La Fiscalía llegó a un acuerdo con la efectiva policial que le disparó al secretario del sindicato policial Fabricio Ríos en un entrenamiento, para cerrar el caso en un proceo abreviado. En una audiencia que se realizará este viernes se espera que la justicia lo valide y sea condenada por homicidio culpable.
Según supo El Observador la condena acordada entre el fiscal Diego Pérez y la funcionaria policial es de 23 meses de prisión con descuento del arresto domiciliario que ya cumplió y el resto de la condena la cumpla con libertad a prueba.
Ríos murió en julio de 2024 por un disparo accidental durante un entrenamiento sobre técnicas y tácticas policiales organizado por el Sindicato Policial Nacional. La funcionaria policial declaró que minutos antes de que se le escapara el tiro que mató a Ríos, había cargado el arma porque se estaba yendo a su casa, pero regresó porque la llamaron para hacer un ejercicio más.
En el caso la fiscalía había ido pidiendo prórrogas de las medidas cautelares a la jueza de garantías Marcela Vargas, por lo que ya cumplió buena parte de la condena con arresto domiciliario.
El caso de corrupción en Asuntos Internos
La indagatoria por la muerte de Ríos derivó en una investigación por presunta corrupción en Asuntos Internos que ahora continuará para despejar responsabilidades penales.
El fiscal Pérez investiga irregularidades cometidas en un allanamiento e incautación de un teléfono celular relacionado con el hecho policial.
Entre los indagados en ese caso figuran el comisario mayor Mauricio Barcellos, quien había sido propuesto en el cargo de director del Centro de Comando Unificado al comienzo del gobierno pero finalmente no pudo asumir y se designó en el cargo a otro oficial.
En una audiencia del caso de julio del año pasado, que El Observador escuchó el fiscal Pérez se refirió a “otras derivaciones que podrían tener incidencia y que hacen que gran parte del equipo de la Dirección de Asuntos Internos esté investigado, en especial el comisario mayor”.
“Se pidieron allanamientos con el fin de incautar celulares y en un caso concreto hubo un celular que no se incautó y que según se ha podido establecer tendría información relevante que podría estar vinculada a este caso”, agregó el fiscal.
La orden de allanar ese celular la recibió Barcellos, mientras otros oficiales de la Policía en forma simultánea realizaban otros allanamientos. Como informó El Observador anteriormente en ese celular había información sobre manejo de los fondos del sindicato y resultó sospechoso que no lo incautara.
La versión que han dado allegados a Barcellos es que su superior en ese momento, que era la comisario Fagúndez le ordenó realizar el procedimiento de incautar el teléfono, pero al llegar al lugar había dos celulares, y como uno de ellos lo había adquirido hacia poco, dudó. Como prácticamente no tenía información, Barcellos le preguntó a Fagúndez si lo incautaba y ella le dijo que no pero luego en la Unidad le reprochó no haberlo traído y le planteó el tema al fiscal Péreez.
Ese hecho derivó en que Barcellos recusara al oficial del caso, el comisario mayor Luis Acosta alegando que tenía un problema personal con él y que es muy cercano a la comisaria Fagúndez.
