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Díaz ordenará que fiscales no otorguen libertad vigilada en algunas zonas

El fiscal de Corte también dijo que está "absolutamente" en desacuerdo con el presidente Vázquez y Bonomi, que apuntan al CPP como la causa de la suba de los delitos

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14 de marzo de 2019 a las 09:46

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunció que planea dictar una instrucción general para ordenar a los fiscales que no otorguen el beneficio de la libertad vigilada a los delincuentes que vivan en zonas donde la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) no tenga recursos como para vigilar que los imputados cumplen con las medidas alternativas a la prisión. O "donde el Ministerio del Interior no está dando cumplimiento a la ley",  agregó el jerarca. Algunos de esos lugares, adelantó, son Salto y Artigas, donde la OSLA no tiene oficina y depende de un oficial de policía.

En entrevista con el semanario Búsqueda, Díaz defendió el nuevo Código del Proceso Penal, que ha recibido críticas tanto del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como del presidente, Tabaré Vázquez, quienes varias veces han adjudicado al nuevo sistema penal –basados en informes de expertos internacionales– la principal responsabilidad en el aumento de los delitos. Vázquez y Bonomi llaman al fenómeno "efecto noviembre", ya que entienden que el alza de los crímenes –55,8% en el caso de las rapiñas y 66,4% de los homicidios entre el primer semestre de 2017 e igual período de 2018– comenzó a percibirse a partir de noviembre de 2017, mes en el que comenzó a funcionar el nuevo código.

Díaz dijo que está "absolutamente" en contra de esa excusa.  "Asociar la suba de homicidios al CPP no es una explicación, porque en el año 2011 subieron de 190 a 260. Además, el argumento de que las personas en el nuevo CPP quedan en libertad durante el juicio y por eso siguen cometiendo delitos no es aplicable al caso de las rapiñas ni homicidios. Porque en los homicidios se impone prisión preventiva, y en las rapiñas en casi todos los casos también. O sea que no explica los delitos más graves", respondió el fiscal de Corte.

Este miércoles, el director de de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la cartera de seguridad, Gustavo Leal –que además asesora a Bonomi–, dijo que creía necesario limitar el alcance de los procesos abreviados, un tipo de acuerdo que el sistema penal actual permite que pacten fiscales con delincuentes: los primeros ofrecen penas más benevolentes a los segundos, a cambio de que los imputados asuman la responsabilidad en el delito por el que se los acusa y de ese modo el caso se resuelve en una sola audiencia, y se ahorra en tiempo y recursos a la Fiscalía.

El límite que establece la ley para que se hagan estos tratos es que la pena mínima del delito sea de seis años, algo que para Leal es excesivo, así como la aplicación que hacen los fiscales en los procesos abreviados de la libertad vigilada como parte de los beneficios que conceden a los delincuentes.

Según pudo saber El Observador, este tema será planteado el próximo mes, cuando se vuelvan a reunir la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación para evaluar el funcionamiento del nuevo CPP. Hasta el momento, las conversaciones van en línea de modificar la normativa para hacer más restrictivo el acceso a este beneficio, algo en lo que también coinciden los actores políticos –oficialistas y de la oposición–, quienes se mostraron a favor de introducir modificaciones a la ley.

Sin embargo, Díaz advirtió sobre algunas consecuencias negativas que podrían traer tales cambios. "Reformar el abreviado traería el colapso del sistema. En los sistemas acusatorios maduros de los países anglosajones y europeos, los casos que van al juicio oral no llegan al 10%. Tampoco en Estados Unidos o en Colombia, donde rondan el 8%", aseguró el jerarca, quien criticó varias veces que se responsabilice a los fiscales por aplicar la libertad vigilada, ya que es un estatuto legal que incluso impulsó el Ministerio del Interior.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak, por ejemplo, propuso días atrás que, entre las modificaciones, se incluya que no se puedan realizar procesos abreviados con imputados que hayan cometido rapiñas. "Pretender que no puedan salir por proceso abreviado las rapiñas tiende a la eclosión del sistema", respondió Díaz a esa propuesta, para quien, además, un cambio en esa dirección solo traería impunidad.

"Según los últimos datos que tenemos, implicaría unos 2.000 juicios por año, solo de rapiñas. Con eso ya estaríamos en el entorno de 15% de los casos con juicio oral. La Fiscalía no tiene recursos humanos para hacerlo, y la Defensoría aun menos. Es absolutamente imposible llevar a juicio todo eso. Además, llevaría a la impunidad. Porque implicaría que todas las rapiñas donde las víctimas y los testigos no quieren ir a juicio, o no vamos a juicio o vamos y lo perdemos, porque no tenemos pruebas. Salgamos del país de las maravillas. La gente no quiere ir a declarar a un juicio", concluyó.

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