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Aduanas investiga posibles omisiones en controles a Balcedo

Organismos del Estado sostienen que faltan leyes para mayores controles

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15 de marzo de 2018 a las 05:00

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) inició una investigación administrativa para definir si existieron omisiones por parte de sus funcionarios en los debidos controles a los movimientos del sindicalista argentino Marcelo Balcedo, investigado por lavado de activos a ambas orillas del Río de la Plata.

Mientras Balcedo cumple prisión preventiva en el Centro de Ingreso, Derivación y Diagnóstico (ex Cárcel Central), en el sistema político uruguayo buscan definir las razones por las que la actividad del argentino no prendieron ninguna "luz roja" pese a que movía una importante cantidad de dinero en el país.

Por ahondar en ese asunto, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a delegaciones de ocho oficinas estatales involucradas en el control aduanero o financiero, Por el anexo del Palacio Legislativo pasaron representantes del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Impositiva (DGI), el Banco Central (BCU), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), la Dirección Nacional de Migración, y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Pero ninguna de las respuestas brindadas por las delegaciones conformó a la oposición, que cree que existe una "falta de autocrítica" entre las autoridades.


De todos esos organismos, solo la Dirección Nacional de Aduanas inició una investigación administrativa para averiguar si hubo omisión en los debidos controles en el caso de Balcedo, según informó ante la comisión el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.

Responsabilidades

Pero más allá de ese caso puntual, las autoridades que comparecieron este miércoles justificaron la falta de controles en la ausencia de un marco legal (al menos hasta noviembre de 2017, cuando se aprobó una nueva ley de control de lavado de activos). "Hubo muy poca autocrítica. Reconocen colateralmente la falla de algunos controles pero lo atribuyen a la ausencia de legisación. Eso es parcialmente cierto", dijo el diputado nacionalista Gustavo Penadés, quien tuvo la iniciativa de la convocatoria al Parlamento. "El ingreso de divisas y armas en forma irregular, la compra de inmuebles por sociedades anónimas, todo eso es perfectamente detectable", afirmó.

El director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, explicó que en 2015 recibieron información desde Argentina respecto a las actividades "irregulares" de Balcedo, desde presuntos delitos fiscales hasta conexiones con el narcotráfico, pero que "la secretaría en ese entonces no consideró necesario abrir un caso" porque "el delito precedente no estaba claro", dijo Espinosa a la salida de la comisión.


Aunque el delito fiscal se agregó como precedente del lavado de activos en la ley aprobada por el Parlamento en noviembre de 2017, la oposición entiende que hubo fallos en los controles. "Preguntamos cómo ingresó los US$ 7 millones que tenía en los cofres, pero nadie supo contestar", dijo el diputado colorado Conrado Rodríguez.

Según Penadés, uno de los principales problemas fue la falta de coordinación entre las oficinas del Estado, ya que la Secretaría Antilavado no remitió a otros organismos la información a la que había accedido. "Tenían información sobre presuntas irregularidades y no la compartieron con otras agencias para que la fiscalización fuera más eficiente", sostuvo.

Ocho sospechosos en la mira

El director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, informó que actualmente su oficina tiene identificadas a ocho personas como "posibles sujetos obligados que interactuaron con Balcedo". Según señaló, "hay tres que actuaron en temas societarios, que podían ser apoderados o testaferros".

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