La auditoría del Tribunal de Cuentas de la República, realizada a pedido de la Junta Departamental de Artigas, detectó que se pagaron $ 52,7 millones de horas extras irregulares a 53 funcionarios de un total de $326.934.704 en horas extras que se pagaron entre diciembre de 2020 a noviembre de 2023. Entre las irregularidades se mencionó incumplimiento de normas, falta de controles y carencia de reglamentos, según consta en el informe al que accedió El Observador.
Con fecha 30 de julio, el Tribunal de Cuentas resolvió aprobar el informe que realizaron los auditores y dispuso dar cuenta de las conclusiones a la Asamblea General, la Junta y la Fiscalía, cómo había informado El Observador. Asimismo, se determinó que "si se presentare solicitud de subsidio" por parte del exintendente Pablo Caram, "la intervención preventiva del gasto será resuelta por el Tribunal de Cuentas".
El texto afirma que las irregularidades constatadas son “consecuencia tanto de normas que no fueron reglamentadas previo a su aplicación así como falta de controles, separación de funciones y oposición de intereses, escasa rotación de funcionarios y registraciones manuales realizadas por el personal de Recursos Humanos”.
También subrayó la “ausencia de un ambiente de control eficaz”, debida a la falta de una definición de responsabilidades y de tareas a asignar a los funcionarios, el comportamiento de los mismos ante la falta de control y la carencia de reglamentos y manuales de procedimientos, todo lo cual “creó un ambiente propicio para el desarrollo de las irregularidades constatadas”.
El informe recomendó iniciar “investigaciones administrativas y sumarios” para “determinar responsabilidades por el trabajo extraordinario inexistente, o que excede los límites legales, así como por no ser autorizado por el respectivo jerarca en forma fundada”.
El pedido de la Junta y el alcance
La Junta Departamental solicitó al TCR en diciembre de 2023 la auditoría en la que pidió que le informara sobre cinco puntos: analizar el procedimiento de generación, liquidación y pago de las horas extras y compensaciones por mayor horario, incluyendo las autorizaciones, registros, sistema informático, control interno y adecuación de la normativa correspondiente entre 2020 y 2023; analizar el riesgo de que existan más funcionarios con irregularidades; analizar si existieron irregularidades y determinar los responsables involucrados en el caso de 14 funcionarios; para esos mismos funcionarios determinar el importe cobrado por cada uno de ellos en concepto de horas extras y compensaciones por mayor horario y si se realizaron los respectivos aportes a la seguridad social.
Por último, se consultó sobre el importe de horas extras y compensaciones por mayor horario pagado entre 2020 y 2023 a los funcionarios que realizan en promedio más de 80 horas extras por mes. De ese relevamiento es que surge que se pagaron $ 52.722.024 por horas extras a 53 funcionarios y si se le agregan las compensaciones la suma llega a los $ 54.780.057. Esos 53 funcionarios figuraban con entre 80 a 134 horas extras en promedio.
A su vez el total de horas extras ejecutado entre 2021 y 2023 fue de $333.222.647 cuando el total presupuestado para esos tres años había sido de $244.846.849.
El pago de horas extras se basa en algunas normas entre las que figuran artículo 9 del Presupuesto Departamental, que determina como irregular cuando se superen las 72 horas extraordinarias mensuales para los funcionarios con jornada de 6 horas diarias, y de 16 en los casos de funcionarios con carga de 8 horas. También la orden de servicio N° 005/023 dictada por el intendente el 22 de noviembre de 2023, que dispuso que las horas extras se liquidaran hasta la cantidad de 80 horas.
La auditoría analizó en detalle una muestra del 16,6% del período que involucra un total de 26 funcionarios relacionado con los meses de diciembre de 2020, julio y diciembre de 2021, y febrero, agosto y diciembre de 2022 y concluyó que “se pagaron horas extras por encima del límite establecido en el Convenio 30 de la OIT, que no hay constancia de las tareas que realizaban los funcionarios ni justificación de las horas extras.”
Los casos sospechosos
A pedido de la Junta Departamental, el TCR puso foco en nueve funcionarios sobre los que se solicitó el detalle, a los que luego se agregaron otros cuatro. Entre ellos estaba Stefani Severo, la pareja del primo del intendente Caram, el único caso por el cual la Justicia se pronunció hasta el momento, quien cobró $ 1.493.378 por horas extras irregulares.
Sobre cuatro de esos funcionarios, el TCR dijo que "se les liquidaron horas extras estando de licencia", cómo informó el periodista Eduardo Preve en radio M24. De los 13 casos varios están mencionados en la denuncia que presentó a Fiscalía el edil del Partido Colorado Daniel Argañaraz.
Uno de ellos es el de Miguel Irrazabal, asesor de la Dirección General, quien cobró más de 100 horas extras mensuales, más de 48 horas por semana. Según señaló el TCR, no constan las marcas en el reloj biométrico entre diciembre 2020 y diciembre de 2022 y desde mayo de 2023, el secretario general le autorizó a realizar una carga horaria máxima de 100 horas extras mensuales.
Otro caso es el de Nelson Rolon, quien ocupó un cargo de confianza hasta mayo de 2022, cuando fue ascendido a grado 9 y realizaba tareas de Promoción Social. Desde ese momento se le liquidaron más de 100 horas extras mensuales, y desde marzo de 2023 se le asignó el grado 10. El TCR constató que se le otorgan horas extras sin autorización en forma previa y cobró un total de $727.977 por ese rubro. Según consta en la denuncia de Argañaraz, cobró horas extras incluso cuando estuvo un mes sin ir a la Intendencia entre el 11 de junio y el 10 de julio de 2022, y además la directora de su oficina Yessica Vasconcellos era su pareja y quien pasaba las horas extras para su posterior cobro.
Carlos Negro es encargado de comunicaciones y cuenta con una compensación del 40% pero el TCR señaló que se le otorgó esa compensación sin fundamento, sólo se establece que “viene realizando tareas que demandan una especial atención y mayor carga horaria”. Se le liquidan más de 100 horas extras mensuales y en total cobró $ 2.053.274. El TCR aclara que las eventuales responsabilidades que surjan en su caso "deberán ser sometidas a investigación administrativa o sumario".
Otro caso en el que se recomendó investigación o sumario es el de Omar Bicera, contador encargado de proyectos que realizó más de 80 horas extras mensuales, aprobadas por el Secretario General. En total cobró $ 1.582.890 de horas extras. En la denuncia penal se menciona que durante todo el año ingresó a las 7 de la mañana y salió a las 18. Se destaca que hace "más horas extras que horas comunes", ya que su cargo es de 4 horas.
En el caso de Luis Ribero es administrativo, a cargo de la flota de vehículos de la intendencia, pero también cumplía funciones de chofer y en junio de 2022 pasó a realizar tareas directamente para la Secretaría General. El TCR constató que se le liquidaron más de 150 horas extras mensuales. Es el funcionario que cobró el mayor monto de horas extras ($2.724.568).
Otro de los mencionados en la denuncia es Ney Pechi, chofer de ingeniería y obras, a quien se le otorgó una compensación del 30%. Según la documentación trabajó varios sábados y algún feriado. Recursos Humanos no detalló la cantidad de horas ni las tareas realizadas. El informe destacó que en diciembre de 2023 llegó a las 100 horas extras, superando el tope de las 80. En la denuncia del edil colorado se mencionó que "tiene una relación de pareja con la secretaria administrativa de la intendencia".
Debilidades constatadas
En el informe de 42 páginas el TCR concluye “en base a las constataciones de irregularidades y debilidades previamente determinadas” que la Intendencia “posee un débil sistema de control Interno relativo a todo lo que refiere básicamente a las horas extras y compensaciones, y no dio cumplimiento a la normativa que regula el trabajo extraordinario”. Señala la existencia de 13 debilidades aunque aclara que en marzo de 2023 se tomaron alguna medidas para subsanarlas.
En primer lugar se detectó “falta de controles informatizados que alertan si algún funcionario no cumple su horario mínimo o no esté concurriendo a trabajar”, tampoco se controlaba que quienes recibían compensación cumplirán un mayor horario, y no se justifica la necesidad de las horas extras.
También se apunta a que “los funcionarios de Recursos Humanos podían modificar sus registros de horas extras, lo que trajo como consecuencia el ingreso de información fraudulenta”. Tampoco consta que las compensaciones y horas extras sean controladas por funcionarios ajenos a dichas oficinas.
En otro orden se señalaron debilidades de control interno que luego fueron subsanadas, como que hasta noviembre de 2023 no existía un límite establecido de horas extras por escrito, y hasta abril de 2023 existían casos en los que se pagaban horas extras sin que existieran marcas en el reloj biométrico.
