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Caso Astesiano: tribunal halla "sólidas evidencias" para mantener preso al único funcionario público imputado
El Tribunal de Apelaciones de 3o Turno confirmó la imputación del exvicecónsul uruguayo en Rusia Stéfano Di Conza por 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil. Su abogado, Florencio Macedo, había apelado la decisión de primera instancia del juez Fernando Islas de disponer su encarcelamiento preventivo hasta marzo de 2023, pero el tribunal lo rechazó, según consta en la sentencia a la que accedió El Observador.
Macedo había alegado que la normativa exige que haya "sospecha grave y fundada" de que Di Conza podría fugarse y/o entorpecer la investigación. Argumentó que en su caso no existe esa sospecha, que siempre estuvo a disposición de la Fiscalía y de la investigación administrativa —en la que no se detectó ninguna irregularidad— que se llevó adelante en la Cancillería. A su vez, no hay pruebas de que se haya comunicado en ningún momento con el resto de los imputados. Insistió en que, desde que se divulgó el caso hasta que lo detuvieron, pasaron dos meses en los que él no se fué ni destruyó pruebas.
Sin embargo, el tribunal optó por hacerse eco de la teoría fiscal, que fue esgrimida en audiencia por Gabriela Fossati. Los ministros José María Gómez y Julio Olivera entendieron que Di Conza podía huir a Rusia, de donde su pareja es oriunda. A su vez, por ser funcionario de la Cancillería, tiene acceso a prueba que luego puede resultar de vital importancia para la investigación.
"La Sala estima que la materialidad del hecho y la participación del imputado ha quedado debidamente acreditada a través de sólidas evidencias plasmadas por la Representación Fiscal", expusieron. Y a propósito de ello decidieron mantener las decisiones de primera instancia del juez Islas en todos sus términos.
Cómo cayó Di Conza
El nombre de Di Conza ya había aparecido en la investigación en más de una oportunidad. Tanto el escribano Álvaro Fernández como el ciudadano ruso Alexey Slivaev apuntaron al excónsul como uno de los que "facilitaba la ciudadanía" a ciudadanos rusos a los que no les correspondía "simulando que (....) tenían un ascendiente de nacionalidad uruguaya", según replicó la fiscal del caso, Gabriela Fossati, en audiencia.
Roman Karpov —el ciudadano ruso al que detuvieron infraganti queriendo tramitar el pasaporte con una partida falsa— admitió en fiscalía que no tenía parientes uruguayos. Sin embargo, dijo que una persona que vivía en San Petesburgo y que era una especie de gestor le había dicho que tenía "contactos" en el consulado uruguayo en Rusia. Sobre ese contacto, le dio dos características: que se trataba de un hombre que estaba casado con otro hombre de origen ruso y, la segunda, que el funcionario había sido trasladado a Uruguay nuevamente, lo que dificultaba las cosas. Entonces, el trámite de Karpov, que se había iniciado en 2019 o 2020 (la fiscal dijo no recordar la fecha exacta en audiencia) se dilató hasta 2022 e implicó que Karpov viajara a Uruguay (cosa que no sucedía cuando el funcionario estaba allá). Di Conza dejó el consulado el 7 de noviembre de 2018.
