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Audiencia de Operación Océano: extienden medida cautelar al único imputado con prisión
A través de una audiencia por videoconferencia, la jueza Beatríz Larrieu dispuso la prórroga de la prisión preventiva para el único imputado en la causa Operación Océano que está en la cárcel a la espera del juicio, informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes judiciales.
La fiscal del caso, Darviña Viera, solicitó que la medida cautelar se extendiera por 180 días pero la jueza accedió a una prórroga de 45 días. Esta audiencia fue la primera de cuatro que se realizarán en la jornada, para discutir la prórroga de las medidas cautelares que tienen los 32 imputados de la causa, por distintos delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
El hombre que está en prisión es un empresario de nacionalidad paraguaya de 48 años, que fue imputado en junio, y la Justicia entendió que podía tener facilidades para irse del país mientras se desarrolla la investigación. Además fue el primer denunciado por una de las adolescentes y los investigadores del caso tienen indicios de que su participación en los delitos podría ser mayor a la de otros imputados ya que oficiaba de intermediario para obtener beneficios económicos de la explotación sexual.
Fue imputado por un delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, con reiterados delitos de proxenetismo y delitos previstos en el artículo 277 bis del Código Penal que hacen referencia al contacto a través de internet con menores de edad "para cometer un delito contra su integridad sexual".
Este viernes, Viera solicitará la prórroga de las medidas cautelares para los 32 imputados, como la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas, entre otras.
La jueza Larrieu solicitó que la instancia se dividiera en cuatro audiencias, luego de analizar la situación de emergencia generada por la pandemia del coronavirus y el elevado número de convocados.
En las próximas semanas se realizará la declaración anticipada de las víctimas, que fueron postergadas el año pasado por diversas razones.
El delito imputado más común hasta el momento ha sido la promesa de retribución o retribución a adolescentes a cambio de sexo, definido por la ley 17.815 de 2004, en cuyo artículo 4 se establece una pena de dos a 12 años de penitenciaría. También ha sido frecuente el delito que castiga a quien mantiene un contacto virtual para mantener conversaciones de connotación sexual con adolescentes, que el artículo 277 bis del Código Penal castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Viera logró la imputación de otros delitos sexuales, como el abuso propiamente dicho, la explotación de menores o el proxenetismo.
Las fiscal ha decidido que solicitará a la Justicia la ampliación de varias de las formalizaciones penales, en el entendido de que cuenta con evidencias como para sumar más delitos a los enjuiciados.
