Cuando el Estado es “socio” de un lavador turco

Es cierto sí, que a través de varios usuarios de las redes sociales, los montevideanos nos enteramos que había alguien por Malvín Norte, manejando una Ferrari. Pero quedó por ahí.

El bochorno del verano, sumado a las fiestas de diciembre, nos tenían a todos distraídos. Cuando una editora del diario propuso en la redacción tratar de averiguar algo de eso, nadie dio mucha bolilla. Pero el tema quedó picando y dos días después sí averiguamos más.

Preguntando, haciendo periodismo, El Observador empezó a publicar algo de información. Además de la Ferrari, el turco había comprado otras propiedades. ¿Las autoridades qué decían? Silencio profundo. No tenían idea. Nadie sabía nada ni estaban investigando a ninguna Ferrari. Recuerdo especialmente la respuesta de una de las autoridades vinculadas al lavado, que decía que era imposible indagar solo porque una persona estaba en una Ferrari.

Aquí un gran problema: si son las redes sociales y el periodismo quienes tienen que sospechar e indagar, y no las autoridades, se vuelve vulnerable el discurso gubernamental sobre cómo avanzó Uruguay en prevención del lavado.

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Un periodista siguió haciendo preguntas y tirando de la piola para conseguir más información. Y lo logró. Luego las noticias desde Uruguay llegaron a Turquía y ahí se unieron los puntos: se trataba de un empresario que había estafado a miles de personas y que acá tenía un cómplice que lo ayudó a lavar dinero, el que ahora fue condenado sin prisión.

Y es ahí donde está el segundo problema que evidencia este caso, en la condena.

El nuevo Código del Proceso Penal implica grandes avances. Uno de ellos es poner a la víctima en el centro. Otro punto es la autonomía que se le da a los fiscales para celebrar acuerdos con los delincuentes, en los que si ellos confiesan se evitan un largo juicio a cambio de una pena reducida. En ese sentido puede verse como muy bueno lo que se consiguió en la causa del lavado turco. El fiscal logró que uno de los victimarios entregara por ahora US$ 5 millones de los US$ 8 millones que lavó, y a cambio tendrá libertad vigilada por cuatro años. Se trata de un delito que si fuese a juicio y allí se comprobara el ilícito, es inexcarcelable.

Si en un caso como este los damnificados recuperaran lo que le robaron, sería una muy buena solución. Pero nada de eso pasó, porque la plata del lavado turco se la quedará el Estado uruguayo.

Por tanto, no hay víctimas satisfechas con ningún acuerdo. Los estafados siguen estafados y el dinero le cae del cielo a Uruguay.

El país ha tenido enormes avances en la lucha contra el lavado. Durante años Uruguay tuvo la chapa de país que daba amplias facilidades para traer dinero sucio y transformarlo en limpio mediante negocios muy pocos transparentes.

Pero los mensajes que indirectamente se pasan con este tipo de casos son: “vení tranquilamente con tu dinero sucio a Uruguay, que en cualquier caso lo más grave que te puede pasar es que se lo quede el Estado”.