Los senadores de CA se preparaban para celebrar. Pero hubo cambio de planes en la coalición.

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Deudores: división interna en el Partido Nacional tranca proyecto de Cabildo en el Senado y lo califican de “papelón”

El texto de los cabildantes venía con voto unánime desde comisión pero fue frenado a punto de aprobarse por "dudas" en algunos senadores blancos
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09 de noviembre de 2022 a las 05:02

El martes de la semana pasada Guido Manini Ríos celebraba. Ese día la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobaba en forma unánime su proyecto de ley para reestructurar las deudas de las personas físicas. El líder de Cabildo Abierto lo valoraba como "el primer paso para hacer justicia con miles de uruguayos, víctimas de la usura legalizada de los prestamistas". 

Se trata de una iniciativa que había presentado el partido liderado por Manini a fines de 2020, que apunta a beneficiar a una serie de deudores "inculpables de buena fe" que han sido "expoliados" por prestamistas o financieras. Como el proyecto había salido de comisión con el voto de todos los partidos, los cabildantes intuyeron que lo mismo iba a suceder en el plenario. Pero se equivocaron. 

A impulsos del Partido Nacional -el principal socio de Cabildo en la coalición de gobierno- y contra todo pronóstico, el proyecto retornó a la comisión. Y las perspectivas de que sea aprobado parecen remotas. 

El trancazo llegó de boca del senador nacionalista Gustavo Penadés, que en en una dura intervención habló en sala de las "grandes dudas" que genera el proyecto y de sus probables efectos, más allá de la buena voluntad de sus autores. "No lo comparto y no lo voy a votar", dejó en claro. 

"No compartimos la filosofía del proyecto", le dijo Penadés a El Observador, al marcar además que la iniciativa "intervencionista" de Cabildo terminará afectando contratos entre privados y le otorgará un excesivo poder a la Justicia, afectando así derechos individuales. Penadés sostuvo también que la sobrerregulación planteada en el texto derivará en que muchas personas, sin acceso al crédito, deban recurrir al mercado ilegal. "No podemos anunciar las debilidades del proyecto y luego terminar votando", justificó el senador sobre una idea en la que "las dudas son más que las convicciones". 

La novedad generó una profunda molestia en Cabildo Abierto. "Parece que aquí muchos viven en un realismo mágico", protestó el senador Raúl Lozano que, en diálogo con El Observador, dijo que "se puede intuir" que hubo algún pedido especial desde el Poder Ejecutivo. Sobre todo, apuntó, a partir del posicionamiento que varios ámbitos del gobierno que habían adoptado previamente en torno al tema. 

Lozano se refería a las advertencias que, a mediados de año, había efectuado ante la comisión el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat. Allí el jerarca había llamado a los legisladores a ser "muy cuidadosos" con este tipo de iniciativas, que podrían implicar un "cambio en las reglas de juego". Labat argumentó que "en los hechos, es meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente va a llevar a resultados que queremos o deseamos". 

Lozano también se refirió a la  advertencia expresada hace pocas semanas por escrito por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Así se indica que, de aprobarse el proyecto, se irían a "multiplicar exponencialmente" los pedidos de reestructura de deuda, por lo que habría que incrementar en la misma magnitud la dotación de recursos del Área de Defensa del Consumidor, que habría tenido un rol central en la aplicación de la ley. 

"Podemos intuir que hubo algún mensaje", insistió Lozano. Los senadores de Cabildo Abierto y los blancos que integran la comisión se negaron en sala a votar el "entierro de lujo" que, su juicio, representa la vuelta del proyecto a comisión. 

Falta de aviso

La actitud de Penadés también sorprendió en la interna nacionalista y, por lo pronto, dejó en una posición incómoda a sus correligionarios Carlos Camy, Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, que habían votado a favor del proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación.  Al respecto existía un acuerdo político, señalaron a El Observador fuentes de la bancada, en cuanto a que el proyecto iba a ser aprobado este martes y que, más allá de reservas, cualquier modificación debía hacerse en la Cámara de Diputados. 

Por lo bajo, algunos incluso advierten en este cambio de planes un intento de posicionamiento en la interna electoral del Partido Nacional. Varios senadores nacionalistas cuestionaron la "falta de aviso" de Penadés cuando estaba "todo acordado". 

Desde el Herrerismo, en tanto, rechazan la existencia de algún pedido especial del Ejecutivo y argumentan que se trató de un tema "estrictamente parlamentario". En ese sector aseguran que hubo "problemas de comunicación" y que Penadés recién se enteró este lunes -durante la coordinación de las bancadas- de que el texto iba a ser aprobado en el Senado. Todos, sin embargo, coindicen: lo sucedido este martes en el senado constituyó un "papelón". 

Graciela Bianchi fue una de las que había suscrito el acuerdo, había votado el proyecto en comisión y que, en sala, se opuso a su vuelta a Constitución y Legislación. En su exposición, la senadora coincidió con los cabildantes. "Ojalá que me equivoque, pero esto es un entierro de lujo", aseguró. 

La semana pasada la senadora, ante sus colegas, contó que había enviado el texto definitivo del proyecto al MEF y al BCU para saber si existía alguna observación de última hora. "Nadie me contestó", afirmó. 

Fuentes parlamentarias indicaron este martes a El Observador que, luego de la aprobación del proyecto en comisión, Labat se comunicó con varios senadores blancos pidiendo que se frenara su aprobación. 

Otro de los que quería avanzar en la aprobación de ley era Sebastián Da Silva (Espacio 40), que dijo estar "del lado de los uruguayos cautivos en manos de malos empresarios". El senador se cuestionó qué validez puede tener un deuda cuando se le cobra un interés de 130% a una maestra o a una empleada doméstica. "Es una bofetada a la sensibilidad y al sentido común" dijo Da Silva, que le mandó un mensaje a este tipo de prestamistas. "La plata se hace trabajando, no arrancándole la cabeza a la gente", aseguró. 

Muertos sin remedio   

Con los hechos consumados, Manini Ríos hizo sentir en sala su molestia por la actitud de los colegas que rechazaron su proyecto. En particular con los que "con aires de doctor nos explican ahora las maldades de este proyecto de ley" sin haber advertido ni hecho nada ante un problema que no es reciente. "Los usureros seguirán carnereando, y parece que nosotros jugáramos para ellos", protestó. 

"En política manda la realidad", sostuvo. Y esa realidad, indicó, está dada por los datos. Manini apeló allí a la información aportada por el propio BCU en el Parlamento: hay 633 mil uruguayos con deudas consideradas incobrables por el organismo regulador. También a los datos proporcionados por Equifax, la empresa que administra el Clearing de Informes,. que sostuvo que más de un millón de personas mantienen diversos grados de atraso en el pago de sus créditos. 

"¿Cómo pudimos llegar a estos números?", se preguntó el senador. "Nadie hizo nada, y ahora parece que la idea es seguir mirando para el costado". Manini también tuvo duras críticas al Frente Amplio, bajo cuyo gobierno se aprobó la vigente "ley de Usura" que, dijo, permite que existan tasas de interés de hasta un 200% sobre los créditos. Manini, que hace pocas semanas abrió en su sede un servicio de asesoramiento para las personas con sobreendeudamiento, también intuyó el destino de su proyecto de ley. "Miles de uruguayos seguirán muertos civilmente", lamentó. "Muertos sin remedio y que no pueden tener ni una bicicleta a su nombre porque se la embargan". 

Su correligionario Guillermo Domenech sostuvo por su parte que de este martes constituyó una falta de respeto. También coincidió en que la vuelta a comisión será un "entierro de lujo" para el proyecto. 

FA: un proyecto con muchas falencias

El Frente Amplio, que este martes iba a aportar sus votos suponiendo que el proyecto tenía el aval unánime del oficialismo, aprovechó la situación para marcar sus diferencias con el texto. La senadora Liliam Kechichian sostuvo en sala que la iniciativa cabildante podría representar un problema para muchas personas, dado que limita los mecanismos de recuperación de deuda a los que podrían recurrir los acreedores. Así, dijo, se contraería el acceso al crédito en general, incluso para los que  están sobreendeudados. La semana pasada ante la comisión Kechichian había planteado sobre los riesgos del texto a la "seguridad jurídica".

 En diálogo con El Observador su correligionario Charles Carrera consideró que el trancazo representa una oportunidad para modificar un proyecto que tenía "muchas falencias" e impulsar a su vez, una iniciativa que el Frente Amplio había presentado hace algunas semanas.  En particular, dijo, para regular las "prácticas abusivas" en las que muchas veces incurren los acreedores. También en bajar los plazos en los que se pueden capitalizar los intereses moratorios y en el establecimiento de un proceso de conciliación previa en torno a la deuda, similar al que existe en instancias laborales. 

Alejandro Sánchez, por su parte, sostuvo que, más allá de los cuestionamientos al proyecto, el sistema político no puede seguir mirando para el costado y dejar que el problema del sobreendeudamiento siga creciendo. "Hay gente que está sacando créditos hasta en la caja de un supermercado", advirtió. Esa situación, apuntó refleja una necesidad real de ingreso de buena parte de los uruguayos. "Terminan tomando un crédito con un interés mucho más caro. Ese es el infierno que hay que resolver", dijo. Sánchez también apuntó a la responsabilidad de los bancos, que ofrecen créditos para personas de bajos ingresos. "Si hay algo que no quieren los bancos, es que entren los pobres", dijo. 

Los vivos seguirán currando

En líneas general el proyecto de Cabildo Abierto planteaba un procedimiento conciliatorio administrativo en Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en donde el deudor deberá estar dentro de los seis meses de haber incurrido en mora en el pago de la obligación. Dentro de los 45 días restantes de haberse presentado ante el MEF, se llamará a una audiencia para conciliar al deudor con los acreedores. Los posibles acuerdos deberán reservar un ingreso mínimo para el deudor, que en ninguna circunstancia podrá ser inferior al 60% de sus ingresos.

En caso de que no haya acuerdo, el tema pasará a los juzgados de primera instancia con competencia en lo civil. Allí un juez analizará la situación del deudor y presentará una propuesta de pago a los acreedores, “tomando en consideración muy especialmente la responsabilidad del acreedor en el otorgamiento del crédito”. 

El compromiso ahora es que el proyecto pase a ser analizado por dos comisiones integradas: Constitución y Legislación y Hacienda. También que la eventual nueva versión, que contemple las salvedades expresadas este martes, sea aprobada por el Senado antes del 30 de diciembre. Algo en lo todos coinciden es que cumplir ese plazo será prácticamente imposible. 

La cámara alta está abocada ahora a discutir el proyecto de reforma jubilatoria, e ingresó en las últimas horas a analizar la denuncia política contra el frenteamplista Carrera. El nacionalista Da Silva adelantó que este proyecto no podrá ser aprobado este año. "Mientras tanto, algunos vivos seguirán currando con la ingenuidad y la necesidad de muchos uruguayos", lamentó. 

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