DGI incumple la ley que la obliga a designar cargos por concurso: solo 20% de los encargados contratados legalmente

En momentos en que el foco de la opinión pública está puesto en la exigencia de transparencia en la designación de cargos en el Estado, el sindicato de la Dirección General Impositiva (DGI) denunció que el organismo incumple con la ley que lo obliga a designar a los encargados de área por concurso. De los 209 encargados que existen en el organismo solo 45 (21%) fueron designados por oposición y méritos. El resto son designaciones directas catalogadas como interinas que a juicio del sindicato son "discrecionales".

La ley de Presupuesto 2010 estableció que los cargos de jefatura de la DGI se designen por concurso de oposición y méritos entre los funcionarios del organismo. Hasta entonces, esos cargos eran desginados directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Siete años después, la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) denunció en el Parlamento que esa ley no se cumplía, y en la Rendición de Cuentas de 2017 se incluyó un artículo -votado por unanimidad por legisladores de todos los partidos- que modificaba en el de la ley de 2010 y establecía la obligatoriedad del concurso.

El artículo 9 de la ley 19.535 establece que "las funciones de Encargados de Departamento y de Sección de la Dirección General Impositiva deberán ser provistos mediante concursos de oposición y méritos entre los funcionarios pertenecientes a dicho Organismo". La ley exceptúa a los encargados de las Asesorías, departamento Apoyo Técnico Administrativo y Sección Apoyo Administrativo del Departamento Apoyo Técnico - Administrativo de la Dirección General, el Auditor Interno, adjuntos a los directores de División y el subdirector General de Rentas, por ser cargos de confianza política.

Al enterarse la semana pasada de que se habían realizado nuevos nombramientos que se salteaban el concurso, la AFI le pidió a las autoridades que anularan las designaciones. "Nos dijeron que van a seguir nombrando y nos propusieron en setiembre hacer los concursos. Cuando le dijimos que íbamos a salir con esto nos ofrecieron adelantar los concursos a junio", dijo a El Observador Adeimar González, presidente del sindicato.

El director general de la DGI, Joaquín Serra, explicó que desde que se aprobó el cambio se realizaron tres rondas de concursos. "Hubo una reestructura que creó una división nueva, hubo concursos que quedaron desiertos, hubo renuncias, ceses y jubilaciones", dijo Serra al ser consultado sobre por qué tan pocos cargos han sido designados mediante el mecanismo establecido en la ley.

Según explicó Serra, en la DGI existen 48 encargados de Departamento y 161 encargados de Sección. Los 48 puestos para encargados de Departamento fueron concursados y existen 29 que están designados mediante este mecanismo pero todavía quedan 16 que son interinos. Pero en los encargados de Sección los números son más llamativos. Solo hay 16 designados por concurso. En ese rubro hay cargos que nunca fueron concursados.

"Los concursos generan un proceso interno que es muy costoso y se hace en paralelo con los ascensos. Todo eso lo hace el Departamento de Recursos Humanos", explicó el jerarca. Agregó que en junio de este año se abrirá una nueva ronda de llamados para las secciones de Auditoría Fiscal y Gestión Tributaria que, dijo, representan la mitad de las encargaturas del organismo.

La reglamentación establece que los cargos por concurso tendrán evaluaciones anuales que pueden derivar en el cese de las personas. El presidente del sindicato cuestionó que no haya "evaluación de conocimientos". "Entendemos que la subjetividad es muy grande porque los criterios de evaluación permiten discrecionalidad. Nosotros pedimos objetividad total en el proceso", dijo González.

Entre las designaciones de la semana pasada estuvo la de cuatro encargados en el área de Planificación. A uno de ellos se le tuvo en cuenta el resultado de un concurso anterior y por lo tanto el sindicato entiende que en ese caso se cumplió con la normativa, lo que no ocurrió con el resto.

"Le pedimos que no nombren a nadie más y nos dicen que los tiene que nombrar igual. Si estuvieron 7 años y medio sin aplicar la ley pueden esperar unos meses más y proveer los cargos por concurso", dijo González.

"Esperamos que la señal que dio el Presidente de la República la semana pasada cesando a su consuegro sirva como ejemplo y DGI revea la decisión", agregó.

El sindicato señala también que en las encargaturas son salarios de $180.000 para arriba y eso implica aumentos de $80.000 o $100.000 para los funcionarios que ascienden. "Desconocemos cuál es el vínculo de los funcionarios que ascienden con las autoridades, pero van más allá de las capacidades técnicas, se miden las afinidades", dijo el presidente de AFI.

Según cálculos del gremio en esos cargos implican un costo de 280 millones de pesos (US$ 9,8 millones) . "Desde DGI nos responden que son fondos presupuestados pero se están asignando a personal de forma discrecional. Son fondos públicos y está en discusión cómo se asignan", dijo.

En respuesta, Serra afirmó que más allá de los retrasos en designar a los funcionarios por concurso, "lo que importa es la voluntad". "Creemos que los encargados tienen que ser por concurso pero entendemos que la DGI tiene el deber de nombrarlos ahora", agregó.

Con el cargo de director de comunicación sucedió un hecho particular. Según explicó el sindicato, la ley aprobada en 2010 lo nombraba como un cargo de confianza pero la ley de Presupuesto de 2017 lo definió como concursable. Por lo tanto el cargo que ocupa Peter Coates, quien fue director de Comunicación de la IMM en la administración de Mariano Arana, que fue designado como cargo de confianza deberá ser sometido a concurso. l