El máximo tribunal panameño declaró inconstitucional el contrato de concesión con la minera canadiense

Fue la presidenta del alto tribunal, María Eugenia López, quien anunció el fallo al cabo de cuatro días de deliberaciones. Dijo que "hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406" del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM). 

Tras el anuncio del fallo, que se dictó el mismo día de la independencia panameña de España, se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.

La ambientalista Rais Banfield quien estaba con un megáfono gritando consignas junto a los manifestantes, dijo que "más que una victoria de la institucionalidad es una victoria de la democracia del pueblo".

Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas han provocado pérdidas por más de US$ 1.700 millones en los sectores agropecuario, turístico y comercial, según el gremio empresarial.

El contrato con la minera había sido rubricado en agosto por el gobierno y la compañia canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.

FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por US$ 375 millones, diez veces más que el acuerdo inicial.

La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por US$ 900 millones anuales.

Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la ambientalista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.

Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de la concesión para explorar y explotar minas de metal. A su vez dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato de FQM y el gobierno. 

La empresa, que ha invertido en Panamá más de US$10.000 millones, notificó al gobierno su "intención" de "presentar demandas arbitrales", al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, en vigor desde 2013.

Algunos expertos creen el gobierno tiene más fácil defender su postura tras el fallo de la corte, ya podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.

"Claro que uno tiene más fortaleza con un fallo", afirmó a la AFP el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó uno de los recursos de inconstitucionalidad.

Felipe Chapman, socio director de la firma de asesoría económica Indesa, le dijo a la AFP que "es un escenario complejo, pero que tiene salidas y soluciones". 

(Con información de AFP)