En julio de 2016 John Joseph Pollesel conoció, en Canadá y a través de un amigo, al empresario uruguayo Gonzalo Aguiar. Los presentaron para hablar sobre un posible proyecto de agrominerales en Ontario. Pollesel, de origen canadiense y con una larga trayectoria en la industria minera de ese país, concretó el proyecto con la participación de Aguiar en diciembre de 2016.
Dos años más tarde, Aguiar le planteó a Pollesel una posible inversión en Uruguay vinculada al cannabis medicinal e industrial “aprovechando el auge mundial que el negocio estaba teniendo en el mundo”. Tanto Uruguay como Canadá habían legalizado la marihuana.
En su propuesta, el empresario uruguayo aseguró que estaba dispuesto a mudarse a Uruguay por dos años para viabilizar el proyecto y así fue. Una vez instalado en Uruguay, Pollesel comenzó a transferirle dinero a Aguiar para llevar adelante la inversión. Según los denunciantes, en total él y su núcleo más cercano invirtieron unos US$ 27,5 millones.
Si bien una parte del dinero se utilizó para encaminar el proyecto –Aguiar compró un establecimiento y se construyó una planta–, varios millones fueron utilizados por el empresario uruguayo para “comprar suntuosos bienes a su nombre, dar regalos a familiares de sus vínculos amorosos, viajar fastuosamente por el mundo y un sinfín de gastos personales millonarios más”, según dice la denuncia a la que accedió El Observador.
Entre los bienes que el denunciante entiende que Aguiar compró con el dinero que se apropio indebidamente está la mansión de Punta del Este conocida como La Maison, dos terrenos en el mismo balneario, una casa en el Prado y otra en Ciudad de la Costa, un yate, un auto Ferrari 458 Spider, un BMW M3, una camioneta Volkswagen Tiguan, dos motos de agua y dos cuatriciclos, según consta en la denuncia presentada ante la Justicia.
“Cabe señalar que el Sr. Aguiar es un asiduo viajante a través del mundo (en lujosos viajes)”, agrega la denuncia.
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La Maison por dentro
Tal como informó El Observador, la investigación penal contra Aguiar por la estafa no puede continuar por su muerte pero la fiscalía de Lavado de Activos encabezada por Enrique Rodríguez indagará si el empresario blanqueó dinero comprando estos bienes y eventualmente puede quedarse con los bienes que le pertenecían.
Aguiar fue asesinado el lunes 26 de febrero por su expareja en Punta del Este tras una discusión. La defensa de la acusada asegura que fue en legítima defensa y la Justicia dispuso medidas limitativas pero no dictó prisión para Romina Camejo.
Los engaños desde Uruguay
En marzo de 2019, Aguiar le informó a Pollesel (que tenía el 54% de las acciones de la inversión) que había comprado el establecimiento agropecuario en Salto donde se iba a desarrollar la operación de Boreal (Ignapin S.A.) por US$ 1.5 millones. Tres años y medio después, tras intervenir la empresa y verificar la documentación, los inversores se enteraron que en realidad la compra fue por US$ 700 mil.
La construcción de la planta de secado y curado del cannabis comenzó en diciembre de 2019 y finalizó en marzo de 2020. Para esa inversión, Aguiar solicitó US$ 11,5 millones y otros US$ 2,1 para ponerla en marcha el primer año. Al mismo tiempo, pidió unos US$ 7,5 millones para comprar tierras en Artigas con el fin de expandir el alcance del cultivo existente.
Pollesel visitó la planta en al menos tres oportunidades. Su última visita fue en enero de 2020, antes de la pandemia. “En esas ocasiones pudo apreciar los cultivos con una apariencia muy saludable y también pudo ver cómo se erguía a un paso ágil y profesional la estructura de acero de las instalaciones”, dice la denuncia.
Instagram Romina Camejo
Camejo junto a un BMW M3
En agosto de ese mismo año, Aguiar informó de un supuesto acuerdo con la empresa Drury Lane para proveerle 12 toneladas de flor de cannabis. Un mes después el empresario empezó a reportar por ventas y antes de fin de año, supuestamente, había hecho dos embarques por 4,5 millones de euros.
Si bien a esa altura Aguiar comenzó a ocultar documentos, como los estados contables, reportaba el ingreso de dinero con comprobantes de pago falsos de distintos bancos de plaza. Esas exportaciones no solo eran falsas sino que estaban lejos de la realidad del sector en Uruguay. Ni todas las empresas del sector del cannabis medicinal sumadas exportaron por esos montos.
Luego de esos embarques, aseguró que se comenzaría a repartir dividendos pero que era necesario seguir invirtiendo en el proyecto para poder continuar.
“Muchas veces se le planteó la posibilidad de financiar dichas inversiones con los dividendos obtenidos por la propia compañía pero sin mayores explicaciones planteó que dada la naturaleza del negocio (vinculado al cannabis) y la normativa financiera de los Estados Unidos los fondos no podían ser liberados de la cuenta en el BROU”, dice la denuncia.
Incluso, Aguiar llegó a transmitir que para lograr sacar la plata de las cuentas era necesario establecer una Zona Franca en Bella Unión y para ello pidió US$ 3.2 millones que fueron remitidos por Pollesel.
Durante todo 2021 no reportó grandes novedades sobre la zona Franca ni sobre el negocio pero remitió nuevos comprobantes de pago. Incluso, aseguró que hubo operaciones por 60 millones de euros y aportó un documento falso del BROU en el que aseguraba que la cuenta tenía 90 millones de euros.
A fines de 2022 comenzó a aumentar la desconfianza y ya para noviembre Pollesel le comenzó a reclamar. “Te he apoyado personalmente de muchas maneras y te he tratado como familia, respaldándote cuando había dudas, y ahora me excluís y me dejas tirado frente de los inversores”, dice un correo electrónico adjuntado en la denuncia. Pollesel también hablaba español.
Los correos se sucedieron sin respuesta hasta que el dos de enero de 2023 Aguiar envió: “John estoy volando para Canadá, te aviso y nos reunimos. Feliz año”. Obviamente la reunión nunca se concretó y Aguiar dejó de contestar.
Seis meses antes, el BPS había suspendido el certificado común de Boreal por lo que tampoco podía exportar, algo que nunca había hecho realmente. Finalmente, el 30 de enero de 2023 a pedido de Pollesel, la empresa fue intervenida y los accionistas canadienses presentaron una denuncia por estafa y apropiación indebida, entre otros delitos.
Esa investigación creó una nueva pieza, que pasó a la fiscalía de Lavado de Activos y, al mismo tiempo, continuará investigando al resto de las personas involucradas en la presunta estafa.
