Hay controversia política por la medida de aislar a los barrios carenciados. Y quedaron al descubierto las falencias logísticas para gestionar la ayuda en el explosivo conurbano bonaerense
Mientras miran con cierta envidia las noticias que llegan desde Uruguay, los porteños empiezan a hacerse a la idea de que la cuarentena en su modalidad estricta se extenderá por lo menos hasta agosto.
Y si bien hay polémica en las redes y hasta algunas protestas de comerciantes y vecinos, lo cierto es que desde el punto de vista de la política sanitaria no hay mucha discusión en el sentido de que no hay otra alternativa.
A fin de cuentas, cuando se presentó el plan de flexibilización del confinamiento en varias fases –con provincias que ya pasaron a la “fase 4” con apertura de comercios y libre circulación de personas– se explicó que el criterio para determinar cada etapa era la tasa de aceleración de contagios.
En ese momento, en la ciudad de Buenos Aires y en su conurbano, se constataba que la cantidad de infectados se duplicaba aproximadamente cada 10 días. Y se estableció que cuando ese lapso se estirara hasta 15 días, recién ahí se flexibilizaría el aislamiento.
Pero lo que ocurrió fue que la curva de contagio no sólo no se aplanó sino que empezó a tomar velocidad. En dos semanas, la cantidad diaria de nuevos casos se multiplicó por cinco.
En términos más técnicos, se hace el seguimiento de un indicador estadístico que los analistas llaman R0, que representa qué ocurriría si una persona infectada entra en contacto con la ciudadanía.
EMILIANO LASALVIA / AFP
Hoy ese número en Buenos Aires se mueve entre 1.3 y 1.4, informó Fernán Quirós, el ministro de salud porteño. Y lo comparó con las situaciones de otros países: Alemania levantó su cuarentena con un R0 de 0,6; Italia, con 0,9 y España con 0,8. Son fases en donde si bien continúan los positivos y las muertes causadas por el virus, los científicos concluyen que se ingresó en una etapa regresiva.
Y la experiencia indica que entre el momento de la aceleración de contagios hasta que la curva hace un punto de inflexión y vuelve a la base, pasan entre seis y 10 semanas.
De manera que, lejos de estar pensando en la flexibilización, hubo una marcha atrás.
Ahora los porteños y los habitantes del conurbano tienen normas más estrictas para movilizarse y los permisos para salir con automóvil deben renovarse cada 48 horas, con gravosas multas para quien incumpla.
Con un conteo que marca 14.700 contagiados y 510 fallecidos, ahora la atención del país se centra en los asentamientos precarios conocidos como “villas miseria”.
En esos barrios carenciados hay condiciones de hacinamiento y los servicios sanitarios son deficitarios, todo lo cual favorece la propagación del virus. De manera que estos barrios se han transformado en los grandes focos para la pandemia.
Como siempre pasa en Argentina, el tema se politizó, porque donde primero se dieron los focos fue en las villas de la ciudad, especialmente en la conocida como “Villa 31”, ubicada detrás de la terminal de ómnibus de Retiro. Allí se concentran más de 30.000 personas, y si bien el barrio está en proceso de urbanización, todavía hay problemas con el suministro de agua.
Esto llevó a que el peronismo se ensañara con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien hicieron responsable por el fallecimiento de activistas sociales de ese barrio.
Hubo tensiones entre el intendente porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que amenazó con establecer medidas de separación entre ambos distritos vecinos. Pero no pasaron muchos días hasta que Kicillof tuvo el problema en su propio territorio: se detectó un gran foco de contagios en una villa miseria del partido de Quilmes, zona sur del conurbano.
AFP
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente argentino Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Se trata de la Villa Azul, donde viven unas 5.000 personas, y que es vecina de Villa Itatí, tres veces más grande y con serios problemas de infraestructura sanitaria.
Un censo reveló que apenas la cuarta parte de los hogares cuenta con cloacas y que sólo uno de cada 20 está conectado a la red de gas. El 60% de las viviendas tiene una calidad constructiva insuficiente. Y muchas de las casillas reciben agua a través de una extensa de red de mangueras que van armando entre los propios vecinos.
En Villa Azul, con más de 200 casos detectados, Kicillof adoptó la medida drástica de cerrar y aislar la zona. Se generó una inmediata controversia, dado que hubo críticas de quienes vieron violaciones a la constitución y hasta sesgos de discriminación. Tanto que el gobernador tuvo que aclarar que si la situación se diera en un country o barrio cerrado de clase alta, tomaría la misma decisión de aislar la zona.
Pero la polémica no quedó en el debate filosófico. Hubo, sobre todo, una alarma por cómo quedó al descubierto una falencia en la logística de la ayuda.
Para empezar, porque según denunciaron las organizaciones barriales, se hizo el aislamiento sin garantizar el suministro de alimentos y medicamentos. De manera que los pobladores se sintieron “sitiados” y realizaron protestas contra la presencia del cordón policial.
Luego llegó la ayuda alimentaria mediante el reparto de cajas para cada familia, pero eso no disminuyó el malestar, porque los vecinos alegaban que se trataba de cantidades insuficientes para una zona de alta densidad de población.
Pero además hubo quejas respecto de cómo se realiza la prevención sanitaria. Kicillof anunció que habría testeos masivos para detectar los contagios, pero los vecinos lo desmintieron. Afirman que lo que hacen los funcionarios es una encuesta en la cual le preguntan a la gente si tuvo síntomas, y en caso de que eso no haya ocurrido, no se hacen testeos.
La consecuencia de esto, dijeron los vecinos, es que la gente mintió que se sentía afiebrada, porque era la única manera de que se les hiciera las muestras para el coronavirus.
Lo cierto es que Villa Azul se transformó en el centro de la atención política, porque se lo considera el caso testigo a partir del cual determinar qué tan preparada está la provincia para cuando se produzca el pico de contagios.
La situación hizo reflotar de inmediato la tensión entre los gobiernos municipales y las organizaciones sociales –conocidas como “los piqueteros”-, que no sólo han denunciado ineptitud en la gestión de la emergencia sino también corrupción en las compras de alimentos e insumos médicos.
Lo cierto es que, a medida que la enfermedad avanza en los barrios carenciados, donde más afectó el desempleo producto de la cuarentena, se percibe un mayor riesgo de desborde social en el conurbano, el tradicional terreno de los saqueos y protestas violentas. Algo que pone a prueba la capacidad de respuesta del peronismo en su principal territorio de apoyo político