El dinero de los otros

América Latina alberga algunos de los peores males imaginables: pobreza, desigualdad, ignorancia, experimentalismo económico y político, paternalismo, caudillismo, autoritarismo, narcotráfico. Y también corrupción, una tacha que sin embargo parece hoy a la defensiva, gracias a una menor tolerancia social, más información y al valor de algunos jueces.

El caso Odebrecht, la gigantesca constructora brasileña que se expandió mediante sobornos, hace temblar a personas e instituciones de tres continentes. Pagó bajo cuerda por 100 proyectos en más de una docena de países, de México a Angola. La última gran víctima del caso Odebrecht ha sido el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien había asumido en 2016 en medio de grandes expectativas debido a su perfil de tecnócrata exitoso. De hecho, casi todos los presidentes de Perú del último cuarto de siglo están en la cárcel o tienen procesos abiertos.

En Brasil el huracán Odebrecht barre con buena parte de la clase política y empresarial, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría terminar en la cárcel, donde ya están muchos ex jerarcas de gobierno y de empresas públicas.

Uruguay tampoco está a salvo, aunque tenga una baja autopercepción de sus corruptelas y una elevada autoindulgencia.

En 2015 una fiscal estadounidense tiró de una cuerda suelta y dejó al descubierto la mugre que escondía la dirección del fútbol mundial, incluyendo al uruguayo Eugenio Figueredo.

En febrero de este año Andrés "Betingo" Sanguinetti, exdirigente de Peñarol y medio hermano del expresidente Julio Sanguinetti, que trabajaba para la banca de Andorra fue procesado en ese Estado por haber participado, como agente, en el "lavado" de sobornos de Odebrecht.

En setiembre de 2017 renunció el vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendic, por su responsabilidad en la desastrosa conducción de ANCAP, la mayor empresa pública uruguaya, y por el manejo displicente de una tarjeta de crédito corporativa. Este lunes un fiscal pidió su procesamiento sin prisión por abuso de funciones y peculado, junto a otros directores.

Aún está en marcha el interminable proceso de Pluna, la quebrada aerolínea "de bandera", en la que el Estado uruguayo malgastó enormes sumas desde 1940. No se ha hablado en este caso de enriquecimiento personal de gobernantes, pero sí de manejos y simulaciones que podrían haber tenido consecuencias nefastas. Entre ellas: la venta de patrimonio estatal a una aerolínea fantasmagórica, sin permisos de vuelo e insolvente; un refuerzo del cuasi monopolio de Buquebus en el transporte de pasajeros a través del Río de la Plata; y un endeudamiento mucho mayor, por interpósita persona –y casi seguro incobrable–, del empresario Juan Carlos López Mena con el Banco República.

Y el jueves el abogado Pablo García Pintos, quien integró el Directorio del Banco República entre 1995 y 2005, se explayó en radio Sarandí sobre la liberalidad con la que usó la tarjeta corporativa, incluso para pagar su cuota al Partido Nacional. Entonces el banco oficial estaba técnicamente en quiebra, igual que el Hipotecario y otros privados. Si sobrevivieron, fue gracias a exacciones a toda la población. Él es hijo de Salvador García Pintos, un prestigioso médico que fue diputado de la Unión Cívica entre 1943 y 1956. Y él mismo fue secretario de la Presidencia entre 1990 y 1995, durante el gobierno de Luis A. Lacalle. Cumplió un papel importante en algunos de los principales asuntos de esa época, que narró en un libro de memorias: Faltan 60 meses.

Las empresas públicas están obligadas a ser eficientes y servir al desarrollo nacional; no para mayor lanzadera política de sus directores o para hacer "obra social". Para eso hay otros organismos especializados. Pero los monopolios y las complicidades políticas los vuelven impunes y apañan toda suerte de becas, abusos e ineficiencias, que se cubren con tarifas ridículamente altas.

Las denuncias de irregularidades están siendo utilizadas en una guerra de posiciones, partido contra partido. Pueden ayudar a limpiar el sistema y a fortalecerlo. Pero si el circuito al fin no cierra bien, y no distingue claramente entre justos y pecadores, puede vaciarse de sentido y credibilidad. Muchas veces fiscales y jueces dan la impresión de no estar a la altura.

Las franquicias de los gobernantes, desde la "ley de autos baratos" de 1954 hasta los retiros privilegiados y los créditos a tasas negativas, fueron una de las causas de la caída del sistema democrático uruguayo en 1973. Se está aún lejos de todo aquello, pero no hay que olvidarlo jamás. Los golpistas necesitan excusas y unas convicciones ciudadanas debilitadas por el hartazgo.