También el director por el Frente Amplio en Ancap hizo fuertes críticas en una reunión organizada por el sindicato
El nuevo esquema de funcionamiento del mercado de combustibles está generando fisuras en el oficialismo. Días atrás el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) publicó un artículo en el que responde ocho preguntas sobre los cambios que se vienen a mediano plazo.
Esta semana el senador de Alianza Nacional Carlos Camy salió al cruce de esa publicación. En una exposición escrita dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, el legislador oficialista consideró este martes que la Ley de Urgente Consideración (LUC) no propuso un nuevo sistema ni nuevas reglas en el mercado de combustibles en Uruguay.
“Lo que sí propuso fue encomendar al Poder Ejecutivo realizar un exhaustivo análisis y eventualmente proponer a la Asamblea General una propuesta de revisión, tanto legal como reglamentaria del mercado de combustibles, que contemple entre otros aspectos, los siguientes: refinado, cadena de comercialización, aspectos regulatorios, tributos, subsidios, etcétera”, precisó Camy, según el documento al que accedió El Observador.
Una de las preguntas que planteó el MIEM es si se podrá adquirir combustibles a diferentes precios en las estaciones de servicio (Ancap, Axion y Petrobras-ahora Disa-). Y la respuesta fue que eso “podría ocurrir en la medida que el mercado y los consumidores reaccionen a las nuevas políticas fijadas por el Poder Ejecutivo”.
Según Camy, que fue director de Ancap entre 2010 y 2013, “adelantar estas definiciones parece inadecuado” cuando la comisión que estudiará esos temas aún no está en funciones. El senador entiende que en esa pregunta se tomó “una definición conceptual importante” y es que los sellos (compañías distribuidoras) “manejarán” los precios a los que las estaciones de servicio venderán el combustible.
“Esto implicaría una transferencia de poder a tres sellos en detrimento de las estaciones de servicio. La experiencia internacional es contundente en este aspecto y si hubiese una ruptura del equilibrio entre los distintos actores que intervienen en la cadena de distribución, podría haber también una transferencia de recursos de los eslabones más débiles de la cadena en beneficio del más fuerte (o sea de las estaciones de servicio a las compañías distribuidoras)”, advirtió Camy.
Además, el senador enumeró que en el país hay 476 estaciones de servicio distribuidas que emplean a 8.300 personas y que en su mayoría son pymes de carácter familiar. “El sistema de distribución de combustible en Uruguay funciona bien (…) Debería mantenerse el equilibrio entre los distintos actores para proteger a los más débiles”, afirmó.
Diego Battiste
También el director de Ancap en representación del Frente Amplio Walter Sosa realizó algunas críticas en los últimos días. En el futuro el Poder Ejecutivo aprobará un precio para la venta de los combustibles en las plantas de distribución de Ancap, que utilizará como base el Precio de Paridad de Importación (PPI).
Según Sosa, esa metodología “busca forzar un precio totalmente irreal” y por debajo de los costos, que va a “afectar la caja” de la empresa.
“Va a forzar a Ancap a tener pérdidas. Y si no se llega a esos precios es ir fundamentando el siguiente paso, que es el de la desmonopolización”, afirmó durante una reunión abierta organizada por Fancap la semana pasada.
De la puerta de las terminales de Ancap hacia las estaciones de servicio será un negocio que lo va manejará cada sello con sus estaciones. Todavía no está claro cómo se planteará el esquema de bonificaciones. Atado a ello, tampoco se sabe si habrá diferencia de precios según dónde esté ubicada la estación o si los sellos ofrecerán un precio uniforme para todo el territorio.
En una entrevista con El Observador, Sosa había expresado dudas sobre cómo quedará organizado el modelo de distribución secundaria.
“No podemos cometer errores porque pueden quedar muchas estaciones de servicio fuera de juego. Ya hay experiencias. En Chile las grandes distribuidoras de combustible han fagocitado a casi todos los pequeños empresarios estacioneros. Casi todas dependen de los grandes distribuidores y quedan unas pequeñas estaciones de bandera blanca, pero con muy poco margen de ganancia”, había dicho.
A principios de mes el Poder Ejecutivo emitió un decreto que habilitó la conformación de un comité de expertos que funcionará dentro de la órbita del MIEM. Sus cometidos serán analizar los estudios ya efectuados, y discutir y aprobar una propuesta de revisión integral del mercado de combustibles.
Hasta ayer no estaban confirmados los nombres de todos sus integrantes. Habrá dos representantes designados por el MIEM, uno por Economía, uno por OPP, uno por el Congreso de Intendentes y otro por Ursea. El comité de expertos deberá presentar su propuesta integral de revisión legal y reglamentaria del mercado de combustibles antes del 15 de diciembre del 2020.