El Comité de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) derivó este lunes a la Comisión de Contralor y Transparencia la denuncia que nueve clubes de Primera División hicieron contra el nuevo presidente de la institución, Ignacio Alonso. El problema que se planteó es que la comisión aún no fue nombrada.
Desde la AUF explicaron a Referí que el asunto sobre la conformación de esta comisión fue incluido en el orden del día para el Congreso del miércoles 8 de mayo, en el que se votarán las venias del nuevo Comité Ejecutivo que preside Alonso.
La Comisión de Contralor y Transparencia, que fue creada con el nuevo estatuto votado en noviembre de 2018, no está integrada debido a que, entre otros asuntos, el Congreso todavía tiene pendiente conformar comisiones y aprobar reglamentos de funcionamiento, que se resolverán una vez que se cierre el proceso electoral que finaliza la próxima semana, con la salida de la Comisión Normalizadora encabezada por Pedro Bordaberry.
En una nota presentada el 13 de abril, los clubes Cerro Largo, Cerro, Progreso, Juventud, Danubio, Fénix, Racing, Liverpool y River Plate solicitaron a la AUF que se investigara sobre una denuncia publicada en el semanario Búsqueda contra Alonso, en la que se daba cuenta que el ahora presidente de la Asociación entregó información a uno de los oferentes durante la licitación para la compra del sistema de reconocimiento facial para el Estadio Centenario, que se realizó en 2017.
Según explicaron las fuentes a Referí, la Comisión de Ética analizó toda la documentación y se encontró con que los únicos elementos que tienen para considerar son recortes de prensa.
Debido a esta situación, solicitaron a Contralor y Transparencia que instruya y luego devuelva el expediente a Ética con los elementos que puedan aportar para brindar el fallo definitivo.
En ese momento Alonso, que se puso a la orden del tribunal para brindar toda la documentación y testimonios que le solicitaran, explotó frente al proceder de los dirigentes de los clubes que perdieron las elecciones del 21 de marzo en la AUF, y dijo: “Es una operación política lamentable. Sin ningún tipo de antecedentes en cuanto a la bajeza. Se está tratando de desestabilizar a un presidente electo legítimamente a través de una carta que no termina de decir que lo quieren voltear”. Y añadió en diálogo con Referí: “Yo no soy hipócrita. Hay una serie de equipos que no entienden que ya finalizó el período electoral, piensan que hay un alargue. Es realmente triste”.
El tema seguirá su curso, Alonso asumirá el jueves 9 de mayo y la Comisión de Ética (que integran Elder Améndola, Jorge Castiglioni, Álvaro Ezcurra, Santiago Ostolaza y Olivier Viera) se expedirá después de que la nueva comisión que debe formar la AUF estudie el caso y devuelva el expediente.
De acuerdo a lo que establece el artículo 84, la Comisión de Contralor y Transparencia creada en noviembre del año pasado “dispondrá de las más amplias facultades de supervisión, vigilancia y contralor respecto a: a) cumplimiento del presente Estatuto, reglamentaciones y normas aplicables; b) cumplimiento de los contratos; c) cumplimiento de los procedimientos de contratación y/o adjudicación con terceros”. Y establece que “ante cualquier incumplimiento, efectuará las denuncias respectivas ante los órganos que correspondan”.
El problema que se plantea es conformar la comisión de acuerdo a lo que establece el estatuto. Estará integrada por tres miembros que deberán tener alguna de las siguientes características:
En la primera instancia, que será considerada el miércoles 8 de mayo, los miembros serán propuestos por las autoridades de la AUF y deberán lograr cuatro quintos de los votos del Congreso, lo que equivale a 61 de los 76. En caso de no alcanzarlos, deberán convocar a un nuevo Congreso para considerar los nombres que en esa segunda instancia serán propuestos por los integrantes del cuerpo y se resolverá por mayoría simple, pero con un detalle: el fútbol profesional, el fútbol amateur y los grupos de interés propondrán un nombre cada uno de acuerdo a las exigencias planteadas en primer término (abogado, contador, economista grado tres o superior o exmagistrados).
El estatuto establece que la actividad de estas personas podrá ser remunerada.
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