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Daniel Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas.

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Daniel Radío: las calles están llenas de fracasos terapéuticos

El secretario de Drogas opinó sobre la internación obligatoria

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12 de junio de 2022 a las 05:00

El próximo jueves la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados dará el primer paso para poner en práctica uno de los proyectos que este gobierno considera fundamentales a nivel social: la “prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle”. Estrictamente, el proyecto refiere a los usuarios de sustancias psicoactivas que mediante un informe médico serían trasladados, aun sin consentimiento, a una institución de salud “siempre que su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación” producto del consumo o de alguna patología psiquiátrica. 

El informe médico deberá fundamentar por qué su “situación de intemperie” podría configurar un riesgo para la salud o la vida, propia o la de terceros. El proyecto prevé la intervención de un segundo profesional, que deberá certificar la necesidad de su hospitalización.

Se trata de un proyecto que presentó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y que plantea modificar una ley de “asistencia obligatoria” aprobada durante el gobierno de José Mujica, que el actual Poder Ejecutivo reglamentó el año pasado. 

Días atrás el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo en el Parlamento que la iniciativa resulta “aceptable” y que se inscribe en una “lógica de reducción de daños” pero que “no resuelve el problema de fondo, sino que gestiona riesgos en una situación en la que los riesgos se potencias y se multiplican”.  

“Parece bastante evidente que el proyecto no apunta a resolver los problemas derivados de la afección mental ni del uso problemático de drogas. El hecho de desintoxicarlo ni lo rehabilita ni consigue su reinserción social”, dijo Radío al comparecer en la comisión para opinar sobre el texto. Por tanto, argumentó, la iniciativa no dará una solución definitiva a las personas en la calle –algo que, por otra parte y tal como admitió el propio Radío– tampoco es un objetivo del proyecto.  “Las calles están llenas de fracasos terapeúticos, de tratamientos ambulatorios y de internaciones voluntarias o encadenados a una cama”, dijo. 

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas apuntó un dato fundamental: en Uruguay no existe ningún centro de tratamiento específico de desintoxicación. En un futuro cercano, dijo, está previsto que el Portal Amarillo tenga un área destinada este fin. “Sería la primera experiencia en la historia”, señaló. Hoy la desintoxicación se hace en los hospitales generales. 

Ante los legisladores, Radío expuso los escasos recursos con los que cuenta. El presupuesto anual de la Secretaría, aseguró, equivale a lo que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) recibe por día.  “Hace unos días un subsecretario me pedía cuentas por $ 3 millones que habíamos recibido para tapar un agujero”, contó. “Es lo que ese ministerio recibe por hora. Es muy raro eso”, cuestionó.  Radío aseguró que la proyección de gastos de la secretaría no está cubierta por la dotación presupuestal asignada, por lo que siempre se termina pidiendo refuerzos que, además, no estarán destinados a innovar. Se trata, dijo, de cubrir actividades que ya vienen proyectadas desde el pasado gobierno.  Su advertencia llegó en momentos en que desde algunas fuerzas del gobierno, como Cabildo Abierto, se reclaman campañas públicas más fuertes contra el uso abusivo de drogas.  

Elegir estar en la calle

En su comparecencia ante el Parlamento, el ministro Martín Lema reivindicó que el proyecto es una iniciativa más en la estrategia integral para atender la problemática de las personas que viven en la calle. Si bien ese fenómeno es mutifactorial, aseguró que el consumo de sustancias “está afectando directamente”.  Lema se preguntó si “alguien en su sano juicio cree que una persona que tiene opciones, que tiene alternativas, elige estar en una situación de intemperie, con frío, lejos de su familia, en soledad, absolutamente marginada en una cantidad de circunstancias”. 

El Mides tendrá a disposición ambulancias y dos policlínicos móviles que estarán en las recorridas. Se contará además con el “refuerzo” del Hospital Británico, que durante la aplicación del Plan Invierno a atenderá a personas que viven en la calle y las que concurren a los paradores nocturnos.  Esta atención será sin costo para el Estado. También sin costo, agregó, será la colaboración de Médica Uruguaya en lo que refiere a la atención psiquiátrica de estas personas.

Por su parte laa Unión Nacional de los Trabajadores del Mides (Untmides) puso reparos a lo que podrían ser los resultados del proyecto. Según la dirigente Paula Guerrero, son pocas las veces que se llega a las emergencias y existe una cama o alguna otra forma de hospitalización para la persona que es trasladada.

Según contó, en el Hospital Vilardebó se limitan a aplicar medicación y hacer retornar a la gente a un refugio. “El Mides no tiene expertise en patologías psiquiátricas ni en el uso problemático de sustancias. El Mides no es la Junta Nacional de Drogas”, indicó. Guerrero apuntó que en el sistema de paradores muchas veces ni siquiera existe un equipo técnico a cargo.

El ministerio justificó el proyecto en función de una encuesta a personas que vivían en la calle en 2020.  Allí el 86% declaró consumir sustancias psicoactivas.  Pero, según Casteluccio, no todo el consumo es problemático y no siempre debe conducir a una hospitalización. 

El sindicato apeló a datos del Mides para señalar que el 49% de los que respondieron a esa encuesta afirmó haber terminado en la calle por una ruptura de vínculos familiares o problemas de convivencia. El 21% declaró que vive así por no contar con ingresos suficientes. Solo el 28% admitió problemas de consumo. “Para atacar las causas de la problemática de situación de calle es necesario abordar, sobre todo, el tema del trabajo y las políticas sólidas de vivienda”, dijo Casteluccio. 

Su colega Carlos Moreira planteó otra dificultad. Según aseguró, hace dos años el Mides tercerizó el servicio de equipo móvil con lo que, además de “quitar garantías y derechos a los trabajadores” perdió capacidad de control de sus propias tareas. 

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