Con la voz entrecortada, la militante nacionalista Romina Celeste Papasso contaba que el senador blanco, pieza clave en la bancada nacionalista, Gustavo Penadés había tenido relaciones sexuales con ella cuando era menor y todavía no había hecho su transición de género. "Es un tema estrictamente personal", quien habló "manifiesta intención de agraviar mi honor" y "no admito que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", fue lo que dijo el senador, en una conferencia en el Parlamento, poco más de 12 horas después.
Seis meses y 12 días después, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6o Turno, conformada por Alicia Ghione (titular), María José Brisco, Mariana Bentancor y Fulvia Favretto, pedirá su imputación por delitos vinculados a la explotación sexual de menores sobre 10 víctimas. En el pedido de desafuero, informó a los legisladores que lo investigaba por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad por realizar actos sexuales o eróticos.
La imputación, que se dará este martes a partir de las 14:30, es formalmente la comunicación de que se inicia una investigación judicial en contra del indagado y los cargos por lo que eso sucede. Aunque tiene consecuencias reales para la persona, legalmente es solo una comunicación y por eso el estándar de prueba para conseguirlo es relativamente bajo. Hace falta que exista un delito y la posibilidad de que el indagado lo haya cometido para que el juez acepte la formalización. En 2021, informó El Observador, casi el 100% de las solicitudes fiscales eran aceptadas.
A partir de su imputación, la Fiscalía cuenta con un plazo de un año (con opción de prórroga a otro año más) para continuar con la investigación. Luego, debe acusarlo (solicitar una pena que luego se analizará en juicio oral) o pedir su sobreseimiento. Todo ello, descartando la posibilidad de que lleguen a un acuerdo abreviado (aceptación de culpabilidad a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena).
La verdadera batalla de la audiencia de este martes, se dará respecto de las medidas cautelares. La fiscalía de Ghione pedirá la prisión preventiva de Penadés y la defensa del senador abogará por una medida menos restrictiva.
La Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a esperar su juicio en libertad, por lo que el encarcelamiento previo a la condena firme se debe fundar en riesgos procesales. Eso quiere decir, que debe fundamentarse que la libertad el imputado genera un peligro. ¿Para qué? ¿Para quién? Puede ser para las víctimas, para la investigación (entorpecimiento o fuga) o para la sociedad.
En el caso de Penadés, la fiscalía puede argumentar que tiene los medios económicos para fugarse o para entorpecer la investigación. De hecho, puede fundar el último punto en que hubo víctimas que denunciaron ser amedrentadas y una de ellas que incluso desistió de declarar.
Sin embargo, la defensa de Penadés replicará que hace seis meses que la investigación está abierta, con Penadés libre y nada pasó. Si es que pasó –como en el caso de las amenazas– podrán argumentar por qué la fiscalía no solicitó su encarcelamiento antes. Así lo expresó el abogado penalista Andrés Ojeda en entrevista con La Pecera (Azul FM), quien, utilizando esos argumentos dijo que “es un caso de manual de no prisión preventiva”,
Pero más allá de eso, la Fiscalía y las defensas de las víctimas guardan sus cartas para argumentar que el riesgo de que el senador pueda interferir en la investigación y que lo ha hecho. Así, prevén utilizar información que surgió del celular del legislador y de las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Entre ellas, la que divulgó El Observador, en la que allegados a él hablan de su orden de "limpiar" los teléfonos antes de ir a declarar y cómo una funcionaria de la Corte Electoral, Graciela de Vecchio, buscó información en el sistema oficial para el senador.
Por eso último, la Corte Electoral dispuso una investigación administrativa, informó La Diaria.
