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El MSP asume el “riesgo” y prepara flexibilización en la frontera con Argentina
En Uruguay, las autoridades sanitarias y los especialistas dan como un hecho el ingreso de la variante ómicron en los próximos días. “Lo natural sería que ingrese”, había puntualizado la semana pasada el ministro Daniel Salinas, llamando a la población “naturalizar” el arribo de nuevas variantes y a prepararse a través de la vacunación.
Pese al aumento de casos de los últimos días, los “excelentes guarismos vacunales” que registra el país, sumado al hecho de la conducta de la población, que siguió “al pie de la letra” las recomendaciones, ha consolidado lo que el Ministerio de Salud Pública define como una “meseta baja”.
Así lo aseguró en el Parlamento el director general del ministerio, Miguel Asqueta. “Estamos en una situación estable, con un muy bajo porcentaje de personas ingresadas en los centros de tratamiento intensivo y de cuidados moderados, con un muy bajo porcentaje de letalidad”, expresó.
Asqueta y una delegación del ministerio concurrieron días atrás a la Comisión Especial sobre la Frontera con Argentina de la Cámara de Diputados, creada específicamente para analizar la situación de los ciudadanos que viven en esa zona. Sobre todo, a la hora de considerar los protocolos vigentes para el cruce a ambos lados de la frontera, los costos asociados y el riesgo de permitir una mayor flexibilización en los ingresos desde el país vecino.
Al respecto, el director general dijo avizorar un “buen horizonte” en Argentina, en donde “han mejorado notablemente” los niveles de vacunación, con porcentajes de personas con dos dosis cada vez más elevados.
“En toda Argentina, pero sobre todo en las zonas fronterizas con nosotros, hay un estatus epidemiológico que es auspicioso”, aseguró.
Las cifras del MSP indica que, en la provincia de Entre Ríos, el 63% de la población cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19. El 81% tiene solo una. Y unas 60.000 personas cuentan con la tercera dosis de refuerzo. “Argentina va camino a tener una vacunación más exitosa de lo que prometía ser al principio”, indicó. “Eso nos da margen para tomar algunas medidas más flexibles”.
Ese escenario, sostuvo, permitirá que en los próximos días se procesen algunos cambios para favorecer a las poblaciones “binacionales”, que residen en las ciudades conectadas con otro lado a través de puentes sobre el río Uruguay:Salto, Fray Bentos y Paysandú.
Al respecto el ministro Salinas mantuvo este miércoles una reunión en la Cancillería argentina con el cometido de armonizar todo lo relacionado con la normativa en las fronteras: entre otros aspectos, la validez y realización de tests y los criterios de homologación para la circulación de personas.
Esta semana el ministerio anunció la eliminación de la obligación de un segundo test PCR para los viajeros con el esquema completo de vacunación a los siete días de su ingreso a Uruguay. Una medida que Rafael Radi, el excoordinador de Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), consideró "algo arrojada".
A principios de este mes en un encuentro en Buenos Aires el canciller Francisco Bustillo había acordado con su similar argentino, Santiago Cafiero, impulsar la “normalización” del tránsito en los pasos fronterizos compartidos.
Asqueta se negó a utilizar el término “flexibilización”, para que se interprete como un “afloje”. Será, dijo, fruto de una evaluación con evidencia científica, para que los ciudadanos que acrediten residir en forma permanente en esa zona, que por razones laborales, familiares o humanitarias deban trasladarse permanentemente de un lado a otro puedan hacerlo.
“La idea es ayudar de alguna manera a esos reencuentros”, apuntó la directora de Coordinación del ministerio, Karina Rando.
Ante los legisladores, la jerarca reconoció que se están asumiendo riesgos con la medida. “Acá no estamos hablando de que flexibilizamos y nos quedamos con la bola de cristal de lo que va a pasar o no”, dijo. “Todas las medidas de menor control de ingreso implican de alguna manera un riesgo que asume el país”.
Rando justificó la asunción de esos riesgos. “Hay que intentar una normalización de la vida cotidiana de las personas”, sostuvo.
Por el momento, la medida que se anunciará se limitará al tránsito fronterizo con Argentina y a las personas que tengan un verdadero vínculo con Uruguay. No se evalúa extenderla a cualquier persona que viva en Concordia, Colón o Puerto Unzué.
Casi 2.000 protocolos
Asqueta remarcó que todas las medidas que ha venido implementado el gobierno se han tomado en base a “sólidos argumentos científicos”, del conocimiento acabado de la situación internacional y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
La Dirección General del Ministerio tuvo a su cargo el estudio, el diseño y la aprobación de entre 1.500 y 2.000 protocolos que se aplicaron a todo tipo de actividades que se aplicaron desde la declaración de emergencia sanitaria, el 13 de marzo de 2020.
Para algunas en particular, apuntó Asqueta, se recibieron 100 versiones distintas.
Tests gratuitos
Entre el 24 de diciembre y el 15 de enero unos 284 ciudadanos uruguayos y argentinos, integrantes del Grupo Puente, podrán realizarse tests por PCR gratuitos para certificar que no padecen covid-19 a la hora de cruzar a un lado u otro de la frontera a través de las ciudades de Salto y Concordia para visitar a sus familiares por las fiestas.
Así se lo anunció el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, al intendente salteño, Andrés Lima. La medida beneficiará a los integrantes del grupo, que desde hace varios meses vienen reclamando una flexibilización de los protocolos, sobre todo en relación al costo que les significaba hacerse una prueba cada vez que deseaban cruzar el río Uruguay.
Los detalles fueron confirmados a El Observador por el intendente Lima, que dijo haber iniciado acciones para que la medida pueda extenderse más allá de la fecha prevista.
La intendencia le dará a ASSE la nómina de los beneficiarios, que será derivada a los hospitales locales, que estarán a cargo de la realización de estas pruebas gratuitas, cuyo costo aproximado es de US$ 100. Salto se suma así a Río y Negro y Paysandú, que días atrás anunciaron la implementación de disposiciones similares.
