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Coalición da marcha atrás y avala juicio político al "alcalde de las mil gauchadas"
Los senadores oficialistas que integran la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votarán el próximo miércoles por reconsiderar una decisión previa y habilitarán el inicio de un juicio político contra Alfredo Sánchez, el “alcalde de las mil gauchadas”, preso desde 2021 por varios delitos de corrupción vinculados con su gestión. Lo que se hará es –al igual que se hizo con su hijo, un edil de Colonia también vinculado con el caso– darle diez días para que efectúe sus descargos.
Fuentes nacionalistas expresaron a El Observador que la definición primaria de archivar el asunto generó múltiples comentarios e inquietudes sobre el “mensaje” que se estaría transmitiendo, más allá de que se reafirma plenamente la postura de que, jurídicamente, es imposible que el Senado le pueda entablar ese procedimiento a un alcalde, ya que, a diferencia de otros cargos públicos, no está previsto por la Constitución.
Los blancos a su vez señalan la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley de Descentralización y Participación Ciudadana que, votado en 2014, establece que sobre los municipios será de aplicación el artículo 296 de la Carta Magna y que prevé que intendentes y ediles puedan ser acusados políticamente ante el Senado. Los nacionalistas siguen sosteniendo la postura de que, legalmente, esta disposición no puede extenderse por analogía a los titulares de las alcaldías.
Así, pese a su intención declarada de hacer primar “lo jurídico”, la definición terminará siendo política. Los cinco diputados oficialistas se sumarán al Frente Amplio para permitir el inicio del proceso y que el asunto llegue al plenario del Senado.
En todo caso, manifestaron las fuentes, deberá ser el propio Sánchez el que, eventualmente, presente un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
En Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech señaló a El Observador que en su momento votó el archivo de la causa “en aras de la unidad” de la coalición, pero afirmó que el caso es discutible y se mostró favorable a darle curso al proceso.
El “alcalde de las mil gauchadas” encabezaba el municipio de Florencio Sánchez, en el departamento de Colonia, cuando a fines de setiembre del año pasado fue condenado a tres años de prisión por los delitos de asociación para delinquir en reiteración real, concusión y fraude en relación a conductas relacionadas directamente con su gestión. La pena que le impuso la Justicia va hasta setiembre de 2024 con lo que, una vez liberado, si no es destituido políticamente estará en condiciones de volver a encabezar la alcaldía.
Problemas de origen
El tema abrió un debate más amplio sobre la situación en que quedó la Cámara Alta al mantener una norma que muchos de sus integrantes consideran inconstitucional. “Si el Senado considera que esa ley es inconstitucional debería derogarla”, dijo el diputado cabildante Eduardo Lust. “No puede invocar dicho ‘vicio’ para no aplicarla, en clara violación a la separación de poderes, asumiendo competencias que no tiene y lesionando al agonizante Estado de Derecho”, agregó.
La ley de 2014 es la tercera de las normas relativas a descentralización que fueron votadas en forma sucesiva desde 2008 y que dieron origen a los municipios y sus regulaciones. La ley "madre", impulsada por el gobierno del Frente Amplio, contó con el respaldo de la mayoría del Partido Nacional, que respondía entonces a Jorge Larrañaga. Los blancos se dividieron. El entonces senador Francisco Gallinal había rechazado votarla por “inconstitucional” al entender que se trataba de una ley electoral y que por tanto requería dos tercios de los votos de la cámara para ser aprobada.
Algo similar había sucedido en Diputados. El Partido Independiente negó sus votos e, incluso, tiempo después presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
La corporación rechazó el pedido, al considerar contradictorio que ese partido presentara sus candidatos a alcaldes y concejales tal como prevía la misma ley que estaba cuestionando.
En su argumentación en sala, el diputado Iván Posada señaló que el principal cuestionamiento de su fuerza política pasaba por considerar que volver electivas a las hasta entonces juntas locales requeríauna reforma constitucional.
En esa sesión, el 17 de diciembre de 2008, el que también expresó su rechazo a la aprobación de la ley fue el blanco Rubens Ottonello, que dejó constancia de que su decisión respondía al titular de la banca que en esos momentos estaba ocupando: Luis Lacalle Pou.
