Pasadas las cinco de la mañana del domingo los vecinos del barrio Brazo Oriental, en el límite con Jacinto Vera, sintieron un par de detonaciones seguidas de un fuerte estruendo. La fecha, 28 de setiembre, los llevó a pensar que se trataba del festejo de algún hincha rezagado por el aniversario de Peñarol.
A los pocos minutos, sin embargo, el despliegue policial en la cuadra fue notorio, con la llegada de Policía Científica y la brigada de explosivos. Había pasado algo en la casa de la fiscal Mónica Ferrero, a quien todos en el barrio conocen y que tiene una garita con custodia policial 24 horas vigilando la entrada de su casa.
Pasadas las horas se supo que la fiscal había sufrido un atentado, en el que había resultado ilesa tanto ella como su familia. Dos delincuentes llegaron por los techos hasta el patio trasero de su casa para disparar al menos tres veces –según supo El Observador en base a fuentes al tanto de la investigación– y detonar una granada, cuya palanca de seguridad fue encontrada en una de las azoteas de las casas linderas.
La explosión por la detonación de la granada rompió los vidrios de la cocina y dejó el ambiente inmerso en una nube de pólvora por lo que enseguida Ferrero y su familia, que se despertaron, supieron que se trata de un ataque aunque no sabían el tenor.
Los delincuentes que cometieron el atentado llegaron en un auto y una camioneta, en la que llevaban un tablón de más de tres metros que usaron para trepar a los techos. La camioneta fue encontrada poco después incendiada cerca del arroyo Miguelete, mientras que el auto fue capturado y sus presuntos ocupantes, que eran dos, detenidos.
El Ministerio del Interior anunció estos avances en una conferencia de prensa convocada de urgencia, después de una reunión del comando policial que incluyó –entre otros– al ministro Carlos Negro, al director nacional de la Policía, José Azambuya, el de Investigaciones, Julio Sena, y la cúpula de Policía Científica.
Carlos Negro
El ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Negro presentó a los detenidos como “partícipes” en el atentado, pero aclaró que no serían los únicos ni los últimos. Se presume que estas dos personas iban en el auto que acompañaba a la camioneta, pero que no son los autores materiales del ataque.
Aunque la Policía evitó dar mayores detalles sobre el caso, el atentado se investiga como una amenaza narco, teniendo en cuenta el rol de Ferrero en el combate a grupos del crimen organizado, entre ellos algunos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset.
En particular se indaga si el atentado es en represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo en agosto. Se estima que la droga, que iba a ser exportada al exterior, pertenecía al grupo liderado por el narcotraficante Luis Fernández Albín, vinculado, a su vez, con Marset.
Los nombres de estos narcotraficantes no son ajenos para Ferrero, que ya ha sido amenazada por su trabajo como titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno.
En mayo de 2020, por ejemplo, le llegó un mensaje a su celular: “Estamos un poquito enojados, cómo ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el texto.
Un día antes, también un domingo de madrugada, una bomba molotov había impactado contra la brigada antidrogas en el Prado.
Ambos atentados fueron vinculados a Marset y a grupos que operan bajo su orden. Así lo determinó una investigación realizada por el fiscal Diego Pérez, que descubrió que el mensaje que llegó al celular de Ferrero partió de un dispositivo que usaba Rodrigo Arias, hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias. La amenaza se redactó en un teléfono de Perú pero llegó a Ferrero desde el celular de Arias.
Por el caso de la bomba molotov y de la amenaza a Ferrero fueron imputadas cerca de 40 personas, tal como informó El Observador en enero de 2024.
Al igual que ahora, antes de la amenaza de 2020 la fiscal Ferrero había incautado más de dos toneladas de cocaína.
La policía también considera que el atentado pueda haber sido una reacción a operativos realizados en los últimos días en La Teja y en Villa Española, donde también operan narcos vinculados a Fernández Albín.
Para la Policía es “muy temprano” para sacar conclusiones, pero Negro habló en la conferencia de algunos “patrones comunes” entre este y otros episodios.
Lo que sí se propusieron a nivel de la cúpula del Ministerio del Interior es no dejar pasar este atentado y caerle con todo el peso de la ley a los responsables.
Mientras tanto, la seguridad de la fiscal fue reforzada (con más efectivos vigilando su casa) y el atentado es investigado por la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Angelita Romano, quien también subroga a Ferrero en los grandes casos que dejó de atender cuando asumió como fiscal de Corte dejando el cargo vacante.
Políticos alineados
En el plano político el atentado contra la fiscal Ferrero alineó en el mensaje contra el narcotráfico a todos los partidos, en días en los que la gestión de Negro había sido fuertemente cuestionada por la oposición por una seguidilla de homicidios.
Enterados del ataque, todos los partidos, incluido el Frente Amplio –que ha tenido reparos en el pasado contra la labor de Ferrero como fiscal de Corte– manifestaron su preocupación.
Uno de los primeros en expresarse fue el expresidente Luis Lacalle Pou, quien marcó el tono que tendría la discusión sobre el asunto. “En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones”, escribió en un tuit.
Poco después el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, convocó a una sesión urgente para analizar el tema.
Los colorados hicieron lo mismo y en una declaración del Comité Ejecutivo Nacional evitaron criticar la gestión del gobierno. Por el contrario, alertaron por el “cambio cualitativo” que este episodio marca en la “lucha contra el crimen organizado”.
Consideraron que el tema imponía el “deber de extremar la disposición de todos los recursos del estado democrático desafiado”.
A la espera de la reunión que tendrá este lunes el presidente Yamandú Orsi con el ministro Negro, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y la propia fiscal de Corte, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio trasladó su solidaridad hacia Ferrero y respaldó el trabajo del Ministerio del Interior.
