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“El gobierno intenta influir en las decisiones de la Justicia”

El Observador habló con Ricardo Sáenz, fiscal general de la Nación argentino, sobre la situación de la Justicia en su país y el caso Nisman

Fiscal Ricardo Sáenz

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11 de marzo de 2015 a las 18:12

Ricardo Sáenz es fiscal general argentino y vicepresidente por parte de los fiscales de la Asociación de Magistrados de su país. Fue uno de los que convocó a la marcha de magistrados para pedir justicia por Alberto Nisman y si la causa de la muerte del fiscal es apelada, le tocará intervenir. Por eso se reserva la opinión sobre el particular.

¿Hay una ofensiva del gobierno contra la Justicia?

No sé si llamarlo una ofensiva. Lo que sí se nota es una gran preocupación del gobierno por la suerte de la denuncia presentada por Alberto Nisman por encubrimiento contra la presidenta, el canciller y otras seis personas, y paralelamente, gran preocupación por la suerte de la causa donde se investiga la muerte de Nisman.

La presidenta dice que hay un Partido de Jueces. ¿Qué opina?

Lo vemos como un ataque que no tiene ningún fundamento. Nosotros mal podemos formar un partido político, somos gente que trabajamos en la Justicia. Lo que pasa es que trabajamos en causas que son muy sensibles para el gobierno, eso es obvio.

Desde Uruguay se percibe que la justicia argentina está politizada. ¿Es así?

No tanto que la Justicia está politizada, como que el gobierno intenta influir en las decisiones de la Justicia.

¿En qué tipo de cosas?

En el principio de esta investigación traté de hacerle notar al gobierno que a través de las cartas de la presidenta en Facebook o por medio de aquella cadena nacional donde habló de si era un suicidio o un homicidio se incurría en una interferencia indebida que la Constitución prohíbe. Pero esto ya se transformó en una costumbre: todas las mañanas el gobierno de alguna manera a través de sus voceros dice que Lagomarsino en otro país estaría detenido o da pautas sobre cómo deberían ser las pericias. Esto está prohibido por la Constitución, pero se ha instalado y se sigue haciendo.

¿Qué tan grave es esto?

Es grave porque influye en el ánimo de la fiscal y de la juez que tienen que investigar. La Justicia necesita una tranquilidad que el gobierno no le está dando.

Nisman presentó una denuncia. El fiscal Pollicita la avaló, el juez Rafecas la rechazó. ¿Cómo puede haber tanta diferencia frente a un mismo escrito?

El tema de la denuncia de Nisman es también debatido. Se ha planteado una discusión jurídica en la que intervinieron desde el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni hasta algunos juristas muy prestigiosos del país, que no entiendo realmente qué papel pretenden jugar en la escena. Todo intento de desacreditar el contenido de la denuncia o de desacreditarlo al propio Nisman –como se ha instalado, pues se habló de que era homosexual, borracho, drogadicto–, todo eso son intenciones funcionales a no abrir la investigación. No son discusiones jurídicas, por más que estén teñidas de argumentos jurídicos. Una denuncia es una hipótesis delicitva para investigar. Personalmente, no resiste el menor análisis, pero evidentemente hay mucho interés de por medio.

¿Ha cambiado el ánimo entre la gente del ámbito jurídico a raíz de esto? ¿Ve gente más incómoda o presionada?

Me causó mucha sorpresa cómo algunos prestigiosos juristas están tratando de convencernos de que hay que archivar una denuncia sin abrir ninguna investigación, de la mano de argumentos jurídicos.

¿Hay garantías a futuro? ¿Se sabrá algo?

Tengo la esperanza de que algo más se va a poder averiguar. No sé cuánto.

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