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El MSP hizo denuncia penal contra Casa de Galicia por presuntas irregularidades
El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una denuncia penal contra la mutualista Casa de Galicia, “a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades (...) y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”, señaló este jueves en un comunicado.
El 26 de octubre de 2021 y a sugerencia del MSP, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención administrativa de la institución, “dada la grave situación económica de la institución, y ante su inminente impacto sobre el área asistencial”, expone.
Según las cifras del MPS, Casa de Galicia adeuda el 78% de los préstamos anteriores que había solicitado. El último es un fideicomiso por US$ 20 millones aprobado por el gobierno anterior y que comenzó a ser ejecutado en enero de 2020.
La intervención, iniciada un día después, supuso la realización de un diagnóstico de la situación económica financiera y asistencial, por parte de la cartera. El MSP afirma que decidió garantizar el “normal funcionamiento, asegurando los derechos de los usuarios, sin adoptar medidas que afectaran el vínculo laboral de los trabajadores de la salud”.
Sin embargo, y tal como publicó El Observador el pasado 24 de noviembre, un fallo judicial determinó que Casa de Galicia fuera a concurso de acreedores, lo que obligó a la cartera a terminar su intervención y hacer una transición con los nuevos gestores en un lapso de 30 días que ya rigen.
La Liga de Defensa Comercial será la encargada de llevar adelante la gestión de la institución mientras dure el concurso de acreedores. La gremial se dedica a brindar información comercial, asesorar en temas jurídicos y representar a empresas en concursos.
El ministro Daniel Salinas pidió ser recibido en el Parlamento, por lo que irá el 14 de diciembre próximo para explicar la gestión, en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.
En el comunicado de este jueves, indica: “A criterio del Ministerio de Salud Pública, con una adecuada coordinación, la intervención administrativa no era incompatible con el régimen concursal”. Añadió que continuará “con sus funciones de regulador y fiscalizador, manteniendo como principal objetivo asegurar el derecho de los afiliados de Casa de Galicia, y colaborando desde su rol de autoridad sanitaria con el Poder Judicial y la Sindicatura”.
