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24 de abril 2025 - 5:00hs

Fue un avance que quedó a medias. Los papeles –y las leyes– dirán que el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó, luego de varios intentos frustrados en anteriores administraciones, una reforma del Estado que incluye importantes cambios a la carrera de los funcionarios públicos.

Fue una pelea casi en solitario del exdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, que logró una victoria con sabor a derrota. La Rendición de Cuentas de 2022, aprobada en octubre del año siguiente, tenía cerca de 50 artículos que definían, entre otras cosas, los mecanismos de ascenso para los funcionarios públicos, regulaba las compensaciones, definía escalafones, ocupaciones y cargos según tareas y permitía una mayor movilidad entre organismos para efectivamente poder realizar una carrera dentro del Estado.

El objetivo, decía Ramos, era tener un Estado más transparente y eficiente. Sin embargo, el entonces presidente Luis Lacalle Pou decidió que esa reforma no se aplicara durante su administración y, por lo tanto, no se le asignaron recursos ni se aplicaron los cambios. ¿Por qué no se implementó?

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El propio Ramos reconocía la dificultad para avanzar en una reforma de este tipo por la cantidad de intereses que toca. “Hay varias razones: financieras, cuotas de poder en la burocracia, miedo de perder poder, autoridad. Hacer la reforma del Estado es cambiar una forma de hacer política, se transparenta mucho la gestión y entonces eso da temor a los funcionarios públicos y a jerarcas políticos en el Estado que pierden discrecionalidad. Son muchos actores involucrados en mantener el statu quo”, señaló en una entrevista con El Observador en marzo de 2023 y lo resumió con la siguiente frase: “Los costos políticos son inmediatos y grandes y los beneficios son a largo plazo y difusos”.

La idea de una reforma del Estado está presente en los partidos políticos desde hace muchos años. El expresidente Tabaré Vázquez llegó a catalogarla en su primer gobierno como "la madre de todas las reformas". Sin embargo, en la última campaña electoral el tema no tuvo un papel protagónico más allá de algunas propuestas sobre la cantidad de funcionarios públicos. Incluso, luego de las elecciones, el designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo que la “reforma tiene que ser permanente” y recordó que los cambios a la carrera administrativa de los funcionarios públicos aprobada por el gobierno anterior quedaron “sin implementar”.

“Veremos cuál es el estado de situación y, entre otras cosas, tomar conocimiento del punto de partida y el diagnóstico que está detrás de esa ley”, dijo en enero entrevistado por Búsqueda y señaló que la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) era la encargada de analizar el tema.

El novel director de esa Oficina, Sergio Pérez, dijo en diálogo con El Observador que no van a avanzar en nada que no esté negociado con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). “Somos muy hinchas de la negociación colectiva”, dijo.

El director aseguró que aun no saben exactamente cuánto costaría implementar la reforma ni a cuántos funcionarios afectaría. En principio, según los números manejados por Ramos en su momento, estaba pensada para aplicarse inicialmente a 15 mil funcionarios de la administración central y luego ir ampliándola gradualmente.

La idea es llegar a un acuerdo en ese marco (negociación colectiva)”, agregó Pérez.

¿Cuál es la opinión de COFE sobre la reforma? Si bien hubo un largo proceso de negociación –que impidió que la reforma se aprobara antes– los sindicatos estatales tienen algunos reparos respecto a lo aprobado por el Parlamento.

Uno de los puntos tiene que ver con lo salarial. Porque los cambios eliminan las compensaciones que se pagan con el objetivo de que dos trabajadores que desempeñan las mismas tareas pero en ministerios diferentes cobren salarios iguales, algo que hoy no sucede.

Pero esas compensaciones muchas veces son el incentivo para ascender. “No puede ser que uno ascienda y pierda salario. Eso desmotiva cualquier carrera”, dijo en diálogo con El Observador el secretario general del COFE, José Lorenzo López.

Los cambios

La idea general de la reforma es que haya criterios comunes en la administración central para todos los trabajadores. Que cobren lo mismo si hacen las mismas tareas aunque estén en diferentes ministerios y que realmente exista una carrera funcional con pasos claros en la que puedan ir ascendiendo.

Uno de los cambios es la eliminación de las mencionadas “compensaciones discrecionales” que tienen los ministerios. Estas compensaciones permiten a los jerarcas otorgar partidas especiales a los trabajadores, lo que termina desvirtuando su situación.

En enero de 2023, Ramos dijo a La Diaria que había 1.200 compensaciones de distinta especie en todo el Estado, las cuales se podían clasificar en cuatro grandes categorías. "Solo una –las llamadas compensaciones especiales– es la problemática que se lleva 85% de la masa salarial de todos los funcionarios estatales", señaló.

En ese marco, la ley aprobada estableció una escala retributiva compuesta por 22 niveles de pago y se fijaron salarios mínimos y máximos para cada escalafón.

La administración central paga más que el mercado por tareas poco calificadas y menos por tareas más calificadas. Esto nos genera dificultades para retener personal especializado en ingenieros, médicos, economistas, entre otros”, escribía Ramos en Twitter en 17 de octubre de 2023, día en que se aprobó la Rendición de Cuentas. En ese mismo hilo decía que para que efectivamente se implemente y se eliminen “compensaciones que hacen irracional el sistema salarial requiere de liderazgos políticos muy comprometidos”. Algo que no sucedió en la administración anterior.

Otro cambio que introdujo la ley aprobada supone definir las tareas y que, más allá del organismo en el que trabajen, las personas cobren el mismo salario si realizan la misma función. A modo de ejemplo –y con cifras simuladas–, desde la ONSC hablaban de “ministerios ricos y pobres” porque algunos pagan $80 mil a un abogado mientras que otros abonan $120 mil por lo mismo.

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