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Diferencias en la coalición y planteos de cambios retrasarán ingreso de ley de urgencia al Parlamento

Argimón dijo que "va a llevar tiempo" redactar el proyecto final para "ser cuidadosos" con los aportes recibidos
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24 de febrero de 2020 a las 09:44

El objetivo del presidente electo Luis Lacalle Pou era que la ley de urgente consideración ingrese al Parlamento el lunes 2 de marzo, al día siguiente de su asunción. Sin embargo, la negociación adentro del bloque del futuro gobierno, así como los insumos recibidos por otros actores sociales y políticos retrasarán el texto final.  

La vicepresidenta electa Beatriz Argimón afirmó que ese retraso en la redacción del proyecto de ley de urgente se dará debido a la "cantidad de aportes" recibidos.

"No solo (recibimos) aportes de partidos, sino de sindicatos, agremaciones y ciudadanos que nos acercaron propuestas", dijo en rueda de prensa este domingo durante el traslado del monumento a Manuel Oribe en la avenida 18 de Julio.

Pese a la intención expresada por Lacalle tiempo atrás de enviarla el 2 de marzo, Argimón dijo que "va a  llevar su tiempo", y ya está trabajando junto al futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, sobre los aportes recibidos.

"Vamos a ser muy cuidadosos con lo que se transmitió y envió. Va a llevar su tiempo pero el presidente electo quiere que a la brevedad el texto definitivo esté pronto", sostuvo. 

El viernes, Ferrés recibió los últimos aportes que realizó el Partido Colorado, que se sumaron a los que propusieron Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

En esta última semana de la transición, Argimón y Ferrés se dedicarán a negociar con los cinco socios la redacción final del proyecto que marcará el inicio de la administración de Lacalle Pou y que es la piedra inicial de las transformaciones que pretende impulsar.

Hablarán por teléfono, tendrán reuniones y dialogarán con todos los integrantes de la coalición para que los cambios satisfagan a la mayoría. 

Tras el encuentro del viernes, el senador del Partido Colorado Adrián Peña confirmó en rueda de prensa que junto a Cabildo Abierto habían pedido quitar el artículo que prevé la desmonopolización de los combustibles. Los liderados por Guido Manini Ríos lo rechazan, mientras que los colorados pretenden discutirlo por fuera para analizar las ventajas y desventajas de lo que supondría el cambio.

Peña también se refirió a los cambios en las propuestas de educación. Uno de los temas que abordó en la reunión con Argimón fue la modificación de la redacción del artículo 120 del borrador, con la que los colorados quieren garantizar la autonomía de la Administración Nacional de Educación Publica (ANEP) frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Sin embargo, Peña aseguró que "en ningún caso" los colorados pretenden dejar a la educación al margen de la ley de urgente consideración. Esta es una de las principales diferencias con Cabido Abierto, que se comprometió a evaluar el pedido de los sindicatos, que quieren impedir que los cambios en torno a esta área temática sean resueltos por esta vía, que dispone un plazo de 90 días para su consideración y aprobación. 

El legislador además dijo que en la propuesta de los colorados hay pocas incorporaciones y que más bien se enfocaron en sugerir modificaciones al articulado. Con ellas pretenden "redondear un poco mejor" las ideas vertidas en el anteproyecto. 

Este lunes, en entrevista con Primera Mañana de radio El Espectador, agregó que también se incluyeron cambios a la inclusión financiera en cuanto al cobro de salarios. "Se ha hablado mucho que el más débil de la relación es el trabajador y puede verse perjudicado en la decisión" de eliminar la obligatoriedad del pago a través de medios electrónicos y que sea acordado entre el empleador y el trabajador, como fue propuesto en el anteproyecto.

Para evitarlo, los colorados proponen que el sistema actual se mantenga y la excepción sea si el trabajador quiere cobrar en efectivo. "Sería por la sola voluntad del trabajador", puntualizó.

En tanto, Manini Ríos también propuso modificaciones en seguridad, salud y vivienda. Entre las propuestas está quitar el artículo 313, que refiere al Instituto Nacional de Colonización y en caso de aprobarse tal cual está en el borrador permitía que los colonos propietarios no estén radicados en el campo. 

También propuso crear una cárcel de máxima seguridad, una iniciativa que estaba en su programa de gobierno. Sobre este tema, Manini Ríos y Domenech hablaron con Julio María Sanguinetti y Peña el pasado jueves, y los colorados se comprometieron a apoyarlo -aunque no están de acuerdo- porque forma parte del Compromiso por el país.

Por su parte, el Partido Independiente liderado por Pablo Mieres rechaza los contenidos que no están en el documento Compromiso por el país porque entienden que este acuerdo firmado en noviembre es el sustento de la coalición y que los temas que no están allí requieren nuevos consensos.

"No es para la foto"

En relación a las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky de que la negociación de los 34 cargos para el Frente Amplio fue “desprolija (y) se hizo rápido para tener la foto final",  Argimón dijo que “no se trata de fotos finales" sino de "asumir lo que para nosotros es el mandato de la gente, poder iniciar nuestra propuesta de gobierno lo antes posible”.

El viernes, luego de una oferta inicial de 33 puestos, que causó malestar en la izquierda por la ausencia de lugares considerados clave y una menor representación en la Corte Electoral, las conversaciones entre ambas partes avanzaron hasta sellar un acuerdo por un total de 34 puestos.

El futuro gobierno aceptó ceder en la negociación con el FA tanto en cantidad como en calidad de los cargos. 

En relación a la oferta original, el FA gana un ministro más en la Corte Electoral. Además canjeó dos puestos para conseguir representación en Antel y el Instituto Nacional de Colonización (INC), a costa de lugares en Unasev y la comisión mixta de puentes internacionales con Brasil.

Argimón sostuvo que se está avanzando en ultimar detalles respecto a los nombres que van a acompañar a los ministros y a las empresas públicas.

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