El gobierno de Chile analiza construir una cárcel especial para presos de pueblos originarios

En declaraciones a la prensa local, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, admitió que el Ejecutivo encabezado por el presidente Gabriel Boric está "evaluando la posibilidad", afirmación que siguió a la realizada por la vocera del mandatario, Camila Vallejo, quien sostuvo que "se trata de una propuesta transversal que hay que estudiar".

Según consignó el diario La Tercera, en el gabinete de Boric habría coincidencia en que "es necesario adaptar nuestro sistema penitenciario al Convenio 169 de la OIT, que establece normas específicas para el cumplimiento de la prisión en el caso de pueblos indígenas".

Gajardo reconoció que el país está "en el debe en lo referente a las personas que han sido condenadas por delitos de cualquier índole y que forman parte de los distintos pueblos indígenas". El funcionario, además, recordó que en durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera "se comenzó a abordar” la posibilidad y que se dictó una resolución que atiende algunas cuestiones sobre la materia en base a la "pertenencia cultural y religiosa" de los detenidos.

Según los analistas, en virtud de la norma ya dictada, el Ejecutivo solo debería promulgar un decreto supremo para crear un nuevo penal. Sin embargo, el subsecretario aclaró que están realizando una serie de pasos previos, como establecer puentes de diálogo con las bancadas oficialistas y opositoras, como así también con organizaciones de derechos humanos.

"Pedimos ver en qué lugar se debiera emplazar, cuánto costaría y cuánto se demoraría. Con aquello vamos a revisar el tema, hablar con los parlamentarios para ver bajo qué modalidad lo podríamos hacer", añadió Gajardo con relación a la iniciativa, que cobró fuerza luego de la reunión que mantuvieron el diputado socialista Leonardo Soto y sus pares Lorena Pizarro del Partido Comunista y Gonzalo Winter de Convergencia Social con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el propio funcionario sobre los beneficios carcelarios concedidos a comuneros mapuches.

"¿Por qué no avanzar en habilitar una cárcel sólo para personas de origen mapuche?", propuso entonces Soto luego del encuentro concretado principios de setiembre. Ahora, el legislador agregó que "se necesita un cambio estructural, y me alegro que el gobierno lo esté considerando”. Según explicó Soto, “no implicaría un trato especial ni una discriminación, pues sólo se hace cargo y acoge lo que establece el Convenio 169 de la OIT".

Miguel Mellado, diputado del derechista partido Renovación Nacional planteó también ese mismo mes a las autoridades de Justicia que se debería pedir al ministerio de Bienes Nacionales que ceda un terreno en las afueras de alguna ciudad de la región de La Araucanía, para instalar allí una cárcel de alta seguridad exclusiva para imputados por delitos vinculados a la denominada violencia rural.

Mellado estimó que hasta "podrían tener allí su rewe (altar ceremonial utilizado por los mapuches), lo que quieran, pero lo importante es que esto esté fuera del radio urbano". Por su parte, Vallejo dejó en claro que no se trata de un plan del Ejecutivo, sino que "hay varios parlamentarios que han levantado esta propuesta de manera transversal, no solo un sector político".