El gobierno de Guatemala desconoce los resultados de un referéndum anti minero

En la consulta realizada el pasado domingo, de las 8.503 personas que acudieron a las urnas, 7.481 (87.98%) votaron en contra de la mina, mientras que 904 (10.63%) apoyaron el sí a las operaciones.

A pesar de que la comisión organizadora defiende que la consulta “es vinculante para el Concejo (municipal) e indicativa para el gobierno central de la República de Guatemala”, a través de un comunicado de prensa, el ministerio de Energía y Minería señaló que la consulta comunitaria no cuenta con su aval y que “se encuentra imposibilitado para reconocer la validez de los resultados del proceso, al considerar que el tema minero es exclusivo del gobierno central y que la consulta se realizó pese a una orden judicial que lo impedía”.

En el comunicado, el organismo considera que “la consulta carece de fundamento legal ya que el estatus actual de la mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, es un derecho minero vigente y tiene una licencia otorgada desde septiembre del 2007 para explotación subterránea de oro y plata y la cual está cumpliendo”

La explicación oficial aclara que el proyecto busca cambiar el método de minado pasando de subterráneo a cielo abierto, y aunque aún no está autorizado, la empresa está efectuando los trámites respectivos ante el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Esa postura demuestra que el Ejecutivo "se ensaña contra el sector civil, estamos en una dictadura, en un autoritarismo, en un socavamiento de la frágil democracia que tiene este país", afirmó a la AFP el sacerdote católico Víctor Flores, un férreo crítico de ese proyecto.

Los detractores temen que las operaciones de la mina contaminarán los cuerpos de agua compartidos por ambos países, como la laguna de Güija y el río Lempa, la principal fuente hídrica que abastece a San Salvador, la capital salvadoreña y cuyos afluentes sirven para la agricultura y ganadería de miles de campesinos.

Para el religioso Flores, la tesis del gobierno para desconocer el resultado es el mismo que maneja la minera y por ello pide que "se respete la soberana decisión" del pueblo.

De lo contrario, "podríamos entrar en una situación de consecuencias imprevisibles, estos autoritarismos del poder económico y político no se tientan el alma para reprimir al pueblo", advirtió.

"Si el gobierno sabe que la gente no quiere la minería, ¿por qué el interés de imponer una política minera? Entonces, está gobernando en contra de la voluntad del pueblo y eso no es permitido en una democracia", dijo, a su vez, Julio González, del Colectivo Madre Selva.

El activista comentó que los daños de la minería "son irremediables y no hay forma de mitigarlos".

Asimismo, estimó que la población está en desacuerdo con estas prácticas "ante graves amenazas de contaminación de agua, impactos a la salud, al medio ambiente y a los ecosistemas".

En tanto, el gerente de la mancomunidad trinacional Río Lempa de El Salvador, Héctor Aguirre, indicó a la agencia AFP que el gobierno de Guatemala "no puede pasar por encima de la voluntad de todo el pueblo que ya se manifestó y dijo no a la minería".

Además, adelantó que como mancomunidad impulsará "varias actividades públicas ante el gobierno de Guatemala" para que se respete el resultado de la consulta.