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El Congreso panameño aprobó una moratoria indefinida que prohíbe nuevas concesiones mineras
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este jueves en una segunda sesión una moratoria indefinida que prohíbe nuevas concesiones mineras, pero a la vez descartó derogar el polémico contrato con una minera canadiense para extraer cobre en una zona boscosa que ha levantado protestas masivas en todo el país.
El Pleno legislativo, que fue convocado para dar el aval final al proyecto de ley con el que el gobierno intentaba apaciguar el malestar popular, resolvió devolver la propuesta a segundo debate con modificaciones. Entre ellas, sacar la cláusula que directamente pedía derogar el contrato con Minera Panamá, una subsidiaria de la canadiense Fisrt Quantum Minerals, y que había sido introducida por la comisión que recibió en primera instancia la iniciativa legislativa.
En una corta sesión, los diputados aprobaron el proyecto de ley sobre la moratoria minera indefinida una vez retirada la mención a la derogatoria por 59 votos a favor y dos en contra. Queda ahora pendiente la discusión en tercer debate, en el que no se pueden hacer modificaciones y luego la sanción del presidente panameño, Laurentino Cortizo.
La decisión del Legislativo de echar de retroceder con la derogación del contrato se da en medio de advertencias de juristas que subrayaban que ello podría generarle demandas multimillonarias al Estado. Y planteaban que la mejor vía para rescindir el contrato es dejar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre su inconstitucionalidad.
La Asamblea fue convocada en sesiones extraordinarias y ahora debe esperar a que el presidente Cortizo convoque a una nueva jornada de debate extraordinario para dar el aval final de la moratoria, debido a que el Legislativo está en tiempo de receso.
En paralelo, hay un proyecto de ley del ejecutivo para convocar a una consulta popular en la que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre si de deroga el contrato minero, que ya fue aprobado por la Asamblea y refrendado por el mandatario.
Ambos proyectos, el de moratoria minera y el de la consulta popular, fueron propuestos por el presidente Cortizo en un intento de frenar las manifestaciones, que comenzaron el 20 de octubre cuando el mandatario sancionó y promulgó aceleradamente el contrato, pese al rechazo popular.
Ese acuerdo, hecho ley, le dio derecho a la subsidiaria de First Quantum Minerals para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable a 20 más.
(Con información de agencias)
