Abogados penalistas opinan que filtrar los antecedentes de una persona es delito

Cuando el pasado viernes un funcionario del Mides le cerró la puerta de un refugio a Gustavo Castellini, ante la presencia de las cámaras de televisión, lejos estuvo de dar por cerrado un caso que acabaría teniendo diversas ramificaciones, incluso después de que el hombre consiguiera un techo donde dormir junto a su hijo.

En su afán por defender el accionar de los funcionarios del Mides, el gobierno filtró a algunos medios de comunicación los antecedentes de Castellini, una práctica que fue cuestionada como "poco ética" por académicos, abogados y dirigentes de la oposición.

Pero hay quienes van más allá y sostienen que el gobierno puede haber incurrido en un delito al filtrar los antecedentes del hombre intencionalmente.

Según el penalista Andrés Ojeda, se trata de "una conducta que está en un gris", aunque sostuvo que puede aplicarse el artículo 302 del Código Penal, que castiga la revelación del secreto profesional. La norma sostiene que "el que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con 100 unidades reajustables (US$ 3.500) a 600 unidades reajustables (US$ 20.000) de multa".

Ojeda advirtió que el artículo no solo refiere a los secretos que se le confían a un cura, un abogado o a un médico, sino que es "mucho más amplio" y establece que "no podés revelar secretos que vos conozcas en el marco de tu profesión".

En el caso del Mides, afirmó, se "utilizó la información que no está a la orden del público directamente para perjudicar" a una persona. Como ejemplo de la confidencialidad de la información filtrada, Ojeda acotó que si un empleador desea conocer los antecedentes de un eventual trabajador, "tiene que pedir un certificado de buena conducta, que en ningún momento dice qué hizo o no hizo".

Por su parte, el abogado Juan Fagúndez también consideró que la conducta "puede incurrir en un tipo penal". Según afirmó, "no es válido" que el gobierno "saque información de una persona de una manera sucia".

"Se supone que vos no podés estar ventilando los antecedentes de una persona, menos cuando el Estado está sometido a cuestionamientos", agregó, y dijo que se trató de "información privilegiada".

Según Ojeda, "por lo pronto el caso debería implicar una investigación administrativa" y añadió que "si se encuentra al responsable de dar la información, amerita que se le haga una denuncia penal".

"Si se sabe que un jerarca del gobierno, para ahorrarse un lío público, dio información que ensució a una persona, cabe la denuncia, más aún tratándose de información que obtuvo por ser un jerarca público", insistió.

En ningún caso, aclaró, esa investigación puede obligar al medio a revelar sus fuentes. "Esto no implica que la Justicia le pueda pedir al medio que diga quién le dio la información", sostuvo el abogado.

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, señaló que "por ahora" no está en los planes del organismo analizar la conducta del gobierno en este caso.

"No he visto esos temas y no se ha planteado, por lo que no veo que se vayan a plantear", aseguró el jerarca, y agregó que "el organismo ha estado ocupado con otros temas", como su informe sobre el uso de las tarjetas corporativas a cargo del senador del Frente Amplio, Leonardo De León.

El abogado y máster en derecho administrativo Miguel Pezzuti había dicho este martes a El Observador que el caso de Castellini ponía en duda la ética del gobierno, al compartirse información "irrelevante". Gil Iribarne, sin embargo, dijo que "no todo lo que tiene que ver con la ética le compete a la Jutep".