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Cuáles son las "oficinas trancadoras" de la inversión en Uruguay, según Ceres
El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo dedicó parte de la presentación realizada el martes a la importancia de que Uruguay multiplique la inversión.
En ese contexto repasó cuáles son los “cuellos de botella” que encuentran los inversores cuando vienen al país. Para poder determinarlo con exactitud Ceres consultó previamente a profesionales que están en contacto permanente con inversores sobre los problemas más repetidos. Y luego realizó un mapeo de todo el Estado para identificar a las “oficinas trancadoras de inversión”, según Munyo.
Ese trabajo encontró “cuellos de botella” en reparticiones como Dirección General Impositiva (DGI), Banco Central (BCU), Dirección Nacional de Migración, Junta de Pertinencia del MSP, Banco de Previsión Social (BPS) y la Universidad de la República (Udelar), entre otros. También se denunciaron problemas en las intendencias, y en personas públicas no estatales como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia) e Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Los entrevistaron manifestaron que enfrentan diariamente problemas como: exceso de pedidos de requisitos, poca digitalización y dificultades en trámites web, exceso de pedidos en inspecciones, lentitud y dificultad de procesos digitales, demoras excesivas en ciertos trámites, demoras en registro de productos, ineficiencia en el ingreso de expedientes, plazos excesivos para habilitaciones, repetición de trámites, y alta descoordinación entre departamentos dentro un mismo organismo y entre organismos, por ejemplo.
“Cuando uno ve esto se da cuenta de las oportunidades perdidas. Duele ver que la inversión podría ser mucho más grande si no tuviera que pasar por esas oficinas trancadoras de inversión. Algunas tienen su razón de ser, pero hay que apretar el acelerador en serio. (…) En vez de abrir puertas, las cerramos”, dijo Munyo.
Por otro lado, Ceres también realizó una comparación sobre qué tan engorroso es cumplir con los requisitos de la administración pública en Uruguay respecto a países de ingreso similar. El resultado fue que la complejidad regulatoria en promedio es mayor en Uruguay (68 puntos vs 61 puntos).
El grupo de comparación está conformado por los países con un PIB per cápita entre US$ 10 mil y US$ 20 mil, comparable al de Uruguay (US$ 15.045). Entre ellos Portugal, Estonia, Baréin, República Checa, Arabia Saudita, Grecia, Lituania, Letonia, Omán, Trinidad y Tobago, Polonia, Hungría, Seychelles, Venezuela, Barbados, Chile, Antigua y Barbuda, Croacia, Panamá, Turquía, Costa Rica, Rusia, Argentina, Kazajistán, Rumania, Malasia y China.
