Una funcionaria de nacionalidad española con dominio total del idioma ruso, que trabajaba como contratada en el consulado de Uruguay en Moscú, renunció en las últimas horas, luego de ser investigada por su participación en la falsificación de documentos para que ciudadanos rusos accedieran a pasaportes uruguayos, en el marco del caso Astesiano.
La información fue divulgada en primera instancia por el programa 12 PM de Azul FM y confirmada por El Observador con fuentes de Cancillería.
La mujer se desempeñaba como "contratada local", añadieron desde el ministerio y detallaron que ingresó a trabajar en la representación diplomática de Uruguay en Moscú el 1° de agosto de 2007. En diciembre de 2013 fue nombrada "oficial de Cancillería".
Si bien cumplía tareas en el consulado, no revestía la calidad de funcionaria del Servicio Exterior y su contrato laboral regía según la jurisdicción rusa.
Junto con los excónsules Stéfano Di Conza y Gustavo Piegas estaba siendo investigada por su participación en la maniobra para adulterar documentos públicos. En el caso de Di Conza y Piegas, ambos fueron imputados por la Justicia a pedido de la fiscal Gabriela Fossati, aunque ninguno de los dos está en prisión.
Según informó 12 PM, la mujer de origen español ocupaba un rol clave dentro del consulado, ya que conocía a la perfección el idioma y las particularidades de la normativa rusa.
La Cancillería había dispuesto sobre ella una investigación, al igual que sobre Di Conza y Piegas. En el caso de esta funcionaria, sin embargo, el alcance de las investigaciones era distinto, al no tratarse de alguien que formara parte del Servicio Exterior.
La investigación primaria recomendó iniciar un proceso disciplinario sobre la mujer –ya que no podía ser sumariada– y fue entonces que decidió renunciar. Con esa decisión, se volvió aún más compleja la posibilidad de alcanzarla con algún tipo de sanción, aunque esto sigue a estudio del ministerio.
Di Conza, el primer funcionario público que fue imputado por la causa Astesiano, apuntó contra esta funcionaria en más de una oportunidad para defender su actuación en el consulado. El diplomático se excusó ante la fiscal en que solía depositarse la confianza en el personal local que trabajaba en el consulado, debido a las restricciones del idioma.
Sin embargo, esa teoría fue desestimada por la fiscal Fossati, quien en una audiencia de febrero señaló que Di Conza debió haberse asesorado debidamente con la traductora que lo asistía en el consulado.
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