Abuso policial: ¿cuál fue el resultado de las denuncias que se presentaron en 2020?

Se refirió concretamente al compromiso que asumiría el gobierno con la policía, mediante el apoyo legal y moral a todos los uniformados. “No estamos dispuestos a ceder territorio a la delincuencia ni al narcotráfico y vamos a perseguir el abigeato”, afirmó ese día en la Plaza Independencia.

Al día siguiente, tuvo la primera reunión de trabajo y fue con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. En ese momento se refirió a la ley de urgente consideración -que en ese entonces era un anteproyecto- que se había presentado en enero, antes de asumir en el gobierno, para habilitar a la policía a pedir la cédula en cualquier momento, entre otras modificaciones.

"Estoy seguro que ningún ciudadano que esté trabajando, paseando, haciendo los mandados si se le acerca una policía en buenos términos y le solicita que se identifique va a tener ningún problema porque al fin y al cabo va a saber y va entender que lo está haciendo para su protección", señaló.

Es así que la policía salió a la calle con el respaldo del gobierno, tal como lo señaló la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (ISifpom), Patricia Rodríguez. "Creo que es el discurso que quería escuchar la gente y que quieren escuchar sus trabajadores policiales. Un discurso que habla de respaldo al funcionario policial y de mano dura con la delincuencia", afirmó.

Sin embargo, en apenas diez días comenzaron los cuestionamientos hacia el accionar policial, y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) informó que en apenas dos semanas recibió 22 denuncias de presunto abuso policial. Algunas se presentaron en la Justicia.

Varias denuncias se hicieron virales en las redes sociales, como el operativo dispuesto por la Jefatura de Policía de San José el 5 de marzo contra un grupo de malabaristas –uno de ellos con dos machetes, de los que se usan para malabares–, en el que un policía del Grupo de Respuesta Táctica apuntó con una escopeta con munición no letal contra uno de los detenidos.

Ese mismo día, un funcionario de la Intendencia de Montevideo había denunciado que fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de policías en los accesos a Montevideo. Además, según la denuncia que presentó, fue herido en una pierna por un arma de fuego, lo que fue certificado por un médico forense.

El Ministerio del Interior se defendió con un video filmado por el oficial que dirigió el operativo que había ocurrido el jueves 5 de marzo, en la intersección de la Ruta 1 y Carlos María Ramírez. Y el video comprobaba, según la versión policial, que el hombre no había sido insultado, golpeado ni baleado.

La estrategia de la cartera de seguridad cada vez que se cuestionaba un operativo era defenderse con imágenes, y no fue la excepción cuando en noviembre durante una intervención en la plaza Liber Seregni, donde fueron agredidos tres policías.

Lo cierto es que en ninguno de estos casos hubo ni en otras denuncias que derivaron en investigaciones administrativas en el Ministerio del Interior hubo, hasta el momento, sanciones hacia los funcionarios, según confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio del Interior.

En tanto, la Justicia, imputó a dos policías por abuso de funciones cuando uno de ellos utilizó una picana eléctrica contra un detenido el pasado 30 de junio en Pocitos. Sin embargo, por los operativos que se viralizaron o donde efectivamente hubo denuncias ante la Inddhh, no se llegó a ninguna formalización.

De todas formas, hay investigaciones que todavía no culminaron a nivel judicial ni en el Ministerio del Interior.

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Nuevas potestades

La ley de urgente consideración, aprobada en julio, agregó en el Código Penal un artículo que defiende a los policías de agresiones. "El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías” será castigado con tres a 18 meses de prisión.

Como ejemplo de la aplicación de ese artículo, esta semana la Justicia de Maldonado condenó a seis personas involucradas en las agresiones y pedreas a policías en la ciudad de Pan de Azúcar. Cinco de los indagados fueron condenados por cometer el delito de agravio a la autoridad policial, además de dos delitos de daños agravados en reiteración real. 

Otros artículos que modificaron la actuación fueron la ampliación de dos a cuatro horas que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, o la potestad de policías y militares de registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”, la posibilidad de que un hombre cachee a una mujer (o al revés) sin autorización expresa.

Por otra parte, se agregó la posibilidad de que efectivos retirados actúen en un caso de “flagrancia” con las mismas “facultades legales” que el personal en actividad, el derecho de los efectivos retirados al porte de armas, la presunción de la legitimidad de la actuación policial y la potestad de la policía de llevar a una dependencia policial a quien no pueda identificarse por no tener los documentos arriba.  

El ministro Larrañaga defendió la ley de urgente consideración (LUC), en el marco de la campaña pro-referéndum que encabeza el PIT-CNT y cuenta con el apoyo del Frente Amplio para derogar 135 artículos que de esta ley.

"Todos los hechos dramáticos que decían iban a acontecer a consecuencia de la LUC, toda la situación de pérdida de derechos de la ciudadanía y la vulneración de las garantías de la gente. Todo eso no se dio. Esa es la realidad", dijo Larrañaga días atrás en radio Montecarlo.

El secretario de Estado aseguró que hay una "fuerte incidencia positiva" en los artículos de la LUC con respecto al combate al delito.

Baja de delitos

El objetivo de reducir las cifras de delitos se cumplió en los primeros 11 meses de gestión, ya que las denuncias de todos los delitos bajaron en enero de 2021 en comparación con el mismo mes del año anterior, según las últimas cifras divulgadas por el ministerio del Interior. 

Las denuncias por delitos de abigeato fueron las que tuvieron la mayor caída con un 37,50% menos con respecto al 2020, le siguen las rapiñas que descendieron 23,47%, los homicidios con 21,05% menos, hurtos fueron 19,42% y las denuncias por violencia doméstica descendieron 18,62%.