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Echar o no echar a un alumno que no paga la cuota del colegio: el debate que encendió la propuesta de ANEP
En medio del año lectivo —y salvo que haya acuerdo entre las partes— un colegio privado no puede expulsar a un estudiante por el solo hecho de que sus padres tengan deudas con la institución. Ni siquiera pueden negarle el pase a otro centro de enseñanza. Así se lee en el borrador de la nueva ordenanza que regula a los colegios habilitados y autorizados. Y la propuesta de la ANEP, recién a estudio, ya encendió el debate.
¿Por qué se incorpora este artículo en la nueva redacción de una norma que tiene 30 años? Las autoridades de la educación “no pretenden meterse en la economía ni las relaciones comerciales de los colegios”, aclaró un integrante del consejo que prefirió el anonimato hasta que se expida el organismo, pero “sí se busca proteger la trayectoria educativa de los estudiantes y el derecho a la educación como ya está consagrado en la Constitución”. Incluso está establecido en la ley de Educación y “la mayoría” de instituciones lo respetan en la práctica, aunque no sea parte de un reglamento concreto.
Algunas inspecciones liceales y escolares habían recibido denuncias de padres que quisieron cambiar a sus hijos de institución, porque no podían hacer frente a las cuotas, y los directores les habían negado el pase justificando que mantenían deudas. Ese escollo es parte de lo que quiere solucionar el nuevo texto a estudio.
Al respecto, el exdirectivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Óscar Ventura, dijo: “¡Qué cosa tan terrible debe ser para un padre o una madre encontrarse en la situación de que a su hijo lo puedan expulsar del colegio a mitad de curso porque se quedaron sin trabajo, por ejemplo, y transitoriamente no pueden pagar!”.
Pero, ¿cuál es el límite de ese “derecho a la educación” del estudiante?
Pablo Cayota, director del colegio Santa Elena y quien fue representante de los privados en el Ineed, cuestionó: “Cuando un elefante se mete en el bazar… una cosa es acompañar a las familias en situaciones de dificultad, cosa que se hace y mucho. Otra es proclamar a cuatro vientos el derecho al no pago por un servicio que tiene obligaciones con sus trabajadores. Proclamemos lo mismo para UTE, OSE, transporte, salud…”.
En esa misma línea, la usuaria de Twitter María Guilar complementó: “¿Será el Estado quien cubra al colegio? ¿Sería una ampliación del seguro de desempleo? ¿Los independientes otra vez mirando de afuera? La regulación tiene un costo.
Y Ventura le respondió: “Creo que sí, que en esas circunstancias y con los debidos recaudos para que no sea un abuso o una estrategia de una parte o la otra, el Estado debería solventar hasta el fin de curso, similarmente al seguro de desempleo".
El debate de base no quedó allí. Algunos lectores, tras la publicación de El Observador, argumentaban que “para algo están las instituciones públicas”, en el sentido de que se podía acudir a ellas ante la “expulsión” de un colegio por deudas. Pero los pedagogos, a su vez, explicaban que eso iría contra el espíritu de preservar la trayectoria educativa del estudiante. Un consejero comentó: “No se cambia a un niño o adolescente de colegio como quien va al supermercado y cambia un refresco por otro”.
Incluso el exdirector nacional de Educación, Juan Pedro Mir, fue un paso más. Celebró que “se impida interrumpir la escolaridad de un estudiante por problemas económicos de la familia”. Pero, agregó, “faltaría extender la obligatoriedad de las instituciones privadas a la inclusión de todos los alumnos e impedir su desvinculación forzosa”. Lo dijo en referencia a colegios que a veces no admiten en sus clases a niños con déficit atencional, o con autismo, o…. (de eso va su tesis de Maestría).
El debate recién empieza.
