Esta semana la operación paraguaya A Ultranza PY, que investiga la operativa del grupo dedicado al narcotráfico encabezado por el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfran Galeano, tuvo un importante avance con la formalización de la esposa de Marset, Gianina García Troche, y la condena de uno de sus principales aliados, Ezequiel Santoro Vassallo.
Santoro, apodado "Capitán", se declaró culpable por lavado de dinero proveniente del narcotráfico ante la Fiscalía General del Estado de Virginia Occidental, Estados Unidos. El paraguayo utilizaba al menos siete empresas registradas en Sudamérica y Asia para ocultar el origen ilícito de los fondos mediante facturas falsas. Coordinaba la recepción y transferencia internacional de dinero ilícito, principalmente a través de transferencias bancarias en dólares que pasaban por bancos corresponsales en EE.UU.
García Troche, en tanto, fue imputada por la justica paraguaya este miércoles por un delito de lavado de activos, por el que pasará seis meses en prisión preventiva. Es acusada de montar una empresa de venta de autos y una cuenta bancaria para lavar el dinero que Marset y su banda obtenían de la venta de cocaína.
En la sentencia contra la uruguaya, a la que accedió El Observador, la jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía detalló cómo operaba el grupo de Marset para ingresar la cocaína a Paraguay desde Bolivia, y luego enviarla principalmente a Europa y África.
Así operaba el grupo de Marset en Paraguay
El origen de la banda
Según consta en la resolución judicial, desde el inicio del 2020 hasta mediados de 2021 varias organizaciones criminales se aliaron en Paraguay para traficar cocaína a otros países a través de cargas en barcos, y para lavar el dinero que provenía de esa actividad a través de la "constitución y adquisición de empresas" y la "compras de bienes".
El grupo estaba encabezado por Sebastián Marset, quien según la justicia paraguaya viajó por primera vez a ese país en mayo de 2018 para "analizar la conveniencia y la forma de instalarse en Paraguay" para encabezar desde allí una red de narcotráfico con un pasaporte boliviano falso, en el que decía llamarse Gabriel de Souza Beumer.
Se terminó de establecer a fines de 2019, simulando ser un empresario del mundo del espectáculo que organizaba espectáculos y eventos. Meses después se unió a los hermanos Insfrán, principalmente con Miguel Insfrán.
La ruta de la droga
La banda ingresaba la cocaína a Paraguay a través de viajes en aviones provenientes desde Bolivia, que aterrizaban en una pista no autorizada por las autoridades nacionales en un campo localizado en la Reversa Natural Cabrera – Timane, ubicado en el límite entre ambos países.
Así como los integrantes bolivianos se encargaban del traslado, en Paraguay se encargaban de transportar la droga que llegaba en otros aviones a distintos establecimientos ubicados en distintos puntos del país. Desde allí eran enviadas a establecimientos rurales de los que era propietario Miguel Insfrán, desde donde se preparaba el envío de las sustancias "ocultas entre mercaderías lícitas" en contenedores prontos para salir del país en bancos de carga, identificados con la expresión "premio".
Antes de que la droga saliera del país, Marset era el responsable de coordinar y acordar con las personas que iban a recibir los cargamentos, que tenían como destino principal Europa y África. Con el trato hecho, Insfrán ordenaba el envío de los contenedores.
Ambos se comunicaban a través de sistemas encriptados para evitar que sus conversaciones fueran rastreadas. Utilizaban aplicaciones como Sky Ecc, Line y Signal.
El grupo contó con el apoyo de varios expertos dedicados al comercio internacional, que apoyaron a la banda con sus conocimientos y con la constitución de distintas empresas que funcionaron como fachada para exportar los contenedores con droga y lavar los activos de la operativa.
La justicia mencionó a cuatro compañías, Artis, Neumáticos Guaira, Notia y Maxigrains, todas ellas con un mismo nombre en común: Luis Fernando Sebriano González, encargado de "coordinar y organizar todas las operaciones comerciales internacionales" a través de esas sociedades, y de realizar los trámites ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya para que los contenedores viajaran de forma legal.
Los representantes de estas sociedades "realizaban intercambios de correos electrónicos con empresas importadoras del extranjero, las cuales generalmente eran empresas clonadas que utilizaban la razón social de empresas ya existentes en Europa", como una especia de "puesta escénica" para "aparentar la existencia de una demanda dentro del comercio internacional".
Con esto, las empresas ficticias podían "generar una supuesta oferta y emitir una factura" para "no despertar sospecha". También "realizaban transferencias internacionales de dinero", para así "dejar registros acerca de los movimientos financieros", con lo que lograban "aparentar tener un flujo de capital propio de una empresa lícita".
La llegada del dinero
Cuando el tráfico se concretaba, los receptores de la cocaína pagaban a la banda en dólares. Las transferencias pasaban por Brasil, Argentina y Uruguay hasta llegar a Bolivia, desde donde el dinero era pasado a efectivo y trasladado en avión a la estancia fronteriza a donde también llegaba la droga.
La justicia entiende que "Sebastián Marset poseería sumas de dinero oculto en cada uno de los referidos países".
Los implicados también usaron una modalidad conocida como "Token": la organización enviaba un código de seguridad que representaba el monto de dinero a ser recibido como pago de la droga, ya mezclado en el sistema financiero "mediante transferencias electrónicas controladas por los intermediarios del grupo ilícito", que también se llevaban su comisión.
El grupo ofrecía cada paquete de cocaína a un precio promedio de US$ 14.500, pero si el destino era Europa el precio era US$ 25.000 por unidad. En un envío a África llegaron a obtener US$ 18.429.500. Los representantes de las empresas que ayudaban en la operativa recibían medio millón de dólares por cada envío.
Según se lee en la sentencia, tras recibir el dinero Marset e Insfrán "introducían" el dinero al "sistema financiero y económico" de Paraguay "mediante la adquisición de bienes", muebles e inmuebles, "entre otras inversiones que consideraban convenientes" y que no despertaran "las sospechas de las autoridades".
La justicia recordó que Insfrán llegó a competir en rally con el dinero obtenido del narcotráfico, y corrió con un auto Skoda Fabia que fue considerado por los fanáticos de ese deporte "como el más nuevo en el territorio nacional", y "sin despertar sospecha alguna de las autoridades encargadas del Estado".
En tanto, y gracias a la intervención de Alberto Koube, Marset creó la sociedad "Grupo San Jorge S.A.", en la que colocó como presidenta a su esposa Gianina García Troche y como vicepresidente a Alexis Vidal González. Su nombre fantasía fue "Total Cars", y fue utilizada como una empresa de venta de autos de lujos que sirvió como pantalla para lavar activos.
