Ferrero, quien no está ejerciendo en ese rol ya que está subrogando como fiscal de Corte–y que están “buscando cómo financiarla” en el marco del proyecto de ley de Presupuesto.
El Ministerio del Interior había planteado más temprano ante los jerarcas que de jueves a domingo estaban teniendo dificultades para avanzar en las causas de drogas, dado que los turnos de los fines de semana estaban recayendo en los fiscales de Flagrancia. El presidente del Frente Amplio confirmó para esta nota que esa medida cuenta con “la voluntad del presidente” Orsi.
Pero también hubo lugar a diferencias. Si bien el jefe de Estado conminó a los partidos a que “aceleren” el tratamiento del proyecto de ley contra el lavado de activos enviado por Presidencia en junio al Parlamento, Ojeda, Delgado y Mieres coincidieron en que esa “no es la solución” al problema.
Yamandú Orsi recibió a líderes partidarios por atentado a Mónica Ferrero
Yamandú Orsi recibió a líderes partidarios por atentado a Mónica Ferrero
Foto: Dante Fernandez / FocoUY
El presidente del Directorio del Partido Nacional también marcó que tiene reparos con algunos puntos, como la eliminación de las fiscalías especializadas en lavado, creadas durante el gobierno anterior y que la nueva administración –en esto alineada con la propia fiscal Ferrero– busca suprimir para delegar la investigación en los fiscales que ya iban detrás de los delitos precedentes al lavado, bajo el entendido de que “no se han obtenido los resultados esperados”.
El proyecto de ley –apadrinado por Jorge Díaz– también busca modificar la Ley de Urgente Consideración del gobierno de Luis Lacalle Pou para bajar de 1.000.000 de unidades indexadas a 270.000 el monto autorizado para las operaciones con dinero en efectivo.
Consultado por El Observador, el líder de Cabildo Abierto afirmó que “más allá de que la ley pueda no ser la solución para este tema, es importante y se tiene que aprobar de una vez por todas”. “No entiendo por qué seguirlo demorando”, dijo Manini Ríos, quien añadió que están “estudiándola al detalle” para ver qué modificaciones podrían plantear.
Otro punto de discordia –aunque no abordado durante la reunión en la Torre Ejecutiva– es la continuidad o no de Ferrero como fiscal de Corte. El colorado Andrés Ojeda sostuvo en rueda de prensa que la forma de respaldarla es ratificándola de forma efectiva –ya no como subrogante– en ese cargo, planteo que ya han esgrimido otros dirigentes de la oposición como los nacionalistas Javier García y Sergio Botana.
En el gobierno y en el Frente Amplio –que se solidarizó de inmediato con la fiscal ante el atentado– aseguran que “no es el momento” de discutirlo, aunque el oficialismo planteaba ya desde el período pasado –cuando Charles Carrera denunció en el Senado que una modificación legal de la coalición tenía “nombre y apellido” para designar por la vía de los hechos a Ferrero al frente de la Fiscalía– algunas resistencias hacia su figura.
Este punto incluso generó que Ojeda le marcara al ministro Negro durante la reunión en Torre Ejecutiva que se estuviera refiriendo a Ferrero como “fiscal de Estupefacientes” y no como “fiscal de Corte”.
El gobierno confirmó durante el encuentro que reforzaría la custodia de la jerarca, al tiempo que Orsi admitió en conferencia que el Estado debe “hacerse cargo” de que “en algo debe haber fallado” para que quedara descuidado el fondo de su casa a pesar de la vigilancia fija. El ministro del Interior adujo al respecto que la custodia era la indicada por el protocolo vigente y la acordada desde hace tiempo con la propia Ferrero, quien ya había recibido amenazas en el pasado. Ahora la cartera pretende revisar el protocolo de seguridad para autoridades en riesgo.
