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BPS identificó a 10.450 niños y adolescentes no escolarizados a los que puede suspenderle la asignación familiar

Se retirará el pago de las Asignaciones Familiares a aquellos que no estén inscritos en ninguna institución

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14 de julio de 2018 a las 19:09

El BPS anunció que suspenderá el pago de las Asignaciones Familiares a partir de setiembre a 10.450 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que no están registrados en ninguna institución educativa.

En caso de figurar entre los no registrados en centros de enseñanza y estar inscriptos, se deberá presentar en las oficinas del BPS el certificado que compruebe la inscripción en algún instituto público o privado de enseñanza: Primaria, Secundaria y CETP (ex UTU) o en instituciones de educación no formal. El plazo para hacerlo es antes del 31 de julio. De todos modos, se aclara que de presentar la constancia con posterioridad al 31 de julio, se rehabilitará el beneficio de forma inmediata.

A partir del lunes 2 de julio se podrá consultar si los menores están comprometidos a través de la web de consulta de inscripción y asistencia a centros de enseñanza, por teléfono al 1997, o en todas las sucursales del BPS.

El comunicado del BPS señaló también que "se continuará recibiendo información directa de los centros de enseñanza y del Mides, quienes desplegarán actividades y visitas en procura del retorno de estos beneficiarios al sistema educativo".

Más de la mitad del total de posibles suspendidos tienen entre 15 y 17 años. Dentro de los posibles suspendidos, el 20% tiene edad escolar, y el 80% edad de concurrencia a estudios de nivel medio.

Los 10.450 no registrados representan al 3% de los beneficiarios totales de las asignaciones que son 30.506 niños y adolescentes. Los identificados por fuera del sistema educativo abarcan a 9.700 hogares.

Mides había propuesto no quitar asignaciones familiares por deserción escolar. En 2017 la subsecretaria Ana Olivera dijo a El Observador que "muchas veces retirando ese ingreso no necesariamente se favorece su inclusión en el sistema educativo y sí se está penalizando doblemente a la familia".

El consejero de Primaria Héctor Florit respondió en ese momento que el fundamento de la medida es asegurar la obligatoriedad, y que el Estado ejerza "una función coercitiva ante los padres con una retención económica".