Chile acelerará las expulsiones de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular

Ambas decisiones, según los funcionarios de la coalición gobernante de izquierda, tienen como objetivo desarrollar una “política migratoria ordenada, regular y segura”, estrategia que estará a cargo del Ministerio del Interior, organismo que coordinará, además, la implementación inmediata de medidas adicionales.

Según el anuncio, el “Comité Interinstitucional”, que agilizará y materializará las expulsiones administrativas y judiciales pendientes desde el 2013, estará conformado por la Subsecretaría de Interior, la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Registro Civil.

El subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el Congreso ya aprobó el proyecto de ley que permitirá facilitar la etapa de notificación a las personas que serán deportadas, al tiempo que especificó que las notificaciones se materializarán por carta certificada y correo electrónico, lo que acortará los plazos de expulsión.

El funcionario dijo que de esta forma se evitará la notificación en forma presencial, “algo difícil con inmigrantes que están en forma irregular”. Monsalve, además, precisó que el empadronamiento biométrico lo realizará el Servicio Nacional de Migraciones, y que permitirá “que las personas presentes en territorio nacional tengan una identidad, a través de la fotografía y la toma de huellas dactilares”.

Durante el anuncio, el subsecretario argumentó que “la migración está dentro de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas” y que “el presidente Boric se comprometió a llevar adelante una política migratoria ordenada, regular y segura”, y que en el marco de ese mandato el gobierno está cumpliendo su compromiso.

El funcionario dijo que el paquete de medidas apunta a diez objetivos, entre ellos el “control de las fronteras” y el “combate al crimen organizado”. Además, las medidas contribuirán “al desarrollo económico y productivo del país”, a la “reunificación familiar, a “la integración de personas migrantes” y a la “protección de grupos vulnerables”.

“Chile no puede seguir enfrentando el fenómeno migratorio sin un instrumento de largo plazo”, dijo Monsalve, quien agregó que la nueva política se instrumentará “con una mirada de Estado que se haga cargo de manera clara de las situaciones que enfrentamos los últimos años”.

Agregó también que el paquete anunciado estará acompañado de iniciativas legislativas, “las cuales contemplan modificaciones legales” enfocadas en el objetivo de una “migración segura, ordenada y regular”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ponderó la medida y subrayó que “finalmente Chile va a tener una política de migraciones”.

“Lo que estamos haciendo es ponernos al día con una deuda que tenemos, pero también prepararnos para el futuro”, dijo la titular de la cartera.

“Estamos en condiciones y tenemos la obligación de ofrecerles a los chilenos y chilenas una política migratoria que les dé seguridad de que vamos a tener control de quién entre al país, seguridad de cumplir la ley, seguridad de que los chilenos serán protegidos de las personas que son una amenaza”, agregó Tohá.

Las medidas apuntan a controlar, en especial, la situación en la frontera norte con Perú y Bolivia, zona en la que, desde la finalización de la pandemia, se registró una ola migratoria proveniente en su mayoría de Venezuela, pero también de países centroamericanos y caribeño, como Haití, situación a la que el gobierno respondió en prima instancia con la militarización de la frontera.

Observadores locales señalan que la crisis migratoria en el norte determinó que hace unos meses cientos de personas quedaron varadas en la frontera buscando regresar a sus países de origen debido al endurecimiento de las leyes para quienes se encuentren de manera irregular en Chile y las negativas de Perú y Bolivia a dejarlos transitar por sus territorios para regresar a sus países de origen.

Según informó Monsalve, en 2018 había 6.000 extranjeros irregulares en Chile, cifra que ascendió a 56.000 en 2021 y descendió a 53.000 en 2022.

(Con información de agencias)