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“Hay una obsesión de desprestigiar a las empresas públicas”, respondió Cosse

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Antel hizo denuncia penal por la construcción del Antel Arena y Cosse defendió el proyecto

Mientras el abogado de la empresa estatal señaló que hay “hechos con apariencia delictiva”, la intendenta afirmó que “no hay nada nuevo”

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08 de noviembre de 2021 a las 20:57

La empresa de telefonía estatal, Antel, presentó este lunes a través del abogado Gustavo Bordes una denuncia penal ante la fiscalía para que investigue presuntas irregularidades en la construcción del complejo Antel Arena. El profesional dijo que hay hechos que se deberán investigar por “apariencia delictiva”, al tiempo que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, afirmó que “no hay nada nuevo en esto”.

“Hay una obsesión de desprestigiar a las empresas públicas”, sumó este lunes la jerarca en una rueda de prensa, acerca de la decisión de las actuales autoridades de la empresa, de llevar el caso a la Justicia. La acción ocurrió luego de una auditoría sobre la obra y de un informe concluyente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al respecto.

Ese texto “hace referencia a desprolijidades” y es necesario establecer la responsabilidad penal de las personas involucradas, consideró Bordes. “No se denuncia a ninguna persona en particular, se denuncian hechos (...) Los funcionarios públicos tienen la obligación administrativa y penal a denunciar todo este tipo de hechos”, reafirmó, y añadió que el perjuicio de este caso es económico.

Por su parte, Cosse dijo: “Yo confío en todos los funcionarios que trabajaron en los proyectos de Antel, quiero dar un mensaje de respaldo personal a ellos y a sus familias”. Además, se preguntó “cuál es la estrategia de Antel”. “No veo ningún proyecto, eso es lo que tenemos que discutir”, dijo.

Cuando se presentaron los datos de la auditoría, en diciembre de 2020, Antel informó que el costo final de la obra fue de US$ 118 millones. Ese monto es de casi triple de lo que había informado Carolina Cosse en 2013 –cuando era presidenta de la empresa estatal–.

La auditoría también indicó que “el 88,6% de las compras (por un total de US$ 96, 1 millones) fueron, de acuerdo a lo informado, compras directas en las que se invitó a cotizar a por lo menos dos posibles proveedores”.

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