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Crisis del agua: la IM dará $1.000 por mes a sus funcionarios para que compren agua embotellada
La Intendencia de Montevideo (IM) aprobó este viernes –en una resolución firmada por Carolina Cosse y la secretaria general Olga Otegui– entregar una partida especial de $ 1.000 a todos los funcionarios por julio y agosto –es decir, $ 2.000 en total– para que compren agua embotellada ante la crisis hídrica que atraviesa el país.
Según la resolución, la administración de Cosse entiende que "resulta necesario brindar soluciones relativas al abastecimiento de agua embotellada para la totalidad de funcionarios/as y demás personas que, sin importar su vínculo funcional con la Intendencia de Montevideo, prestan tareas en dependencias departamentales".
Además, sostiene que las "dificultades existentes en el mercado para el abastecimiento de las cantidades de agua embotellada requerida, no resulta posible dar cobertura directa a la totalidad del funcionariado y demás personas (pasantes, becarios, beneficiarios de programas de empleo, entre otros) mediante un único sistema de provisión de agua".
De esta manera, para "facilitar" la compra de agua por parte de los funcionarios se "propicia el pago de una partida excepcional" por un monto nominal de $ 1.000 por el término de dos meses.
La Intendencia de Montevideo tiene unos 8.400 funcionarios en régimen de dependencia –según la última Rendición de Cuentas presentada– pero también otros que no entran en esa categoría, como becarios y pasantes.
Para estos últimos la intendencia habilitó, ya que no es posible otorgar directamente el pago de una partida excepcional, implementar un "sistema de entrega de 1 litro de agua potable y de consumo seguro por jornada, teniéndose presente el horario en el cual se desempeñen".
¿Es obligatorio que las empresas entreguen agua?
En Uruguay hay normativa que regula al respecto y que establece que no disponer de agua potable en las instalaciones de trabajo para "uso y consumo" de los trabajadores es una infracción grave. Las sanciones ante el incumplimiento establecidas son multas de entre 50 y 100 jornales por trabajador afectado.
Sin embargo, esto dependerá de si el agua se considera potable o no.
En las últimas semanas el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, fue consultado sobre este tema y aseguró que "en la medida que los niveles de afectación de la calidad del agua" avanzaran, "seguramente" el tema sería motivo de análisis. "Van a ser de las cosas que vamos a tener que chequear en las inspecciones", había dicho el ministro.
Días después –con un deterioro en la calidad del agua dado por mayores niveles de sal y cloruros– el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recomendó a las empresas dar un litro de agua embotellada gratis a los trabajadores que estén contemplados en algunos grupos de riesgo, siempre que fuera en Montevideo y Canelones.
Dentro de esto último se incluyó a las personas que utilizan antihipertensivos y diuréticos, además de aquellos que sufren una enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y cirrosis. También se incluye a las embarazadas.
