Este jueves declaró en fiscalía el escribano Álvaro Fernández, imputado por formar parte de la banda que gestionaba pasaportes uruguayos apócrifos a ciudadanos rusos a raíz de partidas de nacimiento adulteradas. Según supo El Observador, la fiscal del caso Gabriela Fossati le reiteró las preguntas que le había hecho en la indagatoria anterior y el escribano amplió la información.
El cuestionario se centró en su vinculo con el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, la relación con los clientes rusos y el traspaso de varios apartamentos entre él y otro de sus cómplices, el gestor ruso Alexey Slivaev. En una audiencia judicial que se realizó a mediados de octubre, Fossati individualizó dos apartamentos en la calle Cerrito que habían sido vendidos por Slivaev a Fernández y su pareja, Patricia Medina, también imputada en esta causa.
Sobre el vínculo con Astesiano, Fernández insistió en que el rol del excustodio era, a través de los contactos que tenía por formar parte del gobierno, "apurar" trámites. Lo que quizás para una persona cualquiera demoraba meses, Astesiano podía lograrlo en semanas o días. Aún así, insistió en todo momento que se trataba de trámites legales.
También lo consultó sobre quiénes facilitaban que Astesiano pudiera "apurar" los trámites. En ese contexto, Fossati volvió a traer el nombre de un excónsul uruguayo en Rusia por el que también consultó a Slivaev el miércoles. El gestor había señalado que era en Rusia donde otras personas cometían las irregularidades y cuando a él le llegaba la documentación a Uruguay, todo lo que hacía era lícito.
Pese al malestar de Fernández porque horas antes el juez Alejandro Asteggiante le había negado la prisión domiciliaria, la declaración transcurrió con relativa tranquilidad, hasta que la fiscal Fossati advirtió lo que, a sus ojos, era una contradicción en el testimonio del escribano. Ella le señaló que Astesiano declaró que él cobraba una remuneración por "apurar" esos trámites y el escribano había afirmado que nunca llegó a pagarle por eso.
Este jueves Asteggiante determinó que el escribano Álvaro Fernández continúe en prisión preventiva y no acceda a la posibilidad de cumplir con la medida cautelar de forma domiciliaria, tal cual lo había pedido la defensa en los últimos días por motivos de salud.
Según argumentaron, el escribano tiene problemas renales y necesita de la supervisión de un nefrólogo, así como de un especialista en Urología. Sin embargo, Asteggiante no hizo lugar al pedido y dispuso que el imputado sea trasladado las veces que sea necesario a su mutualista.
Tal como informó El Observador, un informe del Instituto Técnico Forense (ITF) indicó que el escribano Fernández está en condiciones de continuar en prisión. El instituto revisó los certificados y entendió que si bien se le tiene que garantizar la consulta con dos especialistas, puede permanecer preso.
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