Antes de ser fiscal de Corte, había investigado por más de 25 años delitos de narcotráfico y corrupción
La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Parlamento. Archivo
Foto: Inés GuimaraensLa fiscal del Corte, Mónica Ferrero, acaparó las noticias en las últimas horas luego de que fuera víctima de un atentado en su casa de Brazo Oriental, que no dejó heridos y que se vincula a un grupo de narcotraficantes que trabaja con Sebastián Marset.
La fiscal, que siempre tuvo un perfil bajo para preservar su seguridad, ya había sufrido varias amenazas cuando investigaba casos de narcotráfico.
En mayo de 2020, la sede de la Brigada Antidrogas sufrió un atentado con una granada militar y a Ferrero le llegó un mensaje de Whatsapp que hacía alusión al ataque. El fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, adjudicó el caso al Primer Comando de la Capital y a la autoría intelectual a Marset.
El fiscal Pérez imputó a numerosas personas por ese caso y de hecho, el narco uruguayo más buscado manejó entregarse en Uruguay asumiendo la autoría de la amenaza.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó que Ferrero ya había recibido ataques, pero señaló que "hay límites" que no se deben "dejar pasar", por el atentado del domingo en el hogar de la fiscal. El mandatario además convocó a ministros y líderes partidarios a Torre Ejecutiva.
La actual fiscal de Corte es oriunda de la ciudad de Young (Río Negro), se formó en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU) y luego de recibirse de abogada, llegó a ejercer como jueza de Paz en Miguez (Canelones).
Luego pasó a desempeñarse como fiscal, hizo carrera en Tacuarembó, Paysandú, Pando y Montevideo.
Como fiscal penal le tocó instruir causas muy mediáticas como el caso del asesino serial Pablo Goncálvez, la causa de corrupción de la Armada que concluyó con tres oficiales procesados en 2010, las irregularidades en el Hospital Maciel por sobrefacturación con la empresa de limpieza por la que terminó siendo procesado el exdirector de ASSE Alfredo Silva, y corrupción en cárceles.
También fue la fiscal que pidió enviar a prisión a la exjueza penal Anabella Damasco por haberse apropiado de alrededor de U$S 55.000 incautados en el marco de varios casos de narcotráfico en los que había actuado, entre ellos la Operación Campanita.
Ferrero actuó en un caso de trata de personas con fines de prostitución y de trabajo, y en otro de prostitución VIP que constituyó un operativo histórico que tuvo como involucrado a un relacionista público y varias jóvenes modelos reconocidas en el ambiente, de entre 18 y 30 años. Por ese caso fue el primero en el que logró imputar por lavado de activos a los responsables.
Asimismo, pidió el archivo de un caso que involucró al exsecretario de la Presidencia del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, por una presunta conjunción del interés personal y público vinculado a una modificación de una ley que se les había tipificado a los hermanos Peirano Basso en el caso Banco Montevideo.
Aunque como fiscal de Crimen Organizado se había destacado por su actuación en varios caso de narcotráfico, como el del croata al que le incautaron dos toneladas de cocaína en un yate en el río Santa Lucía, fue a partir de 2017 y del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que se transformó en la principal fiscal de Estupefacientes.
Desde entonces, cuenta con seguridad personal a cargo de la unidad especial del Ministerio del Interior que custodia a jueces y fiscales.
Casi la totalidad de los grandes cargamentos que se han descubierto fueron indagados por la fiscal y la han llevado incluso a enfrentarse con jueces y abogados, como es el caso de Martín Mutio, el sojero que fue imputado, absuelto y luego vuelto a condenar por la Justicia, a pedido de Ferrero.
Tras la jubilación de Juan Gómez, Ferrero llegó a ocupar el rol de fiscal de Corte después de más de 25 años investigando delitos de narcotráfico y corrupción. Gómez, a su vez, había quedado en el cargo tras la salida de Jorge Díaz en 2021.
A Ferrero primero le tocó ocupar el cargo de Gómez de forma inesperada ante un problema de salud del jerarca, que debió ser internado por una hemorragia estomacal.
La fiscal de Estupefacientes llegó a ser la fiscal de Corte subrogante por una interpretación promovida por la coalición en la Rendición de Cuentas de 2022, que establece que ese puesto corresponderá al fiscal penal con mayor antigüedad. Cuando se aprobó esa norma desde el Frente Amplio manifestaron su molestia.
“Esto tiene nombre y apellido. ¿Por qué no decimos cómo son las cosas? Si decimos que corresponde a los fiscales penales de Montevideo, estamos diciendo que corresponde a la doctora Mónica Ferrero”, cuestionó el senador Charles Carrera en la sesión y dijo que era un mecanismo violatorio de la Constitución de la República.
La interpretación de la coalición generó también resquemores en Fiscalía de Corte, al punto que Gómez se negaba a tomarse licencia para evitar dejar a Ferrero a cargo del despacho. Incluso cuando se tuvo que hacer un doble cateterismo regresó a las funciones en 24 horas.
Este año, en su rol de fiscal de Corte, Ferrero fue convocada por el Frente Amplio a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado para explicar los traslados "poco claros y confusos" de fiscales a cargo de distintas "causas sensibles". La fiscal informó en una nota escrita a la comisión que no concurriría al Parlamento.
En la nota afirma que "no es común que un fiscal de Corte en ejercicio de la Dirección del servicio descentralizado, haya sido intimado a responder cuestionarios o interpelaciones e forma presencial, urgente y sin presencia del órgano tutelante", es decir del Ministerio de Educación, con el que se vincula con el Poder Ejecutivo.
Los senadores de la izquierda, entre otros puntos, recordaron la decisión de trasladar a la fiscal Sabrina Flores de la Fiscalía de Flagrancia a la de Homicidios en diciembre de 2024, cuando estaba al mando de la investigación sobre el accionar del exjefe de seguridad de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. Además habían planteado otras siete preguntas para Ferrero.
Dos delincuentes dispararon contra el patio de la fiscal Ferrero y detonaron una granada, durante la madrugada del domingo en su casa de Brazo Oriental. Tanto la fiscal como su familia resultaron ilesos.
Los delincuentes llegaron por los techos hasta el patio trasero de su casa para disparar al menos tres veces –según supo El Observador en base a fuentes al tanto de la investigación– y detonar una granada, cuya palanca de seguridad fue encontrada en una de las azoteas de las casas linderas.
La explosión por la detonación de la granada rompió los vidrios de la cocina y dejó el ambiente inmerso en una nube de pólvora por lo que enseguida Ferrero y su familia, que se despertaron, supieron que se trata de un ataque aunque no sabían el tenor.
Los delincuentes que cometieron el atentado llegaron en un auto y una camioneta, en la que llevaban un tablón de más de tres metros que usaron para trepar a los techos. La camioneta fue encontrada poco después incendiada cerca del arroyo Miguelete, mientras que el auto fue capturado y sus presuntos ocupantes, que eran dos, detenidos.
El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó a los detenidos como “partícipes” en el atentado, pero aclaró que no serían los únicos ni los últimos. Se presume que estas dos personas iban en el auto que acompañaba a la camioneta, pero que no son los autores materiales del ataque.
Aunque la Policía evitó dar mayores detalles sobre el caso, el atentado se investiga como una amenaza narco, teniendo en cuenta el rol de Ferrero en el combate a grupos del crimen organizado.
En particular se indaga si el atentado es en represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo en agosto. Se estima que la droga, que iba a ser exportada al exterior, pertenecía al grupo liderado por el narcotraficante Luis Fernández Albín, vinculado con Marset.