La Justicia y el Banco Central comenzaron a discutir la confección de un protocolo de actuación que evite nuevas desprolijidades en la obtención de información bancaria, como las registradas durante el allanamiento del Royal Bank of Canada (RBC) en Zonamerica. La intención es “perfeccionar” las actuaciones para otorgar mayores garantías a los involucrados.
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo ayer a la prensa que están “en diálogo” con los juzgados de crimen organizado y los fiscales a efectos de “protocolizar” un modelo para responder a los pedidos de acceso a información financiera local provenientes de organismos judiciales del exterior del país.
El jerarca dijo que se trabajará “rápidamente” para que “en las próximas semanas” se pueda tener el tema “bien avanzado”. La encargada de participar en el proceso dería la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU oficiando como “auxiliar” de la Justicia.
La medida constituye una cierta autocrítica, aunque no de forma explícita, ante el procedimiento encabezado por el juzgado de Crimen Organizado que dirige la jueza Adriana de los Santos, que dio cumplimiento a un exhorto proveniente del juez federal argentino Norberto Oyarbide mediante el allanamiento policial de la oficina del RBC en Zonamerica y de dos casas de cambio situadas en el World Trade Center a fines de junio. En esa oportunidad, no se hizo presente en el procedimiento ningún representante del juzgado, y en su lugar concurrió el fiscal del caso Juan Gómez.
Como agravante, el fiscal llegó 15 minutos después del ingreso de la policía al RBC, en un operativo que fue además calificado de “violento” y “desproporcionado”. La semana pasada el banco canadiense anunció su intención de cerrar su oficina en el país y trasladar sus operaciones a Europa y Norteamérica producto de ese procedimiento.
Bergara dijo ayer que “está claro” que se está en medio de un “proceso de aprendizaje y de adecuación en materia conceptual, normativa y cultural” sobre las acciones de la Justicia vinculadas al secreto bancario y a las actividades de lavado de activos, por lo que que se deben “perfeccionar” los procedimientos. “En ese sentido, creo que este ha sido un proceso del cual hay que tomar lecciones, todos lo estamos haciendo”, añadió en referencia al allanamiento del RBC.
El mecanismo se utilizará para reponder a solicitudes de diverso origen. “En casos se solicitudes de información de distinta naturaleza, que pueden ser a partir de acuerdos con el exterior, cuando se solicite información puntual sobre datos de personas en concreto, generar un procedimiento en que no solamente de las garantías como estas actuaciones dieron, sino que también se perciban con más claridad”, argumentó.
De aquí el interés de “protocolizar” el procedimiento para “definir conjuntamente la participación” de la autoridad monetaria en el proceso, porque “sí aprendimos de esto que el sistema percibe como un elemento adicional de garantía, de seguridad, la presencia del Banco Central”, remarcó.
Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larriuex dijo que la corporación defiende la independencia técnica de los jueces y en ese sentido entienden que no pueden decirle a los magistrados lo que tienen que hacer. No obstante, admitió que están en conversaciones con el Banco Central para la conformación de una comisión integrada por jueces y fiscales para conversar sobre algunos lineamientos.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a El Observador que si le piden participación en una comisión la Fiscalía de Corte participará, pero teniendo en cuenta que se trata de una actuación judicial tiene que partir del Poder Judicial.
Díaz explicó que hay distintos grados de cooperación internacional en los que la Justicia colabora: el primero es actos de mero trámite, un nivel más profundo, es el diligenciamiento de pruebas como tomar declaraciones a testigos o indagados y un tercer grado tiene que ver con allanamientos. Pero admitió que no están establecidos límites en un allanamiento, y admitió que un protocolo podría aclarar algunos aspectos.
Informe sobre irregularidades en allanamiento
Con respecto a la actuación de la jueza Adriana de los Santos en el caso del RBC, la Suprema Corte de Justicia espera que la magistrada responda a una ampliación a un pedido de informes que se le hizo para investigar si hubo desvíos o irregularidades en el proceso de incautación del material del RBC. En los próximos días terminarán de analizar el material a cargo del juzgado. Fuentes del caso informaron a El Observador que antes de enviar la información a Argentina se dará vista a las empresas. En los últimos días fueron devueltas además 27 de las 45 computadoras incautadas, los libros sociales y parte de los celulares y tabletas del personal.
