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Bancada femenina se reunirá con la Corte para negociar instalación de juzgados de género

Entre las iniciativas que se pondrán arriba de la mesa, se planteará formar a los jueces penales en violencia de género mientras se encuentra la financiación para poner en funcionamiento las sedes especializadas

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26 de enero de 2021 a las 19:30

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, recibirá este miércoles a la vicepresidenta Beatriz Argimón junto a legisladoras de la bancada bicameral femenina y este jueves a la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Bottero, quienes negociarán con el representante del Poder Judicial para lograr la instalación de los tres juzgados especializados en género que fueron creados en la ley de Presupuesto Nacional, informaron a El Observador fuentes del máximo órgano de la Justicia.

Para poner en funcionamiento estas sedes se debe tomar uno de dos caminos: o se encuentra la forma de llegar a los recursos que la SCJ necesita para instalarlas como lo dicta la norma, o se crean los juzgados especializados, pero sin la competencia penal que planteaba la ley de violencia de género. De seguirse esta dirección, Bottero le trasladará a Sosa que, mientras se trabaja en la búsqueda de la financiación, se realicen cursos de formación en violencia de género a los jueces penales de todo el país como compensación transitoria a la ausencia de magistrados especializados en el área, contaron fuentes políticas

Argimón, en tanto, visitará a Sosa este miércoles, acompañada por legisladoras de la bancada bicameral femenina –en representación de todos los partidos–, para manifestarle al presidente de la Corte la voluntad del sistema político de llegar a un acuerdo, tanto a nivel presupuestal como jurisdiccional para instalar las sedes. Tras la última reunión por el tema de la bancada bicameral, Argimón dijo varias veces en rueda de prensa que el objetivo era "avanzar en un diálogo" para solucionar la situación y poder así llevar adelante "la concreción de juzgados especializados".

La SCJ informó al presidente Luis Lacalle Pou, mediante una carta enviada en diciembre, que los recursos asignados en la ley de Presupuesto no eran suficientes para cumplir con la norma, y que por lo tanto no sería posible crear los tres juzgados multimateria al norte del Río Negro, como se había acordado.

Por lo que, tanto Argimón como Bottero le plantearán al presidente de la Corte alternativas para su financiación. Fuentes políticas aseguraron que se recordará que están a disposición los $ 20 millones anuales que se desprenden del ahorro de la Cámara de Diputados, y que iban a ir a Inmujeres pero que por iniciativa de Bottero se propone ahora redirigir al Poder Judicial para resolver el problema.

La Corte, enterada de esta propuesta que data desde comienzos de diciembre –cuando se discutía aún el Presupuesto en el Senado–, envió una carta al Ministerio de Economía para saber si podría contar con esos recursos, pero no fue respondida.

Para instalar estos tres juzgados, la SCJ precisa por año aproximadamente $ 100 millones. La ley asignó $ 57 millones anuales, lo que resulta insuficiente para financiar la creación y puesta en funcionamiento de las tres sedes.

De esta manera, como la partida de Diputados no alcanza, el Ministerio de Economía está en negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener los recursos que falten, se informó.

Sin multimateria

Al menos 11 legisladores del oficialismo tienen en carpeta un proyecto que prevé que estos tres juzgados en particular no tengan competencia en materia penal y de familia (para resolver divorcios o tenencias), aunque así lo dispongan la ley de Presupuesto y la Integral de Violencia Basada en Género aprobada en diciembre de 2017, según dijo días atrás a El Observador la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín. 

La iniciativa recoge uno de los argumentos de la Corte, en cuanto a que los recursos del Presupuesto alcanzarían para formar los juzgados siempre y cuando se reduzcan las competencias, especialmente la penal, tal como lo habían previsto los magistrados en el mensaje que enviaron al Poder Ejecutivo a mediados de año, cuando comenzaba la discusión presupuestal.

Con la nueva reasignación –que contemplaba pagar los juzgados con lo que sobrara de los $ 800 millones destinados a abonar el pago de sentencias por la readecuación salarial– la Corte entendió que no hay presupuesto para jueces, juzgados, actuarios ni infraestructuras, si se piensa concretar al pie de la letra lo dispuesto en el Presupuesto Nacional.

"Cuando armamos los costos habíamos calculado una estructura más sencilla", señalaron el jueves fuentes de la Corte.

Asiaín, por su parte, opinó que no es viable al momento poner en práctica la "atención demasiado integral" prevista en ambas leyes. "Quizá en Finlandia sí se podría, pero acá no", dijo la senadora, y suscribió también a los reparos técnicos que la SCJ planteó a la modalidad multimateria, como el hecho de que bajo el marco del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), el proyecto pierde sentido, porque ya no son los jueces los que dirigen las investigaciones y llevan el apunte de todos los casos judiciales, sino los fiscales.

Este martes se desarrollaron distintas conversaciones en la coalición de gobierno para acercarse a una propuesta que cuente con los votos necesarios en el Parlamento.

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