Astori, última parada

En 2014 el entonces presidente José Mujica dijo que el siguiente gobierno debería elevar la edad de jubilación. En agosto de este año, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostuvo que "todos los parámetros básicos del sistema previsional tienen que ser transformados". El mes pasado el presidente Tabaré Vázquez admitió que el sistema era insostenible y marchaba rumbo a la quiebra, aunque dijo que la tarea de reformarlo quedará para el siguiente gobierno.

Los jubilados, que significan cerca del 20% del padrón electoral, y los aspirantes a serlo en el corto o mediano plazo, son una clientela política irresistible. Nadie encara de buena gana una reforma que reduzca derechos o imponga más gravámenes.

La flexibilización de las jubilaciones a partir de 2008, a las que se accede con 60 años, una edad baja para una situación demográfica como la uruguaya, aumentó mucho el número de retiros, y obligó a una creciente asistencia al Banco de Previsión Social, que este año superará los 600 millones de dólares.

El gobierno puso en marcha un ajuste al sistema de retiro de los militares, cuyos déficits son extraordinarios. Pero, a contramano, también desea favorecer a un núcleo de "cincuentones" a un alto precio. En torno a este proyecto, firmado por Tabaré Vázquez, las fuerzas oficialistas se han dividido en dos bandos, con matices intermedios. De un lado, el ministro Astori y sus menguantes fuerzas políticas; en el otro extremo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, respaldado por el Partido Comunista, la central sindical PIT-CNT y sectores afines.

El enfrentamiento ha llegado tan lejos como para que, eventualmente, esté en juego la permanencia de Astori. Durante los doce años del ciclo frenteamplista, él ha sido un garante de la seriedad macroeconómica y un dique contra las tendencias experimentales o los excesos que arruinaron a otros gobiernos "progresistas" de América Latina.

Durante todos estos años Astori ha sido un "estadista", por oposición a "populista", pero —solitario y arrogante— ha fracasado en sus intenciones de alcanzar la candidatura presidencial. Sus adversarios, de cuño estatista, durante más de 20 años han tratado de acabar con el sistema de ahorro previsional privado. Las AFAP, que escapan a la égida de los políticos y mejoran las prestaciones en el largo plazo, son un complemento cada vez más importante del sistema público, que gastó todas sus reservas en las décadas de 1950 y 1960 y pasó a vivir al día y de favor.

Las escaramuzas en el seno del partido oficialista expresan la tensión entre los deseos y su financiamiento; entre el buen gobierno y los tiempos políticos. No están resueltas las candidaturas y la competencia interna impregna cada acto. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, comentó a Búsqueda que la coalición hace a la vez de gobierno y de oposición, por lo que se parece cada vez más al peronismo argentino. "Todos buscan perfilarse y pierden la mirada general".

Apremiado por sus necesidades de dinero, el gobierno fijó aumentos de tarifas a partir de enero con independencia de sus costos y de la competitividad internacional.

El precio de la electricidad para los hogares uruguayos es muy superior al que pagan los consumidores brasileños o argentinos. UTE lideró un radical cambio de la matriz energética nacional, que pasó a depender casi enteramente de fuentes renovables, como parques eólicos y centrales hidráulicas. Pero también es la empresa que más aporta a las arcas del Estado, y por lejos.

La petrolera ANCAP, que estuvo muy malherida y que tiene colaterales deficientes, aguanta todo el andamiaje con el precio de los combustibles. El litro de nafta de 95 octanos valdrá $ 50,40 a partir de enero, contra el equivalente a $ 37 uruguayos en Argentina y alrededor de $ 35 en el interior de Brasil (en la frontera es más caro). La relación del precio del gasoil es aún peor, lo que afecta severamente a la producción y al transporte.

El elevado déficit fiscal se sostiene con una deuda púbica creciente, que ya está por encima del promedio de América Latina. Más deuda significa cada vez más desembolsos, lo que –de nuevo– presiona sobre el déficit fiscal. Durante 2018 el Estado uruguayo deberá destinar más de US$ 3.000 millones al pago de intereses y amortizaciones, cifra que se aproxima al 6% del PIB.

La bola de nieve sólo se detendrá con un nuevo ajuste. Pero no ocurrirá hasta después de las próximas elecciones nacionales