Nacional > Comisión de apoyo
El "copia y pega" de todas las Rendiciones de Cuentas: $ 300 millones para que ASSE pague juicios
Más allá de que cada proyecto tenga su foco, sus énfasis y prioridades, todas las Rendiciones de Cuentas mantienen una constante. Hay artículos que solo cambian de número pero cuya redacción se repite año a año, al punto de volverse clásicos. Uno de ellos es la tradicional previsión presupuestal para que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pueda pagar las sentencias laborales en su contra.
Se trata de una situación que se produce desde hace casi 30 años, cuando se originaron las "comisiones de apoyo" por las que esa entidad incorporó –y mantiene hasta hoy– a funcionarios que no revisten la calidad de empleados públicos y que se deben regir por el derecho privado. Esos trabajadores, en la mayoría de los casos, terminan haciendo –y ganando– juicios por antigüedad, presentismo y nocturnidad, en reclamo de los mismos beneficios que se otorgan a sus compañeros que realizan la misma tarea y en el mismo lugar pero que, jurídicamente, están en la esfera pública.
Este año, la disposición en cuestión aparece en el artículo 355. Allí se otorga un total de $ 300 millones para el pago, entre 2023 y 2024, de sentencias de condena o eventuales transacciones que se celebren derivadas de juicios laborales contra la administración. La partida es destinada a la Comisión de Apoyo y al Patronato del Psicópata, las dos entidades que habitualmente canalizan este tipo de contrataciones.
Es casi un "copia y pega" de lo que ASSE presentó en la Rendición de Cuentas del año pasado y en todas las anteriores, según apuntó en el Parlamento Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).
Consultado por El Observador, el dirigente sostuvo que la partida dispuesta siempre termina siendo escasa, por lo que ASSE debe solicitar nuevos rubros para el mismo fin. En promedio, aclaró, termina pagando unos $ 500 millones en este tipo de juicios laborales.
Este año la FFSP volvió al Parlamento con un viejo reclamo: que la administración regularice a los trabajadores que están por comisión de apoyo, les pague lo que corresponda y así se evite los habituales juicios millonarios en su contra. "El monto que se paga por año es mucho mayor a lo que se presupuesta en cada Rendición de Cuentas. Entendemos que ese dinero se podría utilizar dentro de ASSE para otro fin", dijo Pereira.
Los números de la federación señalan que por la vía de comisiones de apoyo o del patronato la administración se ahorra 12% en aportes patronales, una cifra mucho menor de lo que podría economizar si presupuestara a todos estos trabajadores y les pagara lo que corresponde en tiempo y forma.
Además de la ausencia de una solución definitiva, Pereira cuestionó otra vieja práctica de ASSE: llamar a fin de año a los trabajadores demandantes y ofrecerles un arreglo. Se los llama, dijo, un 20 o un 23 diciembre y si tienen para cobrar $ 150 mil les ofrecen $ 50 mil. "En definitiva el trabajador termina agarrando eso, porque en esa época del año no tiene un mango y son fechas especiales", reprochó.
Según el sindicalista, el Ministerio de Salud Pública (MSP) iba a enviar un artículo presupuestando a estos trabajadores pero fue retirado a raíz de la "situación pública" en la que apareció un "listado de nombres" de cargos políticos que iban a ser presupuestados. Se refería así a un "estudio explotatorio" destinado a incorporar a la administración a 96 funcionarios de esa cartera, incluyendo cargos de particular confianza y militantes de Cabildo Abierto. La "oferta" fue realizada por el ministerio a través de un correo electrónico, difundido a principios de junio por el semanario Búsqueda y cuyo contenido fue confirmado después por el subsecretario, José Luis Satdjian.
Pereira dijo a El Observador que hoy en ASSE se desempeñan 2.543 trabajadores en régimen de comisión de apoyo. De la misma forma lo hacen otros 1.848 cargos contratados a través del Fondo Covid, que hasta marzo eran renovados cada tres meses y que hoy lo hacen mensualmente.
Las comisiones de apoyo que funcionan en la órbita de la salud estatal fueron uno de los asuntos en los que indagó, sin resolución, la comisión investigadora parlamentaria sobre ASSE que funcionó en la pasada legislatura. Allí se había hablado de los "consecuentes incumplimientos de derechos laborales" que terminaban en juicios millonarios en perjuicio del Estado. En 2014, se señalaba, la administración había recibido demandas laborales por casi $ 664 millones, más otros $ 526 millones por reclamos ante el Ministerio de Trabajo.
