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Ministra de SCJ: juezas que actuaron previo a femicidio cometieron “falta gravísima”

El máximo órgano judicial evaluará este lunes qué medidas tomar con las magistradas
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11 de marzo de 2019 a las 12:26

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia se reunirán este lunes para tomar una decisión luego de recibir los informes que dos juezas de Artigas enviaron este jueves para explicar por qué dejaron en libertad al hombre que luego, el 5 de marzo, asesinó a su expareja cuando semanas atrás había violado una prohibición de acercamiento y comunicación para amenazar de muerte a su víctima. Sin embargo, ya hay dos jerarcas que adelantaron su posición y hablaron de una "falta gravísima" y "sensación de desasosiego" ante la conducta de las magistradas.

"A mí me ha dado una sensación de desasosiego porque se ha trabajado fuertemente para que este tipo de situaciones no se produzcan", lamentó el ministro Jorge Chediak en entrevista con Telenoche este domingo. "Una vez que se ha denunciado una situación de violencia doméstica, si todos cumplimos con nuestro deber y trabajamos adecuadamente, el sistema tiene que estar en posibilidad de prevenir que escale y prevenir que se llegue a situaciones irreversibles, como ha pasado", agregó.

La ministra Bernadette Minvielle dijo a Telemundo este viernes que consideraba que las juezas Natalia López y Paula March –titular del Juzgado de Familia de 3er turno– habían cometido una falta gravísima. Y en diálogo con El Observador ratificó esa observación. Dijo que su opinión la había tomado luego de leer los informes de las magistradas e intercambiar comentarios con sus colegas en un grupo de WhatsApp.

Cuando fue consultada sobre qué errores cometieron March y López en sus actuaciones, respondió que había encontrado "muchas cositas". "Los hechos que hemos analizado hasta el momento se muestran con cierta contundencia", evaluó.

Rosana Batista, una policía de 29 años que trabajaba en la Jefatura de Artigas, había acudido a la Justicia el 15 de enero para denunciar que era víctima de violencia doméstica, y ese día la jueza López –que sustituía a March durante la feria judicial– dispuso que el hombre no se acercara a la expareja a menos de 500 metros ni tuviera ningún tipo de comunicación con ella, durante 180 días. Además, según consta en la resolución judicial a la que accedió El Observador, se ordenó una pericia psicológica al indagado y un "informe social del hogar".

Dos semanas después el hombre violó la restricción de comunicación y le envió mensajes a través de Whatsapp a la hija de ambos, de 10 años de edad, según dijeron fuentes del caso a El Observador. El hombre amenazó con matar a su expareja si la veía con otra persona.

Sin embargo, March –ya de regreso en el Juzgado de 3er turno– se limitó a reiterar "por vía telefónica" que el hombre cumpliera con lo dispuesto por su colega 15 días antes "bajo apercibimiento" de que si continuaba con su actitud incurriría en un delito de desacato.

Poco más de un mes y medio después la mujer fue asesinada en su vivienda, ubicada en las afueras de la capital del departamento. El hombre estaba muerto en otra habitación de la casa. La fiscal del caso, Valeria Sánchez, ya confirmó que se trató de un femicidio y que el hombre luego se suicidó. 

En el artículo 11 de la ley de violencia doméstica de 2002 –que creó los juzgados especializados en la materia– se establece que "si las medidas dispuestas no se cumplen, el juez ordenará el arresto del agresor por un plazo máximo de 48 horas".

Sin embargo, los magistrados actúan bajo el principio penal conocido como "marco de discrecionalidad" que implica evaluar los hechos al margen de la letra estricta de la ley. En este caso, la Suprema Corte de Justicia tendrá que definir por qué las juezas interpretaron que violar la restricción de comunicación al enviar mensajes de texto no constituyó una "falta grave" que ameritara enviar el hombre a prisión o disponer medidas como la instalación de una tobillera electrónica.

Chediak no tuvo dudas en afirmar que dejar al hombre en libertad era algo que no debería haber ocurrido.

El Observador intentó el contacto este viernes con March para conocer por qué no había dispuesto medidas más duras, pero se negó a hacer declaraciones. Sin embargo, sí dialogó con Telemundo y declaró que ella no tenía ninguna responsabilidad. 

"Con medidas o sin medidas de la forma que sean, yo pienso que la persona que tiene esa determinación tan complicada como lo que fue la resolución de ese caso, que terminó con la vida de los dos (...), no le podés poner una valla (...), evidentemente va a consumar eso", dijo March. Y agregó: "Es algo que evidentemente lo tiene predeterminado. No es una violencia común y corriente, (y) evidentemente estaban dadas las condiciones para que esto escapara de la posibilidad de evitarlo".

La magistrada también expresó que no compartía la preocupación de la SCJ. "Buscar la falla en el sistema judicial no creo que sea un buen enfoque", dijo.

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